Francia: el extraño caso de la séptima economía del planeta y su desmesurada crisis de deuda

Esta es la historia de la séptima economía del mundo y la segunda de Europa, un país referente mundial que, sin embargo, atraviesa una crisis sin precedentes por culpa de la deuda pública y el anquilosamiento de su producción. Es la historia de Francia. Su Gobierno acaba de anunciar un ajuste presupuestario que comenzará en 2026 con un compromiso de reducir 43.800 millones de gasto y que ha llevado a los partidos de la oposición a amenazar con una moción de censura -otra más- sobre el primer ministro, François Bayrou, si no cambia sensiblemente plan de austeridad, "draconiano" para sus críticos y "necesario" para el centrista. La tijera, sobre todo, afectará a lo social, mientras la Defensa se dispara. 

Nuestros vecinos del norte arrastran esta situación desde hace tiempo, pero los sucesivos ejecutivos se han ido pasando el testigo envenenado del problema legislatura tras legislatura. Que lo resuelva el que viene detrás. Pero ya no se puede más. Todos los organismos de control domésticos, europeos y mundiales han lanzado señales de alarma y hasta saltan comparaciones con la crisis de la deuda soberana en Grecia, de 2009. En fiscalidad, deuda, endeudamiento corporativo o vulnerabilidad bancaria, los casos se asemejan, pero París tiene a su favor una fortaleza institucional, un peso en el continente y un aval de los mercados que lo mantienen a flote, lejos del desastre, no de la angustia. 

Vayamos a los datos, fríos y concluyentes. De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (INSEE) del primer trimestre de este año, al culminar marzo el conjunto de deudas del Estado francés ascendía a 3,34 billones de euros, lo que implica un punto porcentual más en relación con la cifra informada al terminar el 2024 (estaba en el 113%, pasa al 114%). Este deterioro de las finanzas públicas representa un aumento de 40.000 millones de euros entre un trimestre y otro. Sólo Grecia (153,6%) e Italia (135,3%) tienen una deuda pública superior a la gala.

La deuda, como han recogido los sucesivos dossieres del Observatorio Francés de Coyuntura Económica (OFCE), fue creciendo especialmente a principios de los 2000, luego antes de la crisis de 2008-2012 y, nuevamente y de forma sostenida, desde 2019. El fenómeno no es nuevo, pero sí se ha agigantado: en el periodo 2000-2024, hay un aumento récord hasta los 53 puntos del Producto Interior Bruto (PIB), cuando por ejemplo en España hablamos de un 44 o de un cinco en Alemania. Medios nacionales como el diario Le Figaro recuerdan que el Tratado de Maastricht, norma referente de la Unión Europea, fijó como objetivo un umbral de la deuda pública por debajo del 60% del PIB en el bloque comunitario. En Francia, el retroceso en este indicador ha sido marcado desde el 2017, con un auge de un billón de euros desde entonces. Está en zona roja, pues. 

El gasto público en Francia en 2024, creció 62.816 millones, un 3,91%, hasta un total de 1.670.208,1 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en 2024 alcanzó el 57,1% del PIB, una subida de tan sólo 0,2 puntos respecto a 2023, en el que el gasto público fue el 56,9% del PIB. La posición de Francia frente al resto del mundo en 2024, en cuanto a gasto se refiere, se ha mantenido sin cambios, con lo que está en el puesto cuarto, según Statista. El porcentaje del PIB que el gasto supone ha descendido, aunque mantiene un ratio alto si lo comparamos con el del resto de los países, ya que ocupa el puesto 11 de 194 países, del ranking de Gasto público respecto al PIB. El pasado año, el gasto público per cápita en Francia fue de 24.334 euros por habitante, lo que sitúa al país en el puesto 13 de los 194 analizados. El Gobierno dedicó a educación un 8,88% de su gasto público, a sanidad un 15,25% y a defensa un 3,57%.

El OFCE destaca varias causas que explican cómo hemos llegado hasta aquí. La conclusión es triple: se ha gastado mucho, no se han puesto límites en paralelo y ha habido momentos de menos ingresos. Por ejemplo, el país ha vivido una importante reducción de los impuestos obligatorios, de 2,5 puntos del PIB, tanto para los hogares como para las empresas (destaca especialmente el impuesto sobre la vivienda). 

A ello se ha sumado la política de apoyo por la pandemia de coronavirus y su divisa "cueste lo que cueste", que ha llevado a "financiar cosas que deberían haber sido más limitadas en el tiempo", "estímulos puntuales que se convirtieron en gastos estructurales", sin "gestionar bien" la salida a esa coyuntura, dicen fuentes de los distintos gabinetes a Le Monde. También ha hecho frente a los efectos de la invasión rusa de Ucrania, que desencadenó un shock inflacionario a nivel global. El Gobierno intervino para proteger a los hogares y a las empresas, mientras que una actividad económica más débil minó los ingresos fiscales. 

