Cuando el 28 de diciembre de 2004 se aprobó la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género no solo se dio un paso para la protección de las víctimas de violencia machista, sino que hubo un antes y un después en la percepción social de la violencia contra las mujeres.

Después de años de reivindicaciones por parte de los movimientos feministas, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la ley hace dos décadas convirtiendo a España en el único país europeo con una ley integral contra la violencia de género en Europa. El texto fue pionero no solo por abordar el aspecto penal, sino por centrarse en aspectos de prevención, sociales o educativos.

La legislación se ha reformado en varias ocasiones para mejorar sus carencias y se espera que se introduzcan nuevas modificaciones después de que se firmara el Pacto de Estado contra la violencia de género hace una semana. Todo con la intención de que la protección de las mujeres víctimas de violencia machista siga ampliándose como se hizo en 2004.

“Esta ley fue muy muy relevante. Fue un cambio de paradigma porque antes de esta ley e incluso al principio, cuando entró en vigor, cuando las mujeres iban a un cuartel de la Guardia Civil o la comisaría de Policía las cosas se arreglaban con un ‘será poco lo que te pega’, ‘son cosas que hay que arreglar dentro del matrimonio’... esta era la forma de abordarlo”, explica Inmaculada Poveda, vocal de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

La jurista recuerda que “tuvo que pasar un tiempo para que se empezar a tomar un poco más en serio” y que antes para que una mujer denunciara “tenía que ser una persona muy fuerte porque tenía que luchar contra la familia, contra la sociedad porque todo el mundo pensaba que eran cosas que pasaban y que había que aguantar”.

Es algo en lo que coincide Soledad Romero, educadora social en la asociación ALMA, Contra la Violencia de Género, que califica esta ley de pionera. “Antes cuando una mujer iba a poner una denuncia lo primero que se le decía es ‘lo que tienes que hacer es volver a casa con tu pareja’, o ‘son cosas del matrimonio’ o ‘son cosas normales en una pareja”, insiste Romero, que pone el ejemplo del caso de Ana Orantes como un momento clave para la concienciación sobre la violencia machista.

“Ana Orantes fue una mujer que murió en el 97 quemada viva por su exmarido. Esa mujer puso 40 denuncias a lo largo de su matrimonio y nunca fue atendida, siempre la mandaban a casa. De hecho, cuando tuvo la posibilidad de separarse un juez les obligó a vivir uno arriba y otro abajo en el mismo domicilio. Esta mujer fue a un programa para que se la escuchara, para hacer una denuncia social, no se contempló la de cantidad de denuncias que esa mujer tenía. En ese momento los derechos de esa mujer eran menos que nada”, rememora Romero sobre la mujer andaluza, que fue asesinada por su marido tras contar cómo la maltrataba en televisión.

Además del caso de Orantes, la educadora destaca el trabajo de los movimientos feministas para concienciar sobre el problema y en consecuencia sacar adelante la ley del 2004. “Hoy por hoy vas a una comisaría, te atienden, existe esa empatía. Hoy por hoy tienes la capacidad de poder ir y poner tu denuncia, esto antes no se contemplaba. El que tengamos esa cobertura social, que podamos decir que una mujer es víctima de violencia de género... es que fue hace nada, hace solo 20 años. Antes las mujeres no valíamos absolutamente nada”, rememora Romero.

“El punto inicial era ir a los cuarteles o a las comisarías y ahí muchas veces te ponían un tope y te ibas sin denunciar”, cuenta Inmaculada Poveda sobre la dificultad de denunciar al agresor antes de que se aprobara la ley integral que, según ella, introdujo muchas cosas buenas. “Se crearon muchos centros de mujeres a los que se iba primero. Ahí se sentían más reconocidas, alentadas, porque las asesoras jurídicas del centro les explicaban que estaban siendo víctimas de violencia y podían tener más fuerza para interponer la denuncia”, explica la jurista.

Además, Poveda destaca que fue la primera ley integral, por lo que el abordaje del problema era total. “No solamente se hablaba de la parte penal, de la modificación del código penal, se abordaban muchas cuestiones transversales. Pues qué pasaba con una mujer si por ejemplo era extranjera y no tenía papeles en España. Se les daba una solución y podían solicitar una arraigo extraordinario por ser víctima de violencia”, cuenta la jurista.

Poveda también destaca las modificaciones en el ámbito laboral porque “muchas veces estaban en el mismo centro de trabajo la víctima y el agresor” o herramientas como la renta de inserción o los planes de empleo municipales para mujeres que dependen económicamente de su maltratador. “En ese sentido fue una ley superpionera porque abordaba todos los ámbitos”, destaca.

Reformas y margen de mejora

A pesar de que la ley fue un punto de inflexión, con el tiempo se fueron viendo algunas carencias a la hora de aplicarla o aspectos que se podían mejorar. “No ha sido estático desde el 2004, en función de las carencias que se han ido viendo se han ido haciendo reformas. Por ejemplo, el baremo que hay en cada denuncia de violencia se ha modificado porque eso es lo que determina el riesgo al que se enfrenta la víctima”, explica Poveda.

“Al principio se hacían unas preguntas que indicaban muy poco y en aquella época los índices de evaluación de riesgo casi siempre eran bajos o no apreciados, porque no consideraban muchas cuestiones que ahora sí se consideran. Se afina mucho más y se hace más certero porque las preguntas que se hacen se han mejorado. Sigue habiendo riesgos bajos, pero antes de encontrabas casi todo bajo y ahora la mayoría son medios o altos. Ahora, por ejemplo, se tiene en cuenta si ha habido intervención policial aunque no haya existido denuncia previa o si la violencia se ha ejercido delante de los hijos”, revela la jurista sobre cómo han ido cambiando los protocolos.

Además, Poveda explica que “el objeto es proteger a las mujeres víctimas de violencia y había algunas herramientas para demostrar que los niños, los hijos, también eran víctimas de violencia, pero no los identificaba como víctimas de violencia”. Una situación que ha cambiado con Ley 6/21 de protección de la infancia y la adolescencia, en la que “sí que se incluye que los niños aunque no hayan sido objeto directo de violencia, que el agresor no les pegue, por el solo hecho de vivir en un ambiente de violencia contra su madre son víctimas de violencia”.

“Fue superimportante porque antes se dictaban órdenes de protección, pero solo protegían a la madre a menos que en la misma denuncia se denunciaran agresiones contra los menores. Lo que se hace a partir de ahora si la violencia se ha ejercido dentro del domicilio, si estaban en proceso de separación y había medidas respecto al régimen de visitas es que se suspende. Si no hay ninguna medida porque no se ha iniciado un procedimiento lo que se hace es que se suspenden también”, cuenta Poveda.

La jurista explica que todavía sigue latente la idea de que “como la violencia se ejerce contra las mujeres los padres siguen teniendo derecho a ver a sus hijos” y recuerda que es necesario regular la violencia vicaria tal y como exige la Unión Europea. “No existe ningún artículo en el código penal que hable de violencia vicaria”, recuerda Poveda.

Además de la violencia vicaria, la jurista también reformaría la legislación para tipificar la violencia digital, algo que se recoge en el Pacto de Estado firmado hace solo unos días, o la violencia económica, tal y como exige el Convenio de Estambul. “En nuestra legislación actual es la eterna desconocida. Es una realidad y lo peor es que intentas hablar de eso, de acoso económico, y eso nunca prospera”, lamenta Poveda.

“Es más, cuando la mujer reclama algo de dinero lo que se visualiza es que estamos en un conflicto de separación o divorcio con intencionalidades económicas y que no es un tema de violencia y se archiva”, explica Poveda, que pide que se reforme de manera inminente ya que muchas mujeres no pueden salir de su relación por la dependencia económica de su agresor. A pesar de que la situación no es la misma que hace treinta años, las mujeres siguen ejerciendo mayoriamente el rol de cuidadora, acogiéndose a reducciones de jornada o incluso dejando de trabajar y perdiendo independencia económica.

