La gestación subrogada es desde hace años un dilema sin solución en España. Los dilemas éticos y morales rodean a uno de los asuntos que, aunque está prohibido, tiene vacíos legales que permiten poder llevarlo a cabo. Pese a que suele pasar desapercibido, de vez en cuando la gestación subrogada vuelve a la palestra.

Es el caso de este miércoles, cuando el Ministerio de Justicia aprobó una instrucción que prohíbe el registro directo de los menores nacidos por esta práctica en el extranjero. Esto, de nuevo, cambia el tablero vigente e implica unas modificaciones en lo que se conoce también como vientres de alquiler. 

¿Qué ha cambiado a nivel legal?

Desde 2006 la gestación subrogada es ilegal en España y estimada por la ley 14/2006 como violencia reproductiva contra las mujeres. Se considera “nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”, según el mencionado texto regulaba la reproducción asistida.

Por si esto no fuera suficiente, la Ley Orgánica 1/2023 que reformaba la ley de 2010 de salud sexual, reproductiva y la de interrupción voluntaria del embarazo reforzaba esta prohibición calificándola como “violencia reproductiva para las mujeres”. De hecho, el Código Civil español establece que una mujer gestante no podrá bajo ningún concepto entregar a un menor antes de que hayan pasado seis semanas del parto.

Sin embargo, eran muchas las personas que acudían a través de agencias a países extranjeros donde esta práctica sí estaba permitida como son Estados Unidos, Canadá, Rusia o Ucrania (estos especialmente antes de la guerra) para encargar y recoger a sus hijos gestados por mujeres extranjeras para posteriormente, a través de una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, inscribir a estos menores en registros consulares.

Esta vía con este último cambio deja de estar permitida y, desde este jueves, solo se puede formalizar la inscripción siguiendo los cauces habituales de determinación de la filiación: por vínculo biológico o por adopción. Asimismo, se deja sin efecto las instrucciones de 2010 y 2019 que permitían las inscripciones en registros consulares.

Según el gobierno, el objetivo principal es evitar que ciudadanos españoles "burlen" la prohibición de esta práctica en España y la lleven a cabo en el extranjero, "una reclamación histórica del movimiento feminista y de los colectivos que defienden la protección de los menores por suponer una mercantilización del cuerpo de la mujer y de sus hijos".

Con esta medida, el ejecutivo busca que “prevalezca el interés superior del menor, evitando su mercantilización y haciendo que se respeten los procedimientos legales para establecer la filiación y posterior registro en España".

Para Elena Crespí, psicóloga perinatal, investigadora sobre gestación subrogada y autora del libro El negoci dels nadons. La gestació subrogada (Rayo verde) se trata de un breve cambio formal: “Ahora tiene que haber adopción por parte de uno de los dos miembros, si el otro es padre o madre biológica de la criatura, es decir, si hay gametos de uno de los dos, el otro tiene que adoptar sí o sí”. 

Esto implicaría un cambio a nivel ético, ya que recuerda que “cuando hay una adopción, en España está la obligación de explicar a la criatura que es adoptada y comunicarle sus orígenes” a diferencia de anteriormente donde ambos padres podrían ser progenitores “biológicos” en el registro.

La psicóloga recuerda que en el caso de que haya un solo progenitor y no sea una pareja la que recurra a un vientre de alquiler en el extranjero se produce “una brecha legal” para “acreditar la filiación biológica”. “Entiendo que en caso de que no haya realmente conexión biológica o genética con el bebé aquí solo tiene que haber adopción, por lo tanto, si hay adopción hay que explicarlo”, señala.

Hasta el momento, los niños que nacían por vientre de alquiler en el extranjero podían ser inscritos en el Registro Civil si se cumplían requisitos como la presentación de una resolución judicial de un tribunal que garantizase la eficacia del consentimiento prestado o, lo que se conoce como exequatur, reconocimiento de una sentencia en el extranjero.

Con esta medida del ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se sigue la sentencia del pleno del Supremo de diciembre de 2024 en la que se negaba el exequatur de una sentencia norteamericana alegando que el contrato era “nulo y contrario al marco legal español”.

