El Barcelona pagó al vicepresidente de árbitros Enríquez Negreira siete millones desde 2001 por supuestas asesorías verbales
El club catalán, señalado por los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Se confirmó la noticia. Según informa El País, el F.C. Barcelona habría pagado siete millones de euros desde el año 2001, con Joan Gaspart en la presidencia del club y hasta el año 2018, cuando ya lo era Bartomeu, a Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
Las informaciones, que salieron ayer de la mano de SER Catalunya, informaron de que la Agencia Tributaria se encontraba investigando unos documentos que apuntaban a que, desde el Barça, se abonó hasta 1,4 millones de euros a Negreira entre 2016 y 2018.
Esta información, que ayer sacudió el mundo del deporte a nivel global, ha sido ampliada por El País tras consultar fuentes judiciales. Según se ha desvelado, los años en los que tuvieron lugar estos pagos se remontarían a 2001 y la cifra ascendería hasta los siete millones de euros.
Por este motivo, la Fiscalía de Barcelona mantiene abierta una investigación por dichos pagos, presuntamente injustificados. Desde el club se abonó esta cantidad al excolegiado a través de la empresa de este: Dansil y, aunque las facturas sí se pueden consultar, no hay documentos que avalen los trabajos que, supuestamente realizó Negreira durante esos años.
Versión de Negreira
El exvicepresidente del CTA declaró ante la Agencia Tributaria, que los trabajos realizados eran "asesorías técnicas verbales". Además, en todo este entramado también juega un papel importante el hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez, quien también recibió supuestos pagos a cambio de informes sobre los árbitros que iban a dirigir al Barcelona.
La Fiscalía, en estos momentos, trata de averiguar por qué el club solicitó los servicios de Negreira desde 2001 y cuando ejercía de vicepresidente del CTA. Además, otro factor importante que puede estar investigando la Fiscalía es por qué esos pagos dejaron de realizarse justo cuando Enríquez Negreira abandonó el cargo que ostentaba (2018).
La investigación comenzó en mayo del pasado año y hasta el momento no se han encontrado pruebas de que con esos pagos, el F.C. Barcelona pudiera haber incurrido en la compra de árbitros para que les favorecieran.
El Barça, en el ojo del huracán
Por el momento, la única explicación oficial es la que el propio Negreira realizó ante la Agencia Tributaria, cuando el exárbitro reconoció dichos pagos alegando que el Barça le había contratado para "asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra" y con ello recibir un "trato neutral".
Otro detalle importante en la investigación es el hecho de que las cifras de los pagos fueran incrementándose con los años, destacando el medio millón de euros que percibió la empresa Dasnil por parte del club durante la última época del primer mandato de Joan Laporta (2009-2010).
La sospecha se cierne sobre el club, ya que llama la atención que estas remuneraciones tuvieran lugar a lo largo de casi dos décadas y con el visto bueno de hasta cuatro juntas directivas distintas: Joan Gapart, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu.
Intereses que podía tener el club
Muchos han considerado la contratación de esta empresa del vicepresidente del CTA por parte del Barcelona como una torpeza, dadas las especulaciones que se podrían disparar, en caso de que esos documentos y pagos vieran la luz, como así ha sido, aunque restan importancia a que el Barça pretendiera influir en la decisión de los colegiados.
Por el momento, la Fiscalía trata de esclarecer si los motivos de la contratación eran estrictamente para tener una cara conocida dentro del máximo estamento arbitral, como sostiene el propio Negreira o si, por el contrario, buscaban fines ilícitos como tratos de favor en los arbitrajes.
En el caso de que se demuestren los hechos, el F.C. Barcelona podrían enmarcarse en un delito de corrupción entre particulares, castigado con pensa de prisión de entre seis meses y cuatro años para todos los que estuvieran implicados en el entramado (directivos y árbitros) que hayan intentado "alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición profesional".
Si por el contrario, la Fiscalía considera que el Barça abonó siete millones de euros a cambio de un 'trabajo inexistente', los altos cargos implicados podrían caer en un delito de administración desleal (hasta tres años de cárcel), al causar un "perjuicio patrimonial" a la entidad blaugrana, ya que esta es una Sociedad Anónima.
