De las crisis y el PSOE

Son muchas las crisis que asolan a España, y conviene diferenciarlas para evitar confusiones y buscarles remedio. La crisis económica es tan evidente, y tanto hemos hablado ya de ella, que no merece la pena detenerse un segundo más en analizarla, sin que ello suponga ignorar su profundidad y las gravísimas consecuencias que tiene para el presente y futuro de nuestro modelo productivo, cuya renovación, basada en una apuesta clara por el I+D+i, urge acometer.

De la crisis financiera, tan vinculada a la anterior, es mucho también lo que se ha dicho, pero a causa de su carácter esencialmente especulativo no resulta fácil hacer predicciones. Sea como fuere, parece que su evolución, a la postre, irá de la mano del desarrollo que experimente nuestra economía. Los especuladores suelen dejar tranquilos a los países económicamente sólidos.

La crisis laboral y del empleo es, sin duda, la más sangrante, no solo porque la protagonicen seis millones de personas que se encuentran desempleadas, muchas de ellas desde hace años y sin expectativa de cambiar de estado, sino también porque las condiciones laborales de los que sí trabajan se han visto muy mermadas, a causa de las medidas laborales y (anti)sindicales aprobadas en los últimos años. El relativo equilibrio entre empleador y empleado, que tanto tiempo y esfuerzo costó construir, de la noche a la mañana se ha roto, dejando al trabajador en una posición precaria. Situación que, por cierto, tampoco favorece al empresario o empleador, por mucho que la ceguera del cortoplacismo nos impida ver el horizonte. Y es que la valiosa paz social tiene mucho que ver con el equilibrio de las relaciones laborales.

La crisis de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia, servicios sociales), así como la de las pensiones, van paulatinamente avanzando, sin que esté a la vista un dique de contención que frene su deterioro. No obstante, queda la esperanza de una ciudadanía consciente de lo que se juega, y que ha dejado perfectamente clara su posición contraria a ese desmantelamiento del estado del bienestar, obligando incluso al Gobierno Nacional (y a alguno autonómico) a recular respecto de la adopción de algunas medidas especialmente regresivas.

La crisis institucional, menos aireada, es seguramente una de las más graves, pues afecta a todos los niveles y, en consecuencia, corroe los cimientos de nuestro sistema democrático. Va, en efecto, desde la Jefatura del Estado, salpicada, al menos en sus aledaños, de escándalos mayúsculos relacionados con la corrupción, hasta los Ayuntamientos, víctimas propiciatorias de un sistema financiero seguramente no muy justo con ellos, pero también, o, sobre todo, de la voracidad insaciable de algunos de sus ediles y concejales, que ha echado por tierra el gran trabajo que la mayoría desarrolla, además, en muchos casos, de gratis total.

Crisis institucional que pasa, por supuesto y por desgracia, por un Parlamento desprestigiado, incapaz de cumplir una de sus principales funciones, la del control, más o menos efectivo, del Gobierno Nacional; un Gobierno que, por cierto, instalado cómodamente en su mayoría absoluta, hace y deshace, a veces, sin ton ni son, ignorando a sus necesarios interlocutores (políticos, sindicales, sociales), y, lo que es peor, ocultándose tras una pantalla de plasma, reflejo perfecto de un liderazgo que renuncia a ejercer. ¿Cómo, si no, se puede entender el atronador silencio del Gobierno sobre la llamada cuestión catalana? Un Gobierno responsable debe de liderar los procesos, sobre todo cuando son tan trascendentales como este, dado que está en juego la unidad del Estado y, lo que puede ser mucho más grave, la armónica convivencia de todos los ciudadanos. Dejar que todo se emponzoñe, que cunda el desánimo o la desorientación, es lo peor que puede hacer un Gobierno, del que se espera que vele por el interés general.