Además, Francia ha llevado a cabo reformas de las pensiones cambiantes que no han abordado el problema de las revalorizaciones, añaden esos exministros y asesores. No todo vino de fuera, no, porque los analistas también entienden que los recortes de impuestos lanzados por Macron bajo su agenda reformista para inyectar más dinamismo de libre mercado patrio habían socavado la estabilidad de las finanzas públicas.

Pierre Moscovici, excomisario europeo y ahora al frente del Tribunal de Cuentas galo, presentó en febrero unas conclusiones en las que exponía que las finanzas públicas del país se descontrolaron especialmente el año pasado cuando una crisis política dejó a cuatro gobiernos sucesivos paralizados e incapaces de afrontar una caída inesperada de los ingresos fiscales y un aumento del gasto por segundo año. Desde que hubo elecciones legislativas anticipadas hace un año, Francia ya acumula dos primeros ministros (Michel Barnier duró tres meses) y el actual ha pasado por ocho mociones de censura desde diciembre. Hasta febrero ni siquiera se había aprobado el presupuesto del año en curso, primera vez en la era moderna del país. Apenas hubo un respiro en verano pasado, porque los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París fueron un chute económico para la nación. En resumen, no se han ido tomando decisiones en décadas y ahora las que llegan drásticas, "desagradables", asume Bayrou. 

La OFCE asume que hay que meterle mano con urgencia al problema, con un ajuste propuesto de 100.000 millones de euros, 3,4 puntos del PIB actual, pero insiste en que, con lo acumulado en estos años, no puede hacerse todo a costa del gasto público, del modelo social y de los más vulnerables, que es lo que planteó este martes el primer ministro. Bayrou también dijo que "reiniciar la producción" debe ser la segunda prioridad del presupuesto, toda vez que la actividad económica del país se ralentizará en 2025, dicen sus propias estadísticas: el PIB crecerá un 0,6% este año, tras el 1,1% de 2024. 

La inacción tampoco es aceptable porque Bruselas ya ha dado suficientes toques de atención como para saber que, por mucho que pese París en la toma de decisiones comunitarias, tampoco puede eludir las obligaciones comunes de estabilidad. Entre las opciones que se abren para recomponer la situación están, según la Harvard International Review, la recompra de bonos por parte del Banco Central Europeo (BCE), que por ejemplo ayudó a Italia en la postpandemia, aunque la cree "improbable", o la aplicación del Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI), aprobado en 2022, que "reembolsaría los valores del sector público de una nación en dificultades con vencimientos entre uno y diez años". "Dada la composición de la cartera de deuda de Francia, una herramienta de este tipo aparentemente sería la solución perfecta para la crisis en curso. Sin embargo, la Unión Europea nunca tuvo la intención de que el TPI se utilizara en países que enfrentan procedimientos de endeudamiento excesivo. Por lo tanto, si Francia no logra reducir su ratio de deuda por debajo del 3% del PIB, el despliegue del TPI no tendría precedentes", destaca. 

Los planes de Bayrou

La oposición dice que los planes del Gobierno no tienen "ninguna visión", son una especie de "bricolaje" lleno de "parches", un "peligro gravísimo", un "ejemplo de debilidad". Auguran una moción, aunque hay grupos que se dicen "abiertos" a hablar si hay cambios. Hasta ahora, las mociones en su contra no han prosperado porque la ultraderecha de la Agrupación Nacional, el partido ultraderechista de Marine Le Pen, no las ha apoyado, pero nadie sabe qué puede pasar si la Asamblea Nacional vuelve a votar. 

Bajo esa amenaza parlamentaria, que se sabía ya desde que comenzaron a darse a conocer sus planes días atrás, Bayrou reveló su plan para el "momento de la verdad de Francia", con esos 43.800 millones de euros de ahorro ya desde el año que viene como pivote. Un ejercicio de equilibrio para reducir el déficit al 4,6 % del PBI el próximo año, frente al 5,8 % de 2024 y un aumento del presupuesto militar en tiempos bélicos para la UE, especialmente con la amenaza rusa.

El primer ministro presentó la curva del déficit en Francia, donde "durante 50 años, el gasto ha superado los ingresos cada año", y explicó gráficamente que la deuda del país aumenta "5.000 euros por segundo", hasta situarse en "más de 3,3 billones de euros". Un dato brutal. "Si te ves obligado a pedir prestado, no para invertir en una casa o equipo, sino para pagar los gastos diarios, y tu cuota mensual aumenta, te estás asfixiando. Eso se llama sobreendeudamiento. Y entonces, un día, te toca a ti. Ya no puedes pagar lo que debes", dijo, hablando directamente de "maldición".

"La guerra ha vuelto y no podemos dejar a nuestro continente desarmado", declaró Bayrou para defender que la seguridad se refuerce, no se reduzca. "Todos hubiéramos preferido tiempos de paz, pero estos son los nuestros", insistió. En caso de que el Gobierno francés logre aprobar una nueva partida de 6.500 millones de euros en dos años, recién anunciada, el gasto en Defensa de Francia se habrá duplicado en una década, de los 32.000 de 2017, cuando asumió la presidencia Macron, hasta los 64.000 de 2027 (en torno al 2,3 % del PIB). 

