EEUU permite a Venezuela pagar la defensa de Maduro y su esposa
El Tesoro autoriza una excepción a las sanciones para que el Gobierno venezolano cubra los honorarios legales de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
EEUU ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague los honorarios de la defensa de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, encarcelados en Nueva York y procesados por cargos vinculados al narcotráfico. La decisión modifica parcialmente el efecto de las sanciones estadounidenses sobre Venezuela y despeja, al menos por ahora, uno de los principales argumentos de la defensa para intentar tumbar el caso.
Hasta ahora, Washington impedía que el Ejecutivo venezolano financiara los abogados del matrimonio por las restricciones impuestas al país. La defensa alegaba que ese bloqueo vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU, que garantiza el derecho de un acusado a contar con el abogado de su elección. Según el escrito judicial, el Departamento del Tesoro permitirá ahora esos pagos bajo condiciones concretas.
Los pagos no podrán salir del petróleo controlado por EEUU
La autorización no es plena. Los fondos deberán estar disponibles para el Gobierno venezolano después del 5 de marzo de 2026 y no podrán proceder de las ventas de petróleo venezolano reguladas en EEUU, cuyos ingresos se canalizan a cuentas especiales supervisadas por Washington.
El fiscal Jay Clayton comunicó la medida al juez Alvin Hellerstein, encargado del caso en Nueva York. Tras la exención, la defensa reconoce el cambio y retira por ahora su moción para desestimar los cargos.
Maduro y Flores se declaran no culpables
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados en Caracas el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense y trasladados a Nueva York. Ambos permanecen recluidos en Brooklyn y se han declarado no culpables de los cargos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas.
El caso queda ahora centrado en el fondo de la acusación. Para la defensa, la cuestión de los pagos era clave porque afectaba al derecho constitucional a una representación legal efectiva. Para la Fiscalía, las sanciones respondían a motivos de seguridad nacional, aunque el Tesoro ha optado por abrir una vía limitada para evitar que ese conflicto procesal bloquee el juicio.
