El terremoto doble de Venezuela, la nueva plaga sobre un país en colapso económico

Este 24 de junio debía ser un día de calma en Venezuela para conmemorar el aniversario de la Batalla de Carabobo, seña nacional desde 1821. Fastos, festivos, tranquilidad. Pero dos terremotos encadenados, de magnitud 7,2 y 7,5 y separados por 39 segundos apenas, sacudieron el norte país hacia las 18:00 horas (seis más en Madrid) y todo se quebró. A esta hora, el balance provisional arroja al menos 188 muertos y más de 1.520 heridos, pero los daños, con centenares de edificios colapsados por completo, se esperan aún mayores, por más que no haya llegado el temido tsunami. 

Hay zonas de las que apenas llegan noticias confirmadas, como La Guaira, el estado más afectado. Tras horas de corte de comunicaciones, los datos se conocen a cuentagotas, con el miedo de que las horas confirmen lo que muchos temen. "Es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", como lo ha definido la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. 

La doble catástrofe natural es lluvia sobre mojado en un país que vive en un claro colapso económico, que arrastra una crisis humanitaria que ya se teme permanente, donde el sistema que garantiza lo básico -empezando por los servicios públicos-, es extremadamente frágil y donde la hiperinflación intermitente, la caída del poder adquisitivo y la desigualdad ahondan el drama. Lo dicen el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), pero sobre todo lo dicen los venezolanos, chavistas o críticos, militantes o templados, que aún resisten en el Caribe. 

Las organizaciones locales de la sociedad civil venezolana que conforman la plataforma HumVenezuela -creada en 2019, en un contexto de amplias restricciones de información, para proporcionar datos sobre las necesidades de la población- difundió en marzo su sexto informe se seguimiento y los datos que aporta son terribles. En una población estimada de 28,5 millones de personas en 2025, hay 18,2 millones en necesidad por "privaciones múltiples", de las que 12,4 millones tiene necesidades humanitarias críticas y, dentro de ellas, 5,5 millones presenta necesidades severas. Se habla de "agotamiento de medios de vida, privaciones de salud, deficiencias de agua e inseguridad alimentaria", lo que hace que 4,3 millones de venezolanos, hoy, tengan intención de migrar (por más que el dato haya bajado medio punto en un año).

De hecho, Venezuela ha reducido en 30% su población, equivalente a 9,9 millones de personas en los últimos 10 años. Entre 2024 y 2025, dos millones de personas se fueron del país. El desplazamiento interno se mantiene en un millón de personas. Actualmente, residen cerca de 600.000 personas de origen venezolano en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Los ingresos promedios en la nación son de 237,7 dólares mensuales por hogar (7,9 diarios o 2,6 por persona), con una cesta básica de 1.100 dólares mensuales. La necesidad aprieta y se calcula que 5,8 millones de ciudanos tienen que hacer trabajos informales precarios para subsistir. Directamente, hay 17,9 millones de personas que han reducido su consumo de alimentos y 18,2 millones usan de manera intensiva sus medios de vida para comer. De ellas, 8,4 millones están en "inseguridad alimentaria moderada" y más 3,4 millones en "inseguridad alimentaria severa". A menudo, pasan hambre, sostiene el dossier. 

HumVenezuela constata que hay 17,6 millones de personas que han perdido servicios de salud (públicos y privados) en Venezuela, más 11,6 millones con problemas de salud graves (agudos y crónicos) que no tiene atención médica ni tratamientos garantizados. De ese grupo, 5,5 millones dejó de recibir atención médica y tratamientos por tiempo "prolongado". Otro dato sobre la erosión de lo público: más de un millón de niños en edad escolar se encuentra fuera de la escuela, en un sistema educativo en el que el 64,5% de las escuelas deterioradas. Hay 2,9 millones de menores en hogares con "altas privaciones", que pasa dificultades para comer, y 3,5 millones sin alimentación en la escuela, que fue en el pasado un clavo ardiendo para los más necesitados. 

