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06/04/2016 07:00 CEST | Actualizado 06/04/2016 11:42 CEST

STOPdesahucios, STOPsuicidios

desahucioMás de 10.000 suicidios están directamente vinculados al comienzo de la crisis económica. El último año, el número de personas que se quitaron la vida fue el más alto jamás registrado. Más de 10 personas al día, cuyo nombre no aparece en las noticias. Un Estado que se autocalifica como "social" no puede ni debe permitir que se deban a pérdidas de vivienda.

EFE

Hace unos días, hallaron en Valencia el cadáver de un hombre que se quitó la vida antes de que le quitaran su vivienda. Más de 10.000 suicidios están directamente vinculados al comienzo de la crisis económica. El último año, el número de personas que se quitaron la vida fue el más alto jamás registrado. Más de 10 personas al día, cuyo nombre no aparece en las noticias. Como si nunca hubieran existido.

Son muchas las causas que pueden provocar un suicidio. Pero un Estado que se autocalifica como "social" no puede permitir que se deban a pérdidas de vivienda, producto de una legislación que tiene que morir, en lugar de matar.

Fausto era un viejo amargado que malgastó su vida sin vivirla. El diablo se le apareció cuando estaba apunto de suicidarse y le ofreció recuperar el tiempo perdido a cambio de su alma. Fausto aceptó. Su piel se hizo tersa y adolescente. Quiso comerse la vida a bocanadas. Tuvo todos los placeres mundanos en la punta de la lengua. Pero murió aún más insatisfecho que antes porque carecía de alma para disfrutarlos. Cuando hipotecas tu vivienda también actúas como Fausto. Has vendido el alma al diablo. Y, en muchas ocasiones, hasta la vida.

La vivienda también es cuerpo y alma. El inmueble es el cuerpo. Y la vida, el alma. Sin vida, no hay vivienda. Y ahí radica la clave de su protección jurídica como derecho humano. No hay metáfora que lo explique con más luz y elocuencia que la propia palabra: vivienda es el gerundio en femenino del verbo vivir. Todos tenemos derecho a una vida digna en un espacio concreto durante un tiempo indefinido. Cuerpo, alma, espacio y tiempo bajo el mismo techo.

Son muchas las causas que pueden provocar un suicidio. Pero un Estado que se autocalifica como "social" no puede ni debe permitir que se deban a pérdidas de vivienda, producto de una legislación que debe morir, en lugar de matar.

Cuando la vida afecta a un inmueble se convierte en vivienda. Deja de ser un bien patrimonial y adquiere el rango de bien jurídico (como la vida, la salud o el medio ambiente), merecedor de una protección infinitamente mayor que la del inmueble que cubre con su velo.

No podemos caer en la trampa impuesta por este sistema liberal de confundir el cuerpo con el alma. No existen viviendas vacías, sino inmuebles sin vida. Cuerpos sin alma. La vivienda no es un inmueble potencialmente habitable, sino efectivamente habitado. De ahí que el derecho vinculado por naturaleza a la vivienda sea el de posesión, no el de propiedad, como nos han hecho creer.

Todos tenemos el derecho humano a la posesión justa de una vivienda y a ser protegidos frente a desahucios injustos. Y no podemos consentir que el simple derecho de propiedad sobre un inmueble venza al derecho humano a poseer una vivienda.

Fausto simboliza la voracidad egoísta de nuestra sociedad insatisfecha. Y el dogma del derecho a la propiedad es el mismísimo diablo. Todos aspiran a tener más de lo que tienen. Y en el primer escalón de esta diabólica pirámide se encuentra la vivienda. En propiedad, por supuesto. Nos hemos dejado abducir por una ecuación equivocada que confunde el derecho humano a la vivienda con la obligación de adquirirla en propiedad mediante un préstamo hipotecario. Y no es así. Aceptando las reglas de este juego perverso, la realización de una hipoteca implica la pérdida del derecho de propiedad, pero no necesariamente de su posesión.

Todos tenemos el derecho humano a la posesión justa de una vivienda y a ser protegidos frente a desahucios injustos. Y no podemos consentir que el simple derecho de propiedad sobre un inmueble venza al derecho humano a poseer una vivienda.

Vale que la titularidad del inmueble pase a la entidad bancaria por el impago del préstamo. Pero un Estado social debe garantizar que la familia no será privada de la posesión de su vivienda cuando concurran razones humanitarias. Cuando conste que la familia no puede afrontar la deuda por una insolvencia sobrevenida. Cuando son poseedores de buena fe, aunque no sean dueños de nada. Cuando haya menores, ancianos, enfermos, discapacitados. En mitad del crudo invierno o del calor infernal del verano.

Y no es así. Como ejemplo de hipocresía, España es de los pocos Estados de nuestro entorno que aún no ha firmado la Carta Social Europea. Tampoco ha ajustado su legislación a los mandatos de las distintas instancias de la Unión Europea. Todo lo contrario. Ha cercenado propuestas justas como la Ley de la Función Social de la Vivienda en Andalucía, no se ha dignado a regular otras formas de tenencias intermedias, como la propiedad temporal o compartida, y tolera el escándalo económico-jurídico de las "titulizaciones" hipotecarias, que tratan la vivienda como una baratija para que se lucren usureros sin alma. Como Fausto. Y quienes los consienten para no perder el poder mientras la gente pierde la vida.

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