Maduro vuelve ante el juez: acusa a Trump de obstaculizar su defensa y pide desestimar la causa por narcoterrorismo

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro comparecerá este jueves ante un tribunal estadounidense acusado de delitos que incluyen narcoterrorismo, materia que rara vez se ha puesto a prueba en un juicio y cuyo historial de éxito es limitado. 

El chavista, de 63 años, gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, una operación en la que también se arrestó a su esposa, la abogada Cilia Flores. Ya el 5 de ese mes, trasladado a Nueva York, se declaró inocente de todos los cargos presentados en su contra.

Hoy, el ahora recluso intentará convencer al juez de que el Gobierno estadounidense está interfiriendo en su capacidad para defenderse de los cargos relacionados con el narcoterrorismo y que el caso debe ser desestimado. El abogado de Maduro, Barry Pollack, declaró el mes pasado que tendrá que retirarse si EEUU no permite que el Gobierno de Venezuela pague sus honorarios legales.

Pollack afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro otorgó y posteriormente revocó una licencia que permitía al Gobierno venezolano pagar sus honorarios legales.

Tanto los Maduro como el Gobierno venezolano están sancionados por Estados Unidos, por lo que cualquier persona que solicite un pago debe obtener una licencia para evitar infringir las leyes de sanciones estadounidenses.

Según el abogado, la revocación viola el derecho constitucional de Maduro a defenderse de los cargos. El abogado de Flores de Maduro se sumó a la moción. Si el juez no desestima el caso, solicitan una audiencia para analizar el proceso de toma de decisiones del Gobierno.

El fondo legal

La ley de 2006 en cuestión para buscar las vueltas a Maduro, promulgada para combatir el narcotráfico vinculado a actividades que Estados Unidos considera terrorismo, solo ha dado lugar a cuatro condenas en juicio, según un análisis de Reuters de los registros de los tribunales federales; dos de ellas fueron posteriormente anuladas por cuestiones relacionadas con la credibilidad de los testigos.

Este historial irregular pone de manifiesto lo que podría ser un desafío fundamental para la fiscalía en el caso Maduro: convencer al jurado de que las pruebas aportadas por informantes colaboradores establecen de forma creíble un vínculo consciente entre los presuntos delitos de narcotráfico y el terrorismo.

"La lección de estos dos casos no es que la ley contra el narcoterrorismo sea inviable", afirmó Alamdar Hamdani, socio del bufete Bracewell y exfiscal federal en Houston. "La lección es que el elemento más exigente de la ley -probar el conocimiento del acