Los billetes para volar entre Madrid y una isla de Canarias tendrán un precio máximo todo el año

El Ministerio de Transporte y el Gobierno de Canarias han pactado declarar, a modo de prueba, que la ruta aérea entre Madrid y Lanzarote será una conexión declarada de obligación de servicio público (OSP), lo que implica tarifas máximas reguladas y si esta denominación contribuye o no a reequilibrar los precios, ante las quejas de los usuarios sobre su encarecimiento.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha trasladado esta decisión a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, tras acordarse desde la Consejería con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que este trayecto reúne los requisitos "adecuados" para implantar la experiencia piloto anunciada en enero al consensuar con el Gobierno de España la posibilidad de implementar esta medida de forma experimental para limitar el precio de los billetes entre Canarias y la Península para restituir el equilibrio tarifario que existía anteriormente.

Ha señalado que la propuesta "es una experiencia piloto, es la primera vez que se va a establecer una OSP aérea en Canarias con respecto a la Península" que tiene como fin establecer un precio máximo que "no suponga una intervención excesiva" en el mercado para restituir el equilibrio tarifario sin menoscabo de la conectividad, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

De este modo, principalmente se busca limitar ese incremento que se produce en los billetes aéreos de forma "especial y concreta" en verano y en Navidades para los que compran el billete con poca antelación, para que exista un equilibrio en el mercado.

"Se trata de que las empresas obtengan beneficios razonables y que el mercado esté equilibrado. Y la ruta Lanzarote-Madrid cumple con todos los criterios en el estudio inicial que hemos hecho, entre otros tiene una ocupación del 85,8 por ciento en sus vuelos porque el 71 por ciento de sus ocupantes son no residentes y porque opera 66 vuelos semanales", apostilló.

Añadió que también se ha elegido la ruta entre Lanzarote y Madrid porque cuenta con un alto número de pasajeros: entre enero y noviembre de 2022 se registraron un total de 524.134 viajeros de los cuales 375.804 eran no residentes y 148.330 residentes en Canarias, situándolo como el tercer aeropuerto de la comunidad en recepción de pasajeros del territorio nacional.

Además de que en dicho aeropuerto operan tres aerolíneas diferentes para la misma ruta, lo que consideran permite analizar los resultados de esta OSP en un mercado con competencia.

El objetivo de esta experiencia piloto de la OSP, explica, es restituir el equilibrio tarifario que existía con anterioridad a julio de 2018 cuando "se aplicaba el 50 por ciento de subvención, el mercado estaba equilibrado, las compañías aéreas ganaban dinero con estas rutas con Canarias y al mismo tiempo los precios estaban equilibrados en el mercado", ya que ha admitido que "no" se puede obviar que, tras la aplicación del descuento del 75 por ciento, las rutas Canarias-Península experimentaron un "incremento medio del 28 por ciento".

Finalmente, indicó que esta medida pretende proteger al sector "más importante" de la economía canaria, el turístico, para que Canarias "siga siendo competitiva respecto a otros mercados y no se vea afectado" por el precio de los billetes, ya que el objetivo es mantener e incrementar el turismo peninsular, que es "muy importante" en las islas tanto por su número como por su calidad.

También se pretende dar respuesta a las reclamaciones de los canarios no residentes que viven en la Península, como manifiesta la asociación Canarios sin alas, para que puedan desplazarse a las islas en fechas "clave" como Navidad y verano sin verse obligados a pagar precios "excesivamente altos".

Una vez decidida la ruta, se avanzará de la mano del Ministerio en las siguientes fases del proyecto como la determinación de la tarifa máxima, así como otras características de la Obligación de Servicio Público a implantar, la evaluación de los posibles efectos secundarios, con objeto de concretar un proyecto sólido que presentar a todos los actores implicados.