Pero la crisis institucional también ha llegado al terreno de los grandes árbitros, aquellos cuya autoridad, si se cuestiona, deja al ciudadano desamparado, con la sensación de que nada queda a lo que asirse, salvo a la propia supervivencia. Que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se encuentren también en la picota resulta, efectivamente, muy preocupante. Más aún cuando lo que se empieza a cuestionar de ambos no es su mayor o menor efectividad, celeridad o destreza en la resolución de los asuntos que les llegan, sino lo que constituye la esencia misma de su razón de ser: su independencia. El triste espectáculo que nuestros parlamentarios, partidos políticos mediante, ofrecen cada vez que se ha de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (que, aun no siendo, en sentido estricto, Poder Judicial, desempeña, sin embargo, en relación con el mismo una función fundamental) o del Tribunal Constitucional debe de acabar ya, de una vez y para siempre. Cualquier sospecha de politización de alguno de estos órganos constitucionales es letal para el desempeño de sus trascendentales funciones.

De la mano de esa crisis institucional nos llega, era inevitable, la crisis política o democrática a la que peligrosamente nos estamos acostumbrando. La desconfianza de los ciudadanos hacia la llamada clase política y, como efecto reflejo, hacia el propio sistema democrático, al que ven incapaz de dar respuesta adecuada a sus necesidades y preocupaciones, se está instalando cada vez con mayor fuerza entre amplias capas sociales. El "no nos representan", coreado por quienes protagonizaron el mayor movimiento de protesta social habido en nuestro país en los últimos lustros, el 15-M, de una u otra forma ha calado hasta los mismos huesos el pensamiento político de una parte muy importante de la ciudadanía. La crisis de la democracia representativa es sencillamente la crisis de la democracia, sin más adjetivos, pues sin perjuicio de que se puedan y deban mejorar los instrumentos de participación ciudadana, la democracia es, por definición, democracia representativa.

Y en medio de este panorama, o muy directamente vinculado a él, siendo a veces causa a veces efecto, nos encontramos con la crisis que desde hace tres años atraviesa la socialdemocracia en nuestro país, representada, de manera paradigmática, por el partido político que mayoritariamente la viene encarnando desde hace más de un siglo, el Partido Socialista Obrero Español. Esta, a simple vista, podría parecer una crisis menor, pues, al fin y al cabo, se trataría tan solo de la crisis de una organización política. Y, sin embargo, se nos antoja que es mucho más que eso. Por una razón principal: porque el PSOE ha sido el único partido que, desde que se reinstauró la democracia en nuestro país, a mediados de los años setenta del siglo pasado, ha protagonizado la vida pública de manera ininterrumpida, a veces desde el Gobierno, a veces desde la oposición, pero siempre representando a una amplia mayoría social progresista y moderada que se sentía identificada con sus propuestas y acción de Gobierno. Si ese terreno, el de las llamadas políticas progresistas moderadas, se queda baldío, es más que probable que venga a ser colonizado por otras fuerzas políticas, cuya capacidad para mantener una amplia cohesión política resulta, cuando menos, dudosa.

Como toda vieja organización, el PSOE presenta estructuras anquilosadas en su organización y funcionamiento, así como una cierta resistencia a renovar su discurso ideológico y programático, por muy desdibujado que haya podido llegar a estar. No obstante, esa renovación parece que puede comenzar a partir de la Conferencia política que ha celebrado este partido recientemente, en la que ha apostado con valentía, no exenta de prudencia, por una nueva forma de organizarse y funcionar y, sobre todo, por nuevas ideas y propuestas (a nivel fiscal, laboral, social, en relación con la laicidad del Estado, etc.). Si esta ilusión se hace realidad será una magnífica noticia para este partido, pero, y esto es lo verdaderamente importante, también lo será para la política española en su conjunto, necesitada de un partido socialdemócrata fuerte, capaz de fijar las líneas rojas de un programa de gobierno que tenga, entre sus prioridades, la defensa del estado de bienestar, el respeto institucional, la regeneración democrática y la apuesta clara e inequívoca por la igualdad, seña de identidad a la que nunca debería renunciar.