Hay más números, en apariencia fríos, que completan la radiografía de las carencias de Venezuela, como los 17,8 millones de personas con severas restricciones de agua, de las que 15,4 millones reporta agua contaminada, de las que 10 millones no tiene posibilidad de usar método de purificación alguno, 5,9 millones reduce la ingesta de agua porque no queda otra y 2,5 millones bebe agua no segura, contraviniendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Hoy hay más 16 millones de venezolanos con déficit en servicios básicos: 12,4 millones no cuenta con transporte público en su comunidad y debe caminar, 11 millones afronta fallos eléctricos serios... En 2025 se produjo un corte masivo de gas doméstico que afectó a 21,8 millones de personas y tardó semanas en recuperarse, si sirve de botón. 

En el informe se añade que 7,1 millones de personas reportan riesgos altos de inseguridad en sus entornos diarios y 1,9 millones fue víctima de abusos o violencia (en 50% de los casos cometidos por funcionarios y 21% por grupos de delincuencia). 

Los riesgos de desastres también aumentaron para 15,1 millones de personas, se indica, un dato más peligroso aún si te tiene en cuenta que cerca del 80% de los habitantes del país se encuentran en áreas de vulnerabilidad ante movimientos de la corteza terrestre. La configuración geológica nacional, marcada por la presencia de fallas activas, convierte a Venezuela en uno de los territorios más expuestos del norte de Sudamérica. Esta noche lo hemos visto. 

El contexto con el nuevo 'amigo americano'

El dibujo de la realidad socioeconómica de Venezuela es, pues, de intensa incertidumbre y debilidad, en todos los frentes. Son recurrentes los discursos institucionales de ambiciosos planes para reconfigurar el panorama energético nacional, por ejemplo, echando mano de su fuente natural de riqueza para avanzar, pero los indicadores y la calle reflejan una brecha alarmante entre el oficialismo y la realidad. 

En febrero pasado, el Fondo Monetario Internacional dio la razón a todos los diagnósticos de HumVenezuela. El organismo internacional rompió su habitual silencio informativo sobre el país al calificar la coyuntura económica y humanitaria venezolana como "bastante frágil", alertando sobre una persistente inflación de tres dígitos y un ritmo acelerado de depreciación de la moneda local. Estos factores económicos asfixian el día a día de una población cuyo verdadero y urgente reto no radica en las proyecciones a largo plazo de la industria extractiva, sino en la lucha diaria por llevar comida a la mesa, era su resumen. 

Tras años de distanciamiento institucional y de relaciones formalmente suspendidas desde 2019, la portavoz del FMI, Julie Kozack, detalló que Venezuela padece de niveles "alarmantemente altos de pobreza" y "una desigualdad socioeconómica" que se profundiza con el paso de las semanas. Según su análisis, a pesar de que el Gobierno venezolano ha intentado proyectar ciertos márgenes de estabilización en meses anteriores, las estimaciones técnicas del FMI arrojan sombras sobre el futuro financiero inmediato. 

El organismo anticipa que la nación continuará sumida en una dinámica de inflación de tres dígitos en este año, acompañada por una devaluación sistemática y rápida de su signo monetario. Esta depreciación ha presionado de manera insostenible los precios internos de los bienes de consumo masivo, ensanchando drásticamente la brecha entre los salarios reales de los trabajadores y el costo efectivo de la canasta alimentaria básica. Asimismo, el estatus institucional del país ante los mercados financieros globales sigue severamente limitado. 

La portavoz del FMI recordó que, debido a la suspensión de las relaciones formales en 2019, Venezuela continúa privada de acceder a sus Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo de reserva internacional crítico que puede convertirse en divisas duras de uso global como dólares, euros, yenes, libras esterlinas o yuanes chinos, y que serviría en teoría para aliviar la asfixia de la balanza de pagos estatal. 

El trasfondo de esta profunda crisis económica y humanitaria está indiscutiblemente ligado a la industria petrolera, históricamente el principal pilar financiero de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el 3 de enero un ataque contra el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, que fue arrestado junto a su esposa, Cilia Flores; ambos están ahora en una prisión de máxima seguridad de Nueva York. Tras el golpe, Delcy Rodríguez ascendió a presidenta "encargada" y pasó de ser la mano derecha de Maduro a la máxima colaboradora de la Casa Blanca. Dice Trump que es "estupenda", que se trabaja "muy bien con ella" y, por eso, esta madrugada ya le ha ofrecido ayuda a sus "nuevos y grandes amigos". 

Básicamente, Washington ha firmado acuerdos con Caracas, bajo enorme presión, por los que controla actualmente la comercialización, las ventas y los flujos financieros del petróleo de Venezuela. Una tutela total, muy rentable para sus arcas. Trump ha esbozado grandes y ambiciosos planes orientados a reactivar el sector energético venezolano, prometiendo una serie de acuerdos de gran alcance que teóricamente atraerían masivas inversiones estadounidenses directas hacia los campos de extracción del país caribeño. 

No obstante, la materialización de este pretendido salvavidas financiero se encuentra rodeada de serias dudas y obstáculos de carácter estructural. Tras décadas de mala gestión gubernamental, falta crónica de inversión en mantenimiento y exploración, desvío masivo de recursos y el impacto acumulativo de las sanciones internacionales, el principal motor de la economía venezolana y el aparato productivo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se hallan en un estado de grave postración. 

Aunque ya existen indicios preliminares en los mercados de que algunos de estos planes de la Administración Trump podrían estar tomando forma mediante contactos o autorizaciones específicas, los analistas internacionales mantienen una postura marcadamente escéptica. Especialistas de firmas internacionales de análisis político y energético citados, por ejemplo, por el New York Times, señalan que no existe ninguna claridad sobre si estos potenciales acuerdos y el flujo de capitales derivados terminarán verdaderamente beneficiando a la economía real de la nación o si se traducirán en una mejora tangible para el ciudadano de a pie a largo plazo. 

Sí existe el riesgo latente de que la reactivación se concentre en enclaves corporativos aislados, sin un efecto multiplicador en los salarios generales ni en la reconstrucción del destruido tejido social venezolano. Por el momento, la percepción dominante apunta a que prevalece una voluntad política y comercial desde Washington orientada esencialmente a extraer el crudo y comercializarlo en los mercados globales de forma expedita, sin que ello garantice la resolución de los problemas fiscales, inflacionarios e institucionales subyacentes de Caracas.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, mantiene discusiones regulares sobre los asuntos relacionados con Venezuela con las autoridades fiscales de los EEUU, de manera específica con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. El informe de febrero, de hecho, es parte de esa nueva etapa. Estas reuniones abordan la viabilidad institucional de Venezuela en el nuevo tablero geopolítico y los mecanismos potenciales de asistencia técnica o financiera ante un eventual cambio de postura de las partes involucradas. Actualmente, el FMI se guía por la postura de la comunidad internacional y se encuentra en una fase preliminar calificada como de "recopilación de información y hechos". El objetivo central de esta etapa es evaluar con precisión la magnitud real de las variables internas venezolanas y estructurar el marco técnico apropiado para cuando las condiciones diplomáticas permitan restablecer los canales oficiales. 

Mientras tanto, los ingresos del Estado venezolano por concepto de exportaciones petroleras se estiman tímidamente en unos 5.000 millones de dólares, una fracción sustancialmente menor de lo que el país percibía en épocas de bonanza y un monto a todas luces insuficiente para financiar por cuenta propia la reconstrucción total de la infraestructura de servicios y revertir los índices de pobreza extrema y desnutrición que azotan el territorio nacional. 

Al menos, entre las terribles noticias que deja el doblete sísmico, hay una positiva: no hay daños reseñables en la infraestructura petrolera del país, que puede seguir siendo su gran baza de progreso. Según detalla la agencia Reuters, las autoridades de Protección Civil en Maracaibo, cerca del importante centro petrolero del Lago de Maracaibo confirman que no hay afectación ni víctimas en la zona. La petrolera británica Shell, que está evaluando el desarrollo de yacimientos de gas en Venezuela, informó también que todos sus empleados en el país se encuentran a salvo y sin heridos, tampoco hay daños en las factorías. 

No obstante, una fuente señaló a la agencia británica que la prolongada interrupción del suministro eléctrico podría afectar los niveles de producción de crudo hasta que se restablezca el servicio. El Ministerio de Petróleo de Venezuela, la petrolera estatal PDVSA y su principal socio extranjero, Chevron, no han valorado por el momento el estado de la cuestión.