Amnistía Internacional alerta del mayor repunte de ejecuciones en el mundo desde 1981, impulsado por Irán y Arabia Saudí

El uso de la pena capital experimentó un retroceso histórico a nivel global durante el año 2025. Amnistía Internacional, en su informe de rigor de cada año dado a conocer este lunes, ha registrado el mayor número de ejecuciones llevadas a cabo en el mundo desde 1981, con al menos 2.707 personas ejecutadas. El frío dato representa un alarmante incremento de más de dos tercios (un 78%), en comparación con las 1.518 muertes registradas en 2024. 

Este sombrío panorama, detallado en Condenas a muerte y ejecuciones 2025 (que puedes leer completo al final de esta noticia), revela cómo diversos gobiernos han vuelto a situar este castigo en el centro de discursos políticos basados en la "mano dura" y la seguridad pública como una herramienta de control y represión. A pesar de este repunte generalizado, los datos también muestran un creciente aislamiento de los países retencionistas. 

Las ejecuciones conocidas en el paño pasado se limitaron a sólo 17 países en todo el planeta, manteniendo una tendencia de mínimos históricos en cuanto a dispersión geográfica. Sin embargo, el volumen de aplicaciones en esos pocos territorios ha encendido las alarmas de la comunidad internacional. De cal y de arena. 

La región de Oriente Medio y el Norte de África fue, con diferencia, el principal foco del repunte global, concentrando de forma conjunta el 93% de las ejecuciones mundiales de las que se tuvo constancia (excluyendo a China). 

El notable incremento de las cifras estuvo liderado por Irán, país que duplicó con creces su total anual en comparación con 2024, pasando de al menos 972 ejecuciones a una impactante cifra de al menos 2.159 en 2025. De acuerdo con la investigación de la organización pro derechos humanos, las autoridades iraníes continuaron utilizando la pena capital de manera punitiva y sistemática para infundir miedo en la población y sofocar la disidencia política. En especial, el uso del patíbulo se intensificó tras el conflicto armado de 12 días que Irán mantuvo con Israel y EEUU en junio de 2025. 

Durante la primera mitad del año (enero-junio) se registraron 654 ejecuciones, mientras que en el periodo posterior a las hostilidades (julio-diciembre), la cifra se disparó hasta las 1.505. Bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional, los tribunales revolucionarios iraníes -caracterizados por una grave falta de independencia y juicios injustos- aceleraron los procesos por presunto espionaje y colaboración con Tel Aviv. Al menos 11 hombres fueron ejecutados bajo estos cargos específicos tras los ataques de junio. 

Asimismo, la represión contra quienes cuestionaron el régimen tras el levantamiento de 2022 Mujer, Vida, Libertad siguió cobrándose vidas; dos hombres fueron ejecutados en relación con las protestas tras emitirse confesiones forzadas en televisión. La muerte a manos de la Policía de la Moral de la joven Mahsa Amini estuvo en el origen de ese levantamiento. Los datos que se esperan cuando cierre el presente 2026 no serán tampoco buenos, teniendo en cuenta las protestas por el coste de la vida registradas entre diciembre y febrero y los ataques redoblados de Israel y EEUU desde finales de ese mes.

Por su parte, Arabia Saudí -ese socio de Occidente por el que nadie se ruboriza- también pulverizó sus propios registros históricos al llevar a cabo al menos 356 ejecuciones, superando su récord previo de 345 establecido en 2024. El incremento en el reino saudí estuvo fuertemente condicionado por una reactivación de las ejecuciones por delitos de drogas y por la aplicación de leyes antiterroristas redactadas de manera imprecisa. 

Estas últimas afectaron significativamente a miembros de la minoría chií que habían apoyado manifestaciones antigubernamentales más de una década atrás, entre 2011 y 2013, expone el informe. 

El muro del secretismo: China, Corea del Norte y Vietnam

Una de las mayores dificultades metodológicas documentadas por Amnistía radica en el opaco manejo de la información judicial por parte de varios gobiernos, especialmente asiáticos, lo que implica que las cifras globales presentadas son, en realidad, mínimos absolutos. "En muchos países los gobiernos no publican información sobre el uso que hacen de la pena de muerte. En China y Vietnam la información sobre el uso de la pena capital está clasificada como secreto de Estado", se detalla.

AI dejó de publicar estimaciones numéricas específicas para China en el año 2009, justamente debido a la manipulación de datos por parte de las autoridades de Pekín. No obstante, la organización recalca que los datos parciales disponibles confirman que el gigante asiático sigue siendo, con diferencia, el mayor ejecutor del mundo, sentenciando y ejecutando a miles de personas cada año. 

En 2025, el Gobierno chino utilizó la pena de muerte de forma pública e intencionada para enviar mensajes de estabilidad frente a delitos financieros y de corrupción en el sector financiero, ejecutando por ejemplo a Bai Tianhui, exejecutivo de la firma China Huarong International Holdings. El secretismo estatal y las severas restricciones de acceso también impidieron obtener datos mínimos fidedignos en países como la República Popular Democrática de Corea y Vietnam. 

En el caso norcoreano, se registraron además indicios de directrices de su Tribunal Supremo para centralizar y supervisar de forma aún más estricta los procesos de ejecución judicial. 

La excusa del narcotráfico

Otra de las tendencias más preocupantes del año analizado fue el resurgimiento de enfoques punitivos extremos contra el narcotráfico, violando flagrantemente las restricciones del derecho internacional que limitan la pena capital únicamente a "los más graves delitos" (entendidos exclusivamente como homicidio intencional). 