Para frenar el aumento de la deuda en cuatro años, el primer ministro se aferra a un plan plurianual para restablecer el equilibrio de la deuda en cinco años. Este plan pretende reducir el déficit al 5,4 % en 2025, al 4,6 % en 2026, al 4,1 % en 2027, al 3,4 % en 2028 y, finalmente, alcanzar el 2,8 % en 2029, el umbral a partir del cual, en un país como Francia, la deuda ya no aumenta. "Todos tendrán que participar en el esfuerzo", advirtió Bayrou, asegurando que el plan sería "asumible para todos". Hay que ver el reparto. "La primera regla del Estado es no gastar más, con una precisión de un euro, en 2026 que en 2025", reivindica.

También confirmó una congelación presupuestaria, "un año en blanco", para reiniciar en 2026 con presupuestos similares a los de 2025 para los distintos ministerios, excluyendo el presupuesto de Defensa y la carga de la deuda. Pero lo más explosivo será congelar las prestaciones sociales (de pensiones a subsidios familiares), que normalmente están indexadas a la inflación, para generar ahorros en comparación con lo que el Gobierno habría gastado en ausencia de la medida. Según estimaciones del Ministerio de Economía, citado por Le Monde, no indexar las pensiones de jubilación en 2026 podría generar 3.000 millones de euros. Esto equivaldría a unos 1.500 millones de euros para el resto de las prestaciones sociales.

"Ningún departamento ministerial quedará exento. Todos los ministerios se unirán en este esfuerzo colectivo", declaró además Bayrou, anunciando "3.000 puestos menos" en la función pública para 2026, y "uno de cada tres funcionarios que se jubilen no será reemplazado". También se eliminarán "organismos improductivos", con una supresión de entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo. "Las prestaciones sociales ya no aumentarán", ni tampoco las pensiones. "La regla es ni más ni menos", prometió el primer ministro. "El impuesto sobre la renta y las escalas generales de cotizaciones sociales también se mantendrán al nivel de este año", añadió. Todas estas medidas supondrán un ahorro de 7.000 millones de euros.

En sanidad habrá uno de los tijeretazos más sensibles y "habrá un esfuerzo de ahorro de 5.000 millones de euros" en la materia. Los eufemismos, por delante. "La sanidad no puede ser sólo un mercado", declaró el primer ministro, quien también anunció un "esfuerzo" en el gasto de la Seguridad Social, que aumentará en 10.000 millones de euros en 2026. Bayrou quiere reducirlo a 5.000 millones de euros, denunciando ciertas "prácticas" médicas repetitivas o el uso excesivo de ciertos medicamentos, que son gratuitos. A partir de 2026, los medicamentos "no relacionados con la enfermedad declarada" ya no se reembolsarán necesariamente al 100 %. Las bajas por enfermedad también están en la mira del gobierno, con el 50 % de las ausencias injustificadas de más de 18 meses.

El Estado quiere más y también solicitará 5.300 millones de euros de ahorro a las autoridades locales en el año entrante. El mecanismo de recaudación de ingresos fiscales para las autoridades locales, que asciende a 1.000 millones de euros en 2025, se renovará para el presupuesto de 2026, anunció el primer ministro. Y se renovará la contribución para las rentas altas introducida el año pasado, con una nueva "contribución solidaria", definida con las competencias de ambas Asambleas. "Esta contribución deberá contribuir al esfuerzo nacional", remarcó. 

Uno de los mayores escándalos es que el primer ministro quiere abolir dos días festivos: el Lunes de Pascua y el 8 de mayo. La idea ya se había planteado desde el año pasado, pero ahora está negro sobre blanco y escuece. Con el anuncio de Bayrou, los dos días festivos podrían transformarse en días "solidarios". El primero se decidió mediante la ley del 30 de junio de 2004, transformando el Lunes de Pentecostés en un día de esta naturaleza. En 2021, el segundo recaudó 2.907 millones de euros, incluidos 2.124 millones de euros procedentes de las cotizaciones de los empleados, abonadas únicamente por las empresas. Una suma significativa para sanear las finanzas públicas del país.

El pimer ministro lo dejó claro: "Estamos en un peligro gravísimo", algo que no dice el Gobierno sino que se ve "en cada familia". "Aunque preferimos que nada cambie y que las ventajas se acumulen, todos los franceses sabemos perfectamente que algo va mal, que llevamos 30 años pasando de una deriva a otra", concluyó. 

La pregunta ahora es si convencerá a los demás partidos para que las cuentas superen la votación de la Asamblea Nacional, si cederá ante sus exigencias en todo o en parte o si habrá posibilidades de una expulsión y nuevas elecciones. El plazo legal de un año que hay que esperar entre unos comicios y otros se cumplió hace una semana. Todo está abierto.