Bolsonaro pensó en fugarse a Argentina y pedir asilo político a Javier Milei
La Policía brasileña halló en un móvil del expresidente un borrador de 33 páginas en el que se declaraba víctima de una “persecución política” y justificaba su huida.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario, contempló la posibilidad de solicitar asilo político a Javier Milei para instalarse en Argentina. Así lo revela un informe de la Policía Federal divulgado este miércoles, en el que se detalla el hallazgo de un documento de 33 páginas en el teléfono móvil del exmandatario ultraderechista.
Los investigadores explican que el escrito, sin fecha ni firma pero dirigido expresamente al presidente argentino, estaba en el dispositivo desde 2024, cuando comenzaron las primeras diligencias del caso por intento de golpe de Estado. En él, Bolsonaro aseguraba ser víctima de una “persecución por motivos y por delitos esencialmente políticos” y se declaraba objeto de medidas cautelares que buscaban “restringir” su libertad.
Sospechas sobre su entorno familiar
El archivo fue localizado en el marco de las pesquisas por las que Bolsonaro y su hijo Eduardo, diputado y residente en Estados Unidos desde marzo, están acusados de “coaccionar” a la Corte Suprema brasileña con el fin de torpedear el juicio por golpismo que afronta el expresidente. La Policía sospecha incluso que el documento con el pedido de asilo habría sido redactado por la esposa del senador Flavio Bolsonaro, otro de los hijos del exjefe de Estado.
La investigación apunta a que tanto Jair como Eduardo Bolsonaro intentaron “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno de Donald Trump a ejecutar “actos hostiles contra Brasil” para presionar al Supremo. Ese movimiento se tradujo en sanciones contra varios jueces y en un arancel adicional del 50 % a las importaciones brasileñas, medidas que el magistrado Alexandre de Moraes ha interpretado como un intento de obstrucción a la Justicia.
Un juicio con una condena de hasta 40 años
El Supremo juzgará a Bolsonaro a partir del próximo 2 de septiembre por su papel en la trama para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. La Fiscalía lo acusa de “liderar” una conspiración golpista y se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de cárcel.
Mientras tanto, el juez De Moraes ha dado 48 horas a la defensa del expresidente para explicar “el incumplimiento de las medidas cautelares, la reiteración de conductas ilícitas y la existencia comprobada de riesgo de fuga”, después de que la Policía confirmara que Bolsonaro no ha respetado la prohibición de utilizar sus redes sociales.
El caso ha sumado esta semana a un nuevo investigado: el pastor evangélico Silas Malafaia, aliado íntimo del exmandatario y figura de peso entre sus bases. La Policía sostiene que Malafaia participó en la articulación de una campaña destinada a vincular el levantamiento de las sanciones de Trump con una amnistía para los acusados en el complot golpista.