Casi la mitad de todas las ejecuciones conocidas en el mundo durante 2025 (1.257 casos, equivalentes al 46%) se dictaron por delitos relacionados con estupefacientes.

Esta práctica se concentró de manera estricta en cinco países: 

Además, articulados de países como Argelia, Kuwait y Maldivas impulsaron reformas normativas orientadas a ampliar de manera alarmante el abanico de delitos de drogas castigados de forma preceptiva u obligatoria con la muerte. 

La 'great America' trumpista

En la región de las Américas, Estados Unidos se mantuvo, por decimoséptimo año consecutivo, como el único país que llevó a cabo ejecuciones judiciales. El total nacional escaló drásticamente hasta alcanzar las 47 ejecuciones en 2025 (casi duplicando las 25 del año anterior), registrando su nivel más alto desde el año 2009. Mucho más allá de las películas, la realidad de unas administraciones que quitan la vida. 

Este incremento nacional estuvo motivado casi en su totalidad por la gestión del estado de Florida, en manos de los republicanos. Bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, el estado ejecutó a 19 personas, la cifra anual más alta registrada en dicha jurisdicción desde 1972, cuando el Tribunal Supremo estadounidense abrió un paréntesis en la aplicación de la pena capital a nivel federal. 

El informe destaca que Florida concentró casi la mitad de las ejecuciones de todo el país. A nivel federal, el panorama político estadounidense estuvo fuertemente condicionado por el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, igualmente republicano y aupado por el movimiento MAGA (Make America Great Again). 

En el mismo día de su investidura presidencial, el magnate firmó órdenes ejecutivas destinadas a incrementar el uso de la pena capital. Acto seguido, la fiscal general Pam Bondi levantó la moratoria federal que había establecido previamente la administración de Joe Biden (demócrata), ordenando a los fiscales solicitar la pena de muerte en todos los casos legalmente posibles. 

A pesar de la retórica incendiaria en varios estados que reformaron sus protocolos para introducir métodos como el fusilamiento (Carolina del Sur) o la asfixia con gas nitrógeno (Alabama y Luisiana), el número total de nuevas condenas a muerte dictadas en EEUU descendió levemente a 23, reflejando que la tendencia histórica a largo plazo continúa a la baja. 

Violaciones sistemáticas 

El monitoreo de Amnistía constató que múltiples Estados ignoraron de forma deliberada las protecciones internacionales diseñadas para limitar la crueldad de la pena de muerte. Durante 2025 se confirmaron las siguientes irregularidades "flagrantes": 

Ejecuciones públicas

Se registraron al menos 17 ajusticiamientos a la vista de la ciudadanía en Afganistán (6) e Irán (11). Ejecución de menores de edad: Al menos tres personas fueron ejecutadas en Irán (1) y Arabia Saudí (2) por delitos presuntamente cometidos cuando tenían menos de 18 años. Entre ellos se documentaron los casos de los jóvenes chiíes Jalal Labbad y Abdullah al Derazi en Arabia Saudí, condenados por participar en protestas cuando tenían 16 y 17 años. 

Uso de la tortura

Tribunales de Irán y Arabia Saudí continuaron aceptando de forma sistemática confesiones autoinculpatorias obtenidas bajo graves torturas físicas y psicológicas para emitir los fallos condenatorios. 

Juicios in absentia y tribunales especiales

Países como Bangladesh dictaron condenas a muerte en ausencia de los acusados, incluyendo los procesos abiertos por el Tribunal de Crímenes Internacionales contra la ex primera ministra Sheij Hasina. 

Y, aún así, pese a los preocupantes datos de ejecuciones totales impulsados por los países retencionistas, el movimiento abolicionista global anotó hitos significativos que confirman que el avance general hacia la erradicación de la pena capital sigue firme. Al cierre de 2025, el número de países abolicionistas para todos los delitos se elevó a 113, en claro contraste con los escasos 16 que existían en 1977. 

En el África subsahariana, las ejecuciones disminuyeron un 47% respecto al año anterior, circunscribiéndose únicamente a Somalia y Sudán del Sur. Gambia protagonizó un paso histórico al aprobar la reforma de su Ley de Infracciones Penales y su Ley de Procedimiento Penal, eliminando la pena de muerte para los delitos de asesinato y traición. En la misma región, Zimbabue culminó un proceso penal de revisión que conllevó la conmutación completa de todas las condenas a muerte existentes en el país por penas de prisión alternativas. 

En Asia, las autoridades de Vietnam redujeron de 18 a 10 los delitos punibles con la pena capital en su Código Penal, aboliendo este castigo para tipos penales como el soborno, la malversación de bienes y el transporte de drogas. Por su parte, el Tribunal Constitucional de Kirguistán frenó en seco las iniciativas del poder ejecutivo para reintroducir la pena capital, declarando inconstitucionales los proyectos al violar de forma directa el derecho a la vida y los tratados internacionales ratificados por el Estado. 

Uno de los casos más emblemáticos de justicia individual ocurrió en el estado de Alabama (EEUU), donde la gobernadora Kay Ivey concedió el indulto y conmutó la sentencia de Rocky Myers. Myers, un hombre negro con discapacidad intelectual, había pasado más de 30 años en el corredor de la muerte tras un juicio plagado de irregularidades raciales y abandono legal, convirtiéndose en el primer indulto a un preso afroamericano en la historia moderna del estado.