No obstante, no será imposible inscribir a estos menores. Para hacerlo, tal y como recoge EFE, tendrán que viajar a España con el menor y pasaporte y permisos correspondientes de las autoridades del país en el que haya nacido.

Una vez en España, la determinación de la filiación se efectuará a través de la filiación biológica de alguno de los “progenitores de intención” y la "filiación adoptiva posterior cuando se pruebe la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías".

Además, según EFE, se avisa de que en los registros civiles no se admitirá como documentación válida una certificación registral extranjera, la simple declaración acompañada de certificación médica relativa al nacimiento del menor, ni una sentencia firme de las autoridades judiciales del país correspondiente.

Crespí ve esta modificación como algo que “en la práctica no cambiará mucho”. “En el fondo puede ser como otra brecha legal desde la cual la industria de la gestación subrogada, que es el gran problema, va a seguir lucrándose igualmente de la vulnerabilidad de las familias que recorren a ella y de las madres gestantes y de los bebés”, indica.

La opaca industria de la gestación subrogada

Desde los colectivos feministas, además de en la gestación subrogada como explotación del cuerpo de las mujeres, el debate se ha puesto en las agencias y empresas que se lucran de estos nacimientos. Solo en 2024, hasta 154 niños nacidos por gestación por sustitución fueron inscritos en el Registro Civil español en virtud de una resolución judicial extranjera.

La ley de salud sexual de 2023 ya prohibía explícitamente la publicidad comercial de la gestación subrogada. Siguiendo esta ley, el pasado mes de enero el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, denunció a ocho agencias españolas ante la Abogacía del Estado por la promoción de la gestación subrogada en páginas webs y redes sociales. En este documento se incluían 334 quejas recibidas en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024. “En teoría estas empresas no pueden publicitar la gestación subrogada y lo están haciendo, es decir, es ilegal y lo están haciendo”, se queja Crespí.

"Esto está siendo un negocio en el que quien sale ganando, evidentemente, es la empresa. Se está mercantilizando y sacando rédito económico de una situación muy complicada”, explica la psicóloga. Además, recuerda que, aunque se están viendo casos en los que los progenitores recurren a vientres de alquiler para no pasar por un embarazo o no frenar sus carreras profesionales, “en la mayoría de los casos es porque sus cuerpos no son compatibles a nivel fértil o porque hay problemas de fertilidad y están en un momento de vulnerabilidad muy grande”.

Crespí recuerda que las “piezas más vulnerables” son la madre gestante y las criaturas que nacen por gestación subrogada. “Tenemos a una madre gestante que lo hace por dinero porque si no hubiera dinero no lo harían, aunque otras entidades defensoras de la subrogada digan que no lo hacen por dinero, y luego tenemos un bebé que se le está condicionando un nacimiento y separando de lo que biológicamente conoce, creando ahí una herida importante que la tienen que reparar los padres contratantes, que son quienes la han creado”, explica y se queja que “si se hace algo a nivel gubernamental no se va a frenar esto” y apunta a que “hay mucho interés económico detrás de todo esto".

La especialista compara esta industria al igual que sucede con el “comercio de órganos” y recuerda que hay una industria “subterránea” además de las agencias visibles. “Todo lo que yo he recopilado es la información que encuentro de manera relativamente fácil investigando, y aun así vemos también que a pesar de que no es legal en muchos países, se sigue haciendo. Hay muchos agujeros ahí oscuros en todo este tema”, recuerda.

Los favorables a la gestación tachan la medida de “totalitaria”

"Es un paso más de toda una campaña de odio que se ha ido orquestando desde el Gobierno dedicada a estigmatizar a las familias que tienen hijos por gestación subrogada", ha señalado en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de la Asociación Son Nuestros Hijos, Antonio Vila-Coro, en relación con la actualización que se ha llevó a cabo el pasado miércoles en el Consejo de Ministros. Estos requisitos suponen para esta asociación una medida “autoritaria” y “estigmatizadora”.

