Ni emergencia nacional ni amenaza extraordinaria. La justicia ha asestado este miércoles un contundente revés a una de las medidas más controvertidas del segundo mandato de Donald Trump: la aplicación de aranceles generalizados como instrumento de presión internacional. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, una instancia federal con sede en Nueva York, ha declarado que los gravámenes impuestos al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una norma aprobada en 1977 que nunca se había usado para justificar decisiones de esta naturaleza, son ilegales.

“El tribunal no se pronuncia respecto a si los aranceles del presidente son acertados o si son eficaces. Lo que deja claro es que la ley no permite su uso con ese fin”, sentenciaron los tres magistrados —Timothy Reif, Jane Restani y Gary Katzmann— que han validado con su firma una categórica resolución que desmonta la base legal de una política que Donald Trump presentó como la vía para reducir el déficit comercial de Estados Unidos, recuperar la industria estadounidense y reindustrializar zonas deprimidas del país.

Sin embargo, el fallo frena los aranceles impuestos bajo la IEEPA, pero deja intactos otros gravámenes aplicados por razones de seguridad nacional. En concreto, se mantiene en vigor un 25% sobre el acero y el aluminio, así como el gravamen del sector del automóvil.

El varapalo judicial llega apenas cuatro meses después del inicio del nuevo mandato de Trump y desactiva de golpe su principal arma económica. El presidente había impuesto aranceles de entre el 10% y el 54% sobre los bienes procedentes de países con los que EEUU mantiene relaciones comerciales para forzar acuerdos bilaterales más ventajosos.

Trece estados en pie de guerra y un mensaje al Capitolio

Este golpe judicial a la guerra comercial de Estados Unidos responde a 2 demandas que presentaron tanto pequeñas empresas estadounidenses que se dedican a la importación de bienes y, también, a la iniciativa de trece estados, con Oregón a la cabeza, que han llevado a los tribunales lo que consideran una actuación arbitraria e ilegal del presidente. En la lista de demandantes figuran desde un importador de vinos de Nueva York hasta una empresa de instrumentos musicales en Virginia, pero todos coinciden en denunciar que los aranceles están asfixiando sus negocios hasta verse obligados a cerrar. "No se trata solo de nosotros. Si estos aranceles son ilegales para nuestras empresas, lo son para todos”, han señalado a la agencia Reuters.

Por otro lado, el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, celebraba anoche la sentencia con un contundente mensaje: "Este fallo reafirma que nuestras leyes importan y que las decisiones sobre comercio no pueden tomarse al antojo del presidente", confesaba a la agencia Associated Press. Términos similares expresó el senador demócrata Ron Wyden, que preside el Comité de Finanzas del Senado: “Estos aranceles han disparado el precio de productos básicos como la comida o los coches, han puesto en riesgo el suministro de bienes esenciales y han destrozado las cadenas de producción de miles de empresas”.

A pesar del duro golpe, la Casa Blanca no tira la toalla en la guerra comercial. Apenas unos minutos después de que se diera a conocer el fallo, el equipo legal del Gobierno de EEUU anunciaba la presentación de un recurso para frenar este bloqueo y, en caso de que fuera necesario, han insinuado que también podrían acudir al Tribunal Supremo. De hecho, un portavoz de la Administración Trump ha intentado rebajar la resolución, asegurando que los déficits comerciales son "una emergencia nacional que ha destruido comunidades, ha dejado atrás a nuestros trabajadores y ha debilitado la base industrial”, hechos que, según ha apuntado Kush Desai, "no ha cuestionado el tribunal".

Aun así, los tres magistrados han dejado claro en la resolución que este hecho no puede asumirse como justificante de un uso de los poderes presidenciales que excede cualquier límite. De hecho, la sentencia afirma sin rodeos que todas "las Órdenes de Aranceles Mundiales y de Represalia exceden la autoridad concedida al presidente por la IEEPA”.

No obstante, Donald Trump podría tener un as en la manga para seguir presionando a sus socios con la subida de aranceles: imponer gravámenes temporales del 15% durante 150 días, siempre y cuando se dirijan a países con los que Estados Unidos mantiene déficits comerciales sustanciales, según una la Ley de Comercio, una norma aprobada en 1974. Pero incluso esta última jugada parece arriesgada, tanto política como legalmente.

Un respiro para los mercados 

El duro golpe a la política arancelaria de Trump, por otro lado, se ha recibido en casi todos los mercados internacionales como un soplo de aire fresco, donde creen que la sentencia reduce la incertidumbre y pone freno a una política comercial errática que llevaba meses desestabilizando las cadenas de suministro globales. El dólar se fortaleció frente al euro, el yen y el franco suizo nada más conocerse la decisión judicial. Las bolsas asiáticas registraron subidas generalizadas y los futuros de Wall Street (la sentencia se hizo pública tras el cierre de la bolsa estadounidense) repuntaron de forma inmediata. 

En el fondo, el fallo lanza un mensaje claro: los poderes que se le otorgan al presidente de EEUU no son ilimitados y que es el Congreso (controlado por los republicanos) el que sigue teniendo la última palabra en cuanto a la política comercial del país. Trump, que ha intentado gobernar por decreto en este terreno, se enfrenta ahora a un corsé legal que podría comprometer su agenda económica. Porque sin la amenaza de nuevos aranceles, su margen de maniobra se reduce. Y, lo que es peor para él, sus socios lo saben.