Las claves del acuerdo de la ley audiovisual

El Gobierno y ERC han sellado los puntos claves de esta normativa que incluye finalmente plataformas como Netflix o HBO.
Logo de Netflix en un móvil.
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Logo de Netflix en un móvil.

Después de muchas idas y venidas, matices y rectificaciones, al fin hay acuerdo entre el Gobierno y ERC en lo que a la ley audiovisual se refiere. El Ejecutivo había pactado inicialmente con los republicanos un borrador de cara a que estos apoyasen los Presupuestos de 2022, pero finalmente todo se tambaleó.

Esto se debió a que el Gobierno señaló que la cuota establecida en lenguas cooficiales se ceñía a plataformas de streaming españolas como Atresmedia o Movistar +, excluyendo a HBO y Netflix.

Según ha informado ERC este miércoles, el acuerdo se ha ampliado e incluye finalmente a todas las plataformas de streaming que operen en España. “Del acuerdo se desprende que todas las plataformas que operan en el Estado, tengan la sede empresarial en el Estado o no, tendrán que financiar cada año producciones audiovisuales en catalán”, explican en su comunicado.

En este mismo texto recalcan que se destinará “un mínimo de 15 millones de euros a la producción audiovisual en catalán”, al igual que en el resto de lenguas oficiales, es decir un 15% del 70% de la producción total que el Estado exige a las plataformas.

Además, del acuerdo se desprenden otra serie de medidas de las que ha informado ERC:

  • Creación de un fondo de doblaje y subtitulado, del modo que las plataformas incluirán la opción de subtítulos y doblajes en lenguas cooficiales, sea la producción o no nacional. En este punto señalan que “Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) es el órgano responsable de dirimir los conflictos en doblajes con las plataformas”.
  • Destacan que “el 6% del catálogo mundial será el catalán”, al igual que en las demás lenguas cooficiales, rompiendo con la hasta ahora solo cuota en castellano.
  • Se incorpora la lengua de signos catalana.

Otro de los acuerdos a los que han llegado en este proyecto de ley audiovisual fuera de las plataformas de streaming es en la televisión pública estatal, del que dicen que “se garantiza que el mínimo del 15% de la producción de televisión lineal pública del estado sea en catalán, euskera o gallego”. Un contenido que, sin cuotas, estaba recogido ya en el mandato-marco de la Corporación RTVE previsto en el artículo 4 de la Ley 17/2006, de 5 de junio.

Con estos puntos se apuntala la ley audiovisual presentada hace unos días que fijaba dentro de la producción europea obligatoria del 30% tendrían que ser producciones europeas un 15% en lenguas oficiales. De ahí que el 40% de estas serían en catalán, gallego o euskera, lo que supondría un 6% del total.

Fondos para el doblaje en lenguas cooficiales

Esto se suma a las medidas tomadas para el doblaje, que incrementará las “aportaciones para el doblaje”. Concretamente, a la creación de una partida de fondos de 10,5 millones de euros para el doblaje y subtitulado contenidos audiovisuales en lenguas cooficiales.

Estos puntos se enmarcan en la defensa del catalán en el territorio audiovisual que ya hizo el presidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher el pasado mes de noviembre, quien afirmó el pasado mes de noviembre que Cataluña se estaba “jugando la lengua en el ámbito audiovisual”.

Loppacher declaró entonces que “la cultura es contenido audiovisual, y la gente joven está en este ámbito”, y aseguró que el organismo no vela solo por la lengua en los medios públicos catalanes, sino que también en las plataformas o con los influencers, donde dice que la presencia del catalán es nula.

“La presencia del catalán en el ámbito audiovisual está centrada básicamente y exclusivamente en TV3″, además de los esfuerzos de las televisiones y radios locales”, señaló.

Todavía no se han enmarcado más puntos clave de esta ley, que debería tramitarse con la máxima brevedad posible tras el ultimátum de Bruselas el pasado 23 de septiembre por el cual instaba a las autoridades españolas a “tomar las medidas necesarias para transponer plenamente a la legislación nacional las normas europeas en materia de servicios audiovisuales”. Una normativa que lleva en vigor en la UE desde septiembre de 2020.

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