INTERNACIONAL
08/02/2021 10:21 CET

La reina de Inglaterra presionó al Gobierno para ocultar su patrimonio

Mandó a un abogado para que se retocara una ley de transparencia que podía exponer sus acciones en determinadas empresas. Ocurrió en 1973.

ASSOCIATED PRESS
Isabel II, el pasado octubre, visitando un laboratorio en Porton Down.

Bombazo del diario The GuardianIsabel II presionó al Gobierno de Reino Unido para que cambiara un proyecto de ley con el objetivo de ocultar su fortuna privada a los ciudadanos. Los periodistas de investigación David Pegg y Rob Evans publican que un abogado privado de la monarca contactó con los ministros oportunos para que modificaran la norma en ciernes y evitar que salieran a la luz sus acciones en diversas empresas. No siempre, parece según la información, la reina ha mostrado tanto desapego por lo que hacen sus gabinetes como se ve en The Crown.

Después de que esto sucediera, el Gobierno británico incluyó una cláusula a la ley, que eximía que los jefes de estado tuvieran que hacer públicas las empresas en las que invertía. Casualidad. Ocurrió en 1973, cuando se tramitaba la ley de transparencia, impulsada por el gabinete del conservador Edward Heath.

El acuerdo al que ha tenido acceso The Guardian se habría firmado en aquella década de los 70 y se utilizó para crear una corporación fantasma, respaldada por el estado, que habría ocultado participaciones e inversiones privadas de la reina británica hasta, al menos, 2011.

Aunque la verdadera magnitud de su riqueza nunca se ha revelado, se ha estimado que asciende a cientos de millones de libras. El diario ha descubierto este acuerdo en el marco de una investigación sobre el uso por parte de la familia real británica de un procedimiento parlamentario conocido como el consentimiento de la reina, “para influir secretamente en la formación de las leyes británicas”, denuncia.

Según explica la web de la Casa Real, se trata de una “convención establecida desde hace mucho tiempo” por la que el Parlamento pide a la reina su consentimiento para el debate de proyectos de ley que afecten a los “intereses de la Corona”, lo que, como recuerda el diario, se ha venido entendiendo como algo un tanto opaco pero inofensivo y parte del boato que rodea la monarquía inglesa.

The Guardian ahora sugiere -teniendo en cuenta los documentos hallados en los Archivos Nacionales-, que el proceso de consentimiento ha permitido a Isabel II y a sus abogados presionar en secreto para lograr cambios legislativos, como el mencionado en su noticia.

Este medio detalla incluso cómo fue el proceso por el que la reina se acercó al Ejecutivo y planteó sus exigencias. Al parecer, Matthew Farrer, entonces socio del prestigioso bufete de abogados Farrer&Co, visitó a funcionarios del Departamento de Comercio e Industria para discutir las medidas de transparencia del ejecutivo. La norma pretendía evitar, entre otras cosas, que los inversores acumularan participaciones significativas en secreto en empresas que cotizan en bolsa mediante la compra de sus acciones a través de empresas pantalla.

Se incluía una cláusula que otorgaba a los directores el derecho a exigir a los nominados con acciones de las empresas a revelar, cuando se les solicitara, las identidades de sus clientes. Farrer transmitió la oposición de la reina Isabel a esta cláusula y propuso que se hiciera una excepción con la monarca.

Dos funcionarios intercambiaron por escrito pareceres respecto al “dilema” y uno dijo al otro, según el mismo diario, que el abogado de la reina creía que “cualquier divulgación de la titularidad real de las acciones por parte de la corona, incluso si se limita a los directores de la empresa, es potencialmente embarazosa, debido al riesgo de filtraciones”.

Cualquier divulgación de la titularidad real de las acciones por parte de la corona, incluso si se limita a los directores de la empresa, era potencialmente embarazosa, debido al riesgo de filtraciones

El Gobierno atendió las peticiones e incluyó una cláusula en el proyecto de ley que permitía al ejecutivo que ciertas empresas no tuvieran que declarar la identidad de los accionistas de manera que evitaría saber de dónde procedía la fortuna de la reina. El equipo de Heath no fue, sin embargo, quien lo convirtió en ley sino que lo hizo el gobierno laborista de Harold Wilson en 1976.

The Guardian añade que la exención se concedió casi de inmediato a una empresa llamada Bank of England Nominees Limited operadas por personas de alto nivel del Banco de Inglaterra. El diario cree que la exención ayudó a ocultar la fortuna de la reina hasta, al menos, 2011. Hace cuatro años que la empresa cerró sin que quedara claro lo sucedido con las acciones que poseía y sin que nunca presentara cuentas públicas sobre sus actividades.

Lo que dice Buckingham

Cuando el periódico ha preguntado a Buckingham sobre la investigación, la Casa Real a través de un comunicado ha afirmado que el consentimiento de la reina “es un proceso parlamentario, con el papel de soberano puramente formal.

El monarca siempre otorga el consentimiento cuando lo solicita el gobierno. El Parlamento decide si se requiere el consentimiento de la reina, independientemente de la Casa Real, en asuntos que afectarían los intereses de la Corona, incluida la propiedad personal y los intereses personales del monarca”, ha apuntado.

“Si se requiere consentimiento, el proyecto de ley, por convención, se entrega al soberano para que lo otorgue únicamente por consejo de los ministros y como asunto de dominio público”, concluye.

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