Amnistía Internacional tilda de "maquillaje" la reforma de la 'ley Mordaza' propuesta por el Gobierno

La organización reconoce aspectos positivos pero cree que sigue suponiendo una “mordaza frente a la protesta pacífica”.
Antidisturbios de la Policía Nacional cargan durante una manifestación.
Antidisturbios de la Policía Nacional cargan durante una manifestación.
Aldara Zarraoa via Getty Images

La reforma de la ley Mordaza que proponen los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, no contenta a casi nadie.

Si por un lado la derecha y la extrema derecha ponen el grito en el cielo asegurando que se deja “vendidos” a los policías, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos la ven insuficiente.

Ese es el caso de Amnistía Internacional, que en un comunicado afirma que se trata de “un maquillaje” que sigue suponiendo “una mordaza frente a la protesta pacífica”.

La organización ha analizado el acuerdo de reforma que han alcanzado los partidos del Ejecutivo de coalición y lamenta que no se deroguen “los artículos más preocupantes para la libertad de reunión, expresión e información”.

“De aprobarse el actual borrador, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos, y al no establecer mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial”, asegura Amnistía.

Este organismo recuerda que desde que se aprobó la Ley de Seguridad por parte del Gobierno de Mariano Rajoy hasta diciembre de 2019 se impusieron “cerca de 200.000 sanciones en base, únicamente, a dos artículos”.

Y estos son precisamente los artículos que Amnistía cree que el Gobierno debería “abordar”.

Por un lado, el apartado 6 del artículo 36, que se recoge las infracciones graves y que dice lo siguiente:

6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

Por otro, el apartado 4 del artículo 37, en el que se recogen las infracciones leves y que dice esto:

4. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.

Según Amnistía, estos dos artículos son culpables del 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana.

Otro artículo que la organización quiere eliminar es el 36.11, que considera como infracción grave la prestación de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público.

Un artículo que, según Amnistía, supone que las mujeres que ejercen voluntariamente el trabajo sexual y las víctimas de trata se vean obligadas a ejercer la prostitución en lugares aislados, expuestas por tanto a mayores peligros de abusos y con menos posibilidades de pedir protección a las autoridades”.

Esto dice textualmente este artículo:

11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial. Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo.

El último apartado que Amnistía quiere eliminar de la ‘ley Mordaza’ es el polémico 36.23, referido a la grabación de agentes por parte de los periodistas.

Lejos de la reforma que plantean los partidos del Gobierno, la organización insta al Ejecutivo de Sánchez a eliminarlo por completo porque, asegura, “una Ley de Seguridad Ciudadana que haga honor a su nombre debe, ante todo, garantizar los derechos de las personas que alzan la voz, expresan sus desacuerdos con políticas gubernamentales y defienden sus derechos reuniéndose de forma pacífica, y no se vean afectados por actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad”.

“"De aprobarse el actual borrador, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados", dice Amnistía”

Para ello, aseguran, “es necesario también que las actuaciones policiales puedan ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general, algo que, si la actuación es adecuada, no debe suponer ningún perjuicio para los agentes”.

Amnistía afirma haber “documentado denuncias policiales contra activistas o periodistas que han demostrado ser infundadas o falsas, sin sanción posterior para los agentes, lo que refuerza la impunidad de sus acciones y abre la puerta a futuras acciones legales”.

El organismo reconoce la legitimidad de los agentes y la dificultad de su trabajo, pero afirma que durante el estado de alarma “actuaron en muchas ocasiones con arbitrariedad, aplicando la Ley Mordaza con un enfoque principalmente coercitivo, sin criterios claros de actuación, especialmente con las personas más vulnerables”.

“La protesta seguirá amordazada”

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, cree que “frente a lo anunciado por diferentes miembros del Gobierno, la propuesta actual no aborda los aspectos más preocupantes de la Ley de Seguridad Ciudadana”.

“En caso de que no se introduzcan mejoras nítidas, en línea con los estándares de derechos humanos, en su tramitación parlamentaria, la protesta seguirá amordazada en nuestro país”, denuncia.

En este sentido, el organismo cree que la propuesta del Gobierno “no reduce los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad” ni establece “adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas”. Por ello, consideran que, de dejarse tal cual, “continuaría abriendo la puerta a actuaciones arbitrarias”.

Recuerda Amnistía que el Consejo de Europa y la ONU instaron a España a reformar esta ley “por su potencial represivo”.

A todo esto se suman las llamadas devoluciones en caliente, que según Amnistía no se abordan en la reforma sino que se limitan a “derivar esta cuestión a la reforma de la Ley de Extranjería”.

Las partes positivas

Aun así, no todo es negativo para Amnistía en la propuesta del Gobierno. La organización reconoce “algunos aspectos positivos”, sobre todo referidos a la comunicación de las manifestaciones y al uso de material antidisturbios.

Respecto a lo primero, Amnistía lamenta aun así que se haga “una definición muy restringida de manifestación espontánea, y se posibilita la sanción a los organizadores si se causa alteración del orden público” algo que, según el organismo, “contradice las directrices de la OSCE, que establecen que no debe responsabilizarse a los organizadores de una reunión por las acciones de otros participantes”.

Sobre el uso de la fuerza por los antidisturbios, Amnistía pide “que se prohíba expresamente el uso de las pelotas de goma, que son altamente imprecisas y no se ajustan a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.