Para aquellos que defienden la gestación subrogada, esta instrucción supone ir “en contra” de lo que están haciendo países del entorno español como Dinamarca, Irlanda, Grecia o Portugal. Remarcando que estos están apostando más por "medidas reguladoras que estigmatizadoras". Además, apuntan a cómo afecta esto a “los niños que van a quedar en un limbo legal sin poder acceder al Registro Civil”. "Vulnera sus derechos y les deja desprotegidos, aunque lo peor en esta situación es el señalamiento público", afirma Vila-Coro.

"¿A qué los sometes? A una manera más lenta, si acaso, si es que se puede, y a una manera incorrecta, con una recogida de la filiación que no es la filiación adecuada, es decir, que los padres que figuran en el certificado de nacimiento de los niños en el país de origen no van a ser los mismos padres que aparecen en el certificado español. Aparecería la gestante en lugar de la madre y entonces eso priva a los niños de derecho", apunta el vicepresidente señalando que podrían surgir problemas como las bajas por maternidad y paternidad o las herencias que podrían percibir –o no- los hijos de una u otra madre.

La posición de los partidos españoles

La situación política en España al respecto de la gestación subrogada siempre ha estado cogida con pinzas. El único partido que se posicionó a favor de su implantación fue Ciudadanos, que buscaba “amparar la libertad y la autonomía de las personas para darles capacidad reproductiva”. El resto o afirman que el debate todavía se tiene que producir el debate en la sociedad –afirmando que es más complicado de lo que parece y que no todo es blanco y negro- o negando la posibilidad de que se abra la puerta a a los vientres de alquiler.

En esa perspectiva se encuentra el Partido Socialista, que sustenta su posición sobre la gestación subrogada como una forma de violencia y de explotación a la mujer. Varios representantes socialistas, como María Jesús Montero, han afirmado que “es una forma más de explotar el cuerpo de la mujer para hacer negocio”. A lo largo de los diferentes programas electorales que el partido ha presentado, su postura respecto al tema nunca ha cambiado. Ya en 2019 aseguraban que “los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas”.

El Partido Popular es uno de los que pide un “debate sosegado” acerca de la gestación subrogada, pero rechazan la mercantilización del cuerpo de la mujer. A lo largo de la historia del partido, nunca se han llegado a decantar por ninguna de las vías. “Cuando tengamos un Gobierno sensato que no intente imponer su visión parcial de la realidad. Cuando sentemos a médicos y expertos en familia se podrá hablar de la gestación subrogada. Necesitamos rellenar los vacíos legales que existen”, declaraba el actual líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Por ahora, el momento de plasmar el debate encima de la mesa parece que todavía no ha llegado.

En una línea similar se encuentra Sumar, que por el momento no se ha posicionado acerca del asunto. Es más, en su programa electoral no dedica ninguna línea al respecto e incluso en el acuerdo de coalición entre la formación liderada por Yolanda Díaz y los socialistas se quedaron fuera del texto tanto la abolición de la prostitución como la prohibición de la gestación subrogada. Podemos sí se muestra más contundente ante este asunto asegurando que asegura que su posición política se sustenta en que “la convicción de que priorizar deseos e intereses frente a los derechos humanos debe quedar fuera de consideración para quienes luchamos por una sociedad justa e igualitaria”. Además, matiza a aquellos que aseguran esta práctica como “altruista” de que “si de verdad se quiere indagar en posibilidades altruistas, no es admisible nada que involucre intercambio económico asimilable a la compraventa”.

Otro de los partidos que se posiciona radicalmente en contra de la gestación subrogada es Vox. El partido liderado por Santiago Abascal ya reclamó en 2023 que el Congreso de los Diputados aprobara su prohibición y, en 2020, llevo una iniciativa para ilegalizar esta práctica. En su iniciativa, así como en la intervención de la diputada Lourdes Méndez, el partido de Abascal denunció “la cosificación y explotación del cuerpo de la mujer, así como el comercio de niños como si fueran objetos”.

La gestación subrogada seguirá protagonizando debates a lo largo del tiempo porque, pese a su prohibición, los flecos legales que tiene la ley sigue permitiendo a aquellos que los deseen encontrar la trampa para poder realizar esta práctica. A lo largo de los años, solicitudes de la prohibición completa se han ido sucediendo, sin embargo todavía nos encontramos en el banco de niebla. 

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