La sentencia que anula las cláusulas abusivas de un contrato de alquiler y podría cambiar otros 13.000 en España

La sentencia que anula las cláusulas abusivas de un contrato de alquiler y podría cambiar otros 13.000 en España

Una vecina de Granollers demandó al fondo de inversión Azora, uno de los mayores tenedores del país, por imponer la posibilidad de subir un 30% el valor del alquiler

Cartel que anuncia viviendas en alquiler en un bloque de viviendas de Madrid Jesus Hellin/Europa Press

Silvia Torres, una vecina de Granollers asesorada por el Sindicato de Llogueteres en colaboración con el Colectivo Ronda, ha conseguido una importante victoria que puede cambiar la vida de los inquilinos del fondo de inversión Azora que, con alrededor de 13.000 propiedades, es uno de los grandes tenedores de viviendas en régimen de alquiler en España.

La sentencia emitida por el juzgado de Primera Instancia número 31 de Barcelona, declara nulas por ilegales la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler que ofrece Azora y que, según este pionero fallo judicial, genera desequilibrios entre arrendadores y arrendatarios.

Entre las cláusulas anuladas por ir contra los derechos de los arrendatarios destaca una relativa a la “bonificación de la renta” que permitía a Azora aplicar un aumento del 30 % del precio del alquiler a partir del tercer año de contrato, “una subida abismal”, apunta la sentencia.

Silvia ha tardado dos años en conocer la sentencia después de imputarle esa subida a la mensualidad que pagaba por el alquiler de la vivienda en la que llevaba tres años. Así, pasó de pagar 690 euros a abonar 1.100 euros al mes, un incremento muy superior al IPC interanual.

La juez responsable de una sentencia nunca vista hasta ahora en España, valora que con esta cláusula, el fondo de inversión pretende “evitar la aplicación de la normativa legal”, que impide revisiones del alquiler superiores al IPC mientras el contra de arrendamiento siga vigente. La magistrada entiende que, según explica en el fallo, con esta “táctica contractual” lo que Azora pretende es provocar que el arrendatario abandone la vivienda.

Más allá de esta cláusula, la sentencia impone la nulidad de otras ocho, incluyendo la aplicación de una penalización del 300 % sobre el precio diario del alquiler por la demora en la entrega de las llaves, la imposición de que el arrendador pueda hacer visitas periódicas al inmueble o quedar con la totalidad de la fianza por la existencia de desperfectos mínimos.

Sin embargo, de todas las cláusulas denunciadas por esta vecina de Granollers, el fallo judicial admite la validez de una cláusula incluida en los contratos de alquiler de Azora: la autorización del inquilino de que sus datos figuren en la lista de morosos si se incumple con la obligación de abonar la cantidad mensual pactada.

Azora, compañía matriz de las empresas Lazora, Encasa Cibeles y Témpore Properties, tendrá ahora veinte días para apelar a la Audiencia Provincial de Barcelona la sentencia que, además, condena al fondo de inversión a pagar las costas del juicio.