La defensa de un servicio público es una posición política. No existe ninguna obligación legal de privatizar un servicio por parte de ninguna entidad local, regional o nacional, dejando a un lado los servicios en red privatizados por la UE. Reivindicar lo nuestro es adoptar posiciones contundentes de defensa del interés público ante las intenciones de saqueo de los grandes grupos transnacionales en connivencia con los irresponsables e ineficientes equipos de gobiernos locales.