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07/05/2013 08:25 CEST | Actualizado 06/07/2013 11:12 CEST

Jubilaciones forzosas en Sanidad: prepotencia, arbitrariedad y zafiedad

Una vez más la Consejería de Sanidad ha vuelto a agredir brutalmente a los profesionales sanitarios del Sistema Madrileño de Salud, demostrando cuan cierto es lo que muchos ciudadanos piensan: su intención de destruir la sanidad pública madrileña. Los profesionales y la ciudadanía tenemos la obligación de impedirlo.

En vísperas del Primero de Mayo, Día de los trabajadores, la Consejería de Sanidad de Madrid ha procedido de forma zafia y desconsiderada a la jubilación forzosa de varios cientos de médicos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a pesar de estar en perfectas condiciones físicas e intelectuales para desempeñar su labor. El único objetivo de esta brutal medida es ahorrar dinero en personal y en ningún caso rejuvenecer las plantillas como con evidente falsedad afirman las resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos, que ha sido el brazo ejecutor de esta decisión, ya que la práctica totalidad de las plazas que estos facultativos se ven obligados a abandonar serán amortizadas. Esta medida ha supuesto una absoluta falta de respeto a un gran número de profesionales, que por su edad fueron quienes tuvieron un papel determinante para que nuestro sistema sanitario alcanzase cotas de calidad tan elevadas que le situaron entre los mejores del mundo.

Consumada esta grave decisión, llevada a cabo por la Dirección General de Recursos Humanos ( DGRRHH), con el estilo autoritario y arbitrario que la Administración Pública madrileña tiene como norma desde que la señora Aguirre llegó al poder tras el turbio episodio del tamayazo, se hace necesario realizar una serie de reflexiones:

Hace escasas fechas (26 marzo) la DGRRHH publicó un largo texto denominado Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Este texto ha sido rechazado por todas las organizaciones sindicales y profesionales del sector e incluso recurrido por algunas de ellas, lo que pone en evidencia las afirmaciones de la citada Dirección General indicando que el Plan se había negociado. La realidad es que el Plan ha sido impuesto.

El citado texto, sin negar su valor como documento recopilatorio de los recursos humanos y de la actividad de los centros del SERMAS, es en realidad más una Memoria de Gestión de este organismo que un auténtico plan de recursos humanos. Veamos: el plan publicado recoge literalmente: "Las políticas de recursos humanos deben ir dirigidas a la consecución de los objetivos generales de la organización, en estrecha conexión con los planteamientos estratégicos y modelos de gestión y organizativos a medio y largo plazo". Esos objetivos generales a los que alude el párrafo citado deben estar recogidos en un Plan de Salud que hoy no existe en la Comunidad de Madrid.

El plan de ordenación es una especie de Reglamento que regula actividades usuales en cualquier organización de cierta complejidad y es evidente que el Servicio Madrileño de Salud lo es. No hay nada en el texto que marque objetivos claros y cuantificables sobre cuestiones importantes en materia de política de recursos humanos tales como formación continuada de los profesionales y recursos públicos para llevarla a cabo, una auténtica carrera profesional que con criterios objetivos y transparentes garantice se pueda avanzar en ella con garantías de respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad que es exigible en las instituciones públicas o la instauración de mecanismos que posibiliten una participación real de los profesionales en la toma de decisiones en relación a sus actividades profesionales. Por tanto: ¿Dónde está el Plan de Ordenación de Recursos Humanos?

La realidad es que la auténtica política de recursos humanos que la Dirección General ha seguido desde 2003 se ha caracterizado por la prepotencia, la arbitrariedad y la improvisación. Conviene recordar al respecto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulo el proceso de cobertura de plazas de facultativos en los hospitales (que ahora se quieren privatizar) cuando se pusieron en funcionamiento, y hasta hoy su responsable no ha asumido ninguna responsabilidad por ello.

Abordando el concreto tema de las jubilaciones forzosas, parece que esta medida es un tanto incongruente con las directrices marcadas por las autoridades europeas, que obligaron al gobierno español a elevar la edad de jubilación a los 67 años; siendo como es la jubilación un derecho, no una obligación, se entiende mal que profesionales cualificados en perfectas condiciones físicas e intelectuales no puedan prolongar su vida laboral como lo tenían autorizado anteriormente hasta los setenta años. Al margen de esta consideración previa, lo más grave en relación a este tema que podríamos denominar "jubilación forzosa a la carta" es el componente de arbitrariedad que significa que unos facultativos puedan prorrogar y otros no, en base a unos criterios que pueden permitir en muchos casos niveles de discrecionalidad no admisibles en la actuación de las administraciones públicas y que pudieran vulnerar el principio de igualdad recogido en nuestra Constitución. Así por ejemplo, cabe preguntarse:

¿Quién o quienes deciden qué facultativos prorrogan y cuales no? ¿Qué mecanismos de evaluación serios y rigurosos se han utilizado para determinar la calidad del trabajo de los profesionales? ¿Qué cautelas se han establecido para evitar resoluciones no basadas en las actividades profesionales, sino en factores ajenas a las mismas? ¿Quién define las funciones que cada facultativo realiza en sus respectivos servicios? ¿Quién o quienes se hacen responsables de las resoluciones adoptadas en las peticiones denegadas? ¿Es personalmente responsable de ellas el director general de Recursos Humanos? ¿Lo son los gerentes de los Centros? ¿Lo son conjuntamente los gerentes y la Jefatura de los Servicios?

Si como es previsible, se producen numerosos recursos a las resoluciones adoptadas, en mi opinión no cabe duda que las preguntas aquí planteadas tendrán sin duda relevancia.

Para concluir, una vez más la Consejería de Sanidad y su brazo ejecutor, la Dirección General de Recursos Humanos, han vuelto a agredir brutalmente a los profesionales sanitarios del Sistema Madrileño de Salud, demostrando cuán cierto es lo que muchos ciudadanos piensan: su intención de destruir la sanidad pública madrileña. Los profesionales y la ciudadanía tenemos la obligación de impedirlo.

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