El Supremo asegura que la Ley de Sanidad permite imponer limitaciones puntuales de derechos
Pero exige a las comunidades que justifiquen razonablemente las medidas para frenar la COVID-19.
El Tribunal Supremo ha explicado que la Ley de Sanidad puede ofrecer cobertura para imponer limitaciones puntuales sobre los derechos de los ciudadanos, pero advierte de que las administraciones autonómicas deben justificar razonablemente sus medidas para frenar la COVID-19.
Antes de aceptar o rechazar las restricciones, el Alto Tribunal deberá comprobar que el organismo que pide la ratificación es el adecuado para imponer las medidas y también tendrá que exponer las normas legales que permitan esa habilitación.
La Justicia también deberá conocer con “claridad” la gravedad del peligro que supone para salud la enfermedad y deben quedar argumentados que no existen otros medios menos agresivos para controlarla. Por otra parte, los Tribunales Superiores de Justicia de cada territorio valorarán que los medios propuestos son los idóneos y proporcionados a tal fin.
Motivos para aplicar la ley sanitaria
En cuanto a los requisitos para aplicar la ley sanitaria, la Sala detalla que debe aparecer acreditada la existencia de una enfermedad transmisible grave que ponga en peligro la salud y la vida de las personas.
Además, las regiones deben justificar que esa limitación es “imprescindible” para impedir la transmisión y que no existen otros medios más eficaces para lograrlo. Otros factores a tener en cuenta son el número de enfermos y su localización, así como el tiempo “indispensable” que debe mantenerse la restricción para impedir la difusión del virus.
En base a estos principios, el Alto Tribunal ha rechazado este viernes el cierre perimetral de las Islas Canarias que solicitaba su Ejecutivo.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha coincidido en que las comunidades deben justificar mejor las razones por las que solicitan las medidas para evitar contagios por coronavirus.
Montero ha matizado que “a veces se trata de justificar mejor el por qué una comunidad autónoma pide un cierre perimetral, un toque de queda o cualquier medida que pueda estar en relación con la limitación de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
La titular de Hacienda ha recordado que las regiones cuentan con una amplia batería de medidas que no vulneran de los derechos de la población, como controlar los horarios de los establecimientos con determinación de aforos.
Sin embargo, afirmado que “siempre existe el último recurso” de solicitar al Gobierno de España que le pida al Congreso de los Diputados que decrete el Estado de Alarma” en algún territorio.