Para Soledad Romero “esta ley está bien y por fin nos sentimos protegidas, pero se pueden hacer mejoras” y una de ellas es que la materia de igualdad sea fundamental en los colegios. “Se supone que la materia de igualdad va en el plan curricular de cada centro educativo, pero una cosa es que la igualdad vaya incluida como materia transversal y la realidad es que lo tocan dos veces al año y te dan la hora de tutoría para que tú puedas explicar qué es la igualdad. En el momento en el que te están dando la hora de tutoría ya no le están dando la importancia que merece porque es una hora de ‘venga qué hacemos en este rato’. Si ya desde el centro educativo se le resta importancia imagina lo que le estás transmitiendo al alumnado”, lamenta la educadora.

“Si se incluyera como asignatura obligatoria en el plan curricular te garantizo que no estaríamos hablando de violencia de género en un futuro. Habría casos, obviamente, pero no tantísimos como hay ahora”, defiende Romero.

La formación, imprescindible para seguir avanzando

Además de aspectos legislativos de la propia norma, Romero y Poveda coinciden en que hace falta formación en todos los estamentos que forman parte de la atención a las víctimas. "Hace falta formación de los cuerpos de seguridad del estado, no tienen una formación continuada cada cierto tiempo. Al final no es algo que se implante de manera obligatoria y ellos mismos piensan ‘ya estoy aquí dentro si quiero hacerlo lo hago pero si no, no", denuncia Romero. 

"Es importante porque hay que tener en cuenta que cuando una mujer va a poner una denuncia el proceso es una bestialidad, es un momento excesivamente vulnerable y el profesional tiene que tener la empatía suficiente de entender que quizás no se acuerda de todo lo que se le pregunta porque tiene un impacto emocional que es una barbaridad", defiende la educadora social, que cree que tienen que existir formaciones específicas.

Romero recuerda que la violencia para la mujer está presente en diferentes ámbitos y por eso la formación tiene que ser transversal. "No se hace porque sigue habiendo muchísimo machismo en muchísimos ámbitos. La legislación es interpretativa, igual que los protocolos de actuación. Existen, pero habrá profesionales que los apliquen o no. El que exista una ley no nos garantiza que se cumpla o que estés totalmente protegida. Tiene que existir y tenemos el respaldo de poder denunciar, de abogado, de asesoría jurídica gratuita, pero...", relata. 

Poveda por su parte asegura que "hay muchos jueces de lo penal que especializados no están", algo que debería ser necesario para trabajar en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. "Es que parece un tópico, pero es una realidad y todavía hay que justificar por qué una mujer va y pone una denuncia. Si lleva un moratón en el ojo sí, pero como trates de ahondar... porque esa mujer ha podido estar sufriendo violencia psicológica, violencia económica, pero solo se enjuicia el moratón", lamenta la jurista. 

La formación que demandan Poveda y Romero es fundamental, pero también la educación desde la base para que leyes como esta sean cada vez menos necesarias. "La respuesta social que estoy viendo ahora mayoritariamente es que se está de acuerdo en que exista una ley contra la violencia de género que proteja a la víctima, pero luego veo la otra parte con hombres que se sienten atacados, que dicen que es una ley dirigida contra ellos, que ellos no son nada...", lamenta Romero. 

"Estoy viendo que a nivel de menores, por temas de política o medios de comunicación, les veo muy reacios", cuenta sobre su experiencia en los centros educativos en los últimos tiempos. Aún así, Romero no deja de poner en valor la importancia de la ley integral del 2004 y espera que vuelva a tener el consenso que tenía hace cinco años. "¿Por qué? Porque al final las mujeres estamos protegidas, porque aunque falte mucho una mujer va a poner una denuncia y se la escucha", celebra la educadora.