POLÍTICA
26/09/2019 08:48 CEST | Actualizado 26/09/2019 14:54 CEST

La Fiscalía pide prisión para los siete miembros de los CDR

Por delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos.

EFE
La Guardia Civil detiene a un individuo (2i) durante la operación policial contra activistas independentistas vinculados a los Comités de Defensa de la República (CDR).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión para siete miembros de los CDR detenidos el lunes tras su comparecencia hoy ante el juez, celebrada después de que dos admitieran ante la Guardia Civil haber comprado y hecho pruebas para la fabricación de artefactos para “meter ruido” el 1-O.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha pedido al juez instructor, Manuel García Castellón, que envíe a prisión a los siete detenidos.

Dos de ellos, antes de pasar ante el juez, admitieron en la Guardia Civil su participación en la adquisición de varias sustancias para elaborar mezclas con las que fabricar explosivos caseros. 

El juez Manuel García Castellón interroga este jueves a los siete presuntos miembros de los CDR detenidos el lunes por delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos, en relación a las sustancias con la que se cree estarían preparando artefactos para atentar de cara al 1-O o la sentencia del “procés”.

En la operación fueron arrestados nueve presuntos integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR), si bien a última hora del lunes dos de ellos quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la Audiencia Nacional cuando se les cite, y se les mantuvo la acusación de terrorismo.

Los otros siete fueron conducidos a dependencias de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), donde han permanecido detenidos hasta su puesta a disposición del juez de la Audiencia Nacional este jueves. 

En una nota difundida a raíz de las detenciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional explicó que se les acusa de ultimar acciones terroristas, que presuntamente iban a perpetrar con el material para fabricar explosivos caseros que se les intervino.

Además, tenían en su poder consultas en Google, información, e incluso planos, sobre edificios públicos, entre los que figura una casa cuartel de la Guardia Civil.

La operación, que se encuentra bajo secreto sumarial, es fruto de una investigación de más de un año durante el que se han practicado numerosas intervenciones telefónicas, según señalaron a Efe fuentes jurídicas.

Finalmente el lunes se decidió ponerla en marcha ante la “certeza” de que se iban a perpetrar acciones terroristas entre el aniversario del 1-O y la sentencia del “procés”, prevista para la primera quincena de octubre.

En los diez registros practicados, en los municipios catalanes de Mollet del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Cerdanyola del Vallès, Sant Vicenç de Torrelló, Sabadell y Santa Perpètua de la Mogoda, se halló “una gran cantidad” de precursores para fabricar explosivos, entre ellos “termita”, un explosivo de mezcla casera basado en el óxido de hierro y el aluminio.

Según fuentes jurídicas, se ha hallado un laboratorio improvisado en un almacén que los detenidos habrían utilizado para sintetizar ese explosivo sin levantar sospechas y documentos que detallaban los porcentajes exactos de aluminio y óxido que se deben mezclar para que el material resultante esté en condiciones de detonar.

Entre los detenidos hay al menos cuatro que ya fueron arrestados en el pasado, en concreto en protestas por la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o durante el traslado de los presos del “procés” a Madrid para el juicio.

La defensa de los detenidos -ejercida por abogados de la asociación Alerta Solidaria- ha denunciado que han sido víctimas de un “montaje con intencionalidad política” y que la acusación contra ellos carece de sustento, puesto que se basa en “futuribles” y en la incautación de sustancias de fácil acceso para cualquiera.

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