"El desamparo más absoluto": tristeza e indignación tras el nuevo auto de libertad provisional de La Manada

El riesgo de fuga es "endeble" y los cinco miembros de La Manada seguirán en libertad. Esa es la decisión que ha tomado este jueves la Audiencia de Navarra, con un fallo cuya repercusión va mucho más allá de lo judicial.

No por esperado, el auto ha dejado de causar indignación. Instituciones, asociaciones feministas, políticos de distinto signo y hasta varios miembros del Gobierno han expresado su rabia por una decisión que deja a las mujeres en el "desamparo más absoluto".

José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento a una joven en los Sanfermines de 2016, quedaron en libertad el 22 de junio de 2018 tras abonar cada uno una fianza de 6.000 euros y así continuarán al desestimarse la prisión provisional solicitada por la fiscalía y las acusaciones.

Una sala dividida

En esta ocasión, al igual que ha sucedido en diversos momentos del proceso, también ha habido un voto discrepante, en concreto el del presidente de la Sección Segunda, José Francisco Cobo, quien estima que los condenados deben ingresar en prisión debido a la gravedad de la pena impuesta.

Para este magistrado, resulta procedente la prisión provisional por el riesgo de fuga, debido a la existencia de dos sentencias condenatorias (la de la Sección Segunda y la del TSJN), en las que se ha impuesto una pena "suficientemente grave".

En su argumentación incide en que los aspectos apuntados de estabilidad domiciliaria de los procesados o su integración en su contexto familiar y convivencial extenso no permiten "conjurar eficazmente el riesgo" de que se sustraigan a la acción de la justicia, como tampoco el haber cumplido las obligaciones impuestas.

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No comparten esa postura los otros dos magistrados quienes consideran que "no se han aportado razones suficientes para modificar la situación personal de los encausados", según el auto, en el que concluyen que el argumento de riesgo de fuga aparece "bastante endeble".

"Desamparo más absoluto"

El abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, ha considerado "desafortunado" el auto de la Audiencia de Navarra y ha anunciado que será recurrido. El Gobierno Foral ha manifestado su "absoluta discrepancia" con la resolución y ha avanzado que en los recursos de súplica solicitará la revocación de esa decisión y el inmediato reingreso en prisión.

También recurrirá el Ayuntamiento de Pamplona, según ha anunciado el alcalde, Joseba Asiron, que ha mostrado su desacuerdo con la decisión de los jueces y ha reiterado que lo que se produjo fue "una agresión sexual en fondo y forma".

La esperanza de que algo cambie con esos recursos es pequeña, puesto que tendrían que ser valorados por la misma sala, y eso convierte la situación en todavía más "lamentable", para las asociaciones de mujeres.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha considerado que el auto de este jueves "viene a ratificar la plena vigencia" en España "de la cultura de la violación" que "justifica el comportamiento de los agresores sexuales y culpabiliza al final a las víctimas".

Ana María Pérez del Campo, una pionera de la lucha feminista en España y presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas ha asegurado que la decisión judicial de este jueves supone "el desamparo más absoluto de las víctimas". Ha cargado también contra el estamento judicial, pues ha asegurado que "existe una parte de la judicatura que no cree a las mujeres".

"El miedo tiene que cambiar de bando", ha reclamado Iurre Calixto, del Movimiento Lunes Lilas, tras lamentar la desprotección de las mujeres. "No puede ser que estén en la calle celebrando Año Nuevo y Reyes y el miedo lo tenga que tener la víctima", ha afirmado.

"Persisten los motivos que hace meses había para continuar con la prisión provisional y que además se han visto reforzados", ha explicado por su parte Ángeles Jaime, de la asociación Mujeres Juristas Themis.

Malestar y "tristeza" en el Gobierno

La medida judicial sobre La Manada tampoco ha caído bien en el Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado que los cinco condenados vayan a seguir en libertad y ha asegurado que la situación "no es comprensible".

Montero ha dicho que esta noticia se suma a la "tristeza" por el asesinato de una mujer en Laredo y ha asegurado que el Gobierno está comprometido con un cambio en la legislación para que no exista "interpretación posible" antes casos de agresión como el de La Manada.

"Creo que no es comprensible para los ciudadanos se estén produciendo este tipo de situaciones", ha considerado Montero, quien ha indicado que el cambio legislativo es para que "no se ponga en cuestión" cuando una mujer niega su consentimiento y no dependa de una interpretación por parte de los jueces o los tribunales.

También desde el ámbito institucional, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha escrito en Twitter que acata pero no respeta la decisión.

Una sentencia firme cuanto antes

La consejera de Justicia e Interior en funciones, Rosa Aguilar, ha afirmado, que "lo importante es que cuanto antes el Tribunal Supremo dicte sentencia". Pero no parece que esta vaya a llegar pronto.

El abogado de la víctima de La Manada ha sido claro sobre sus expectativas: "Tenemos que tener paciencia".

"Nos tienen que dar traslado a las partes del plazo para presentar el recurso de casación, luego las partes impugnaremos el recurso de la parte contraria" y, finalmente, "el asunto llegará al Supremo" que decidirá en un plazo que, en su opinión, podría extenderse a lo largo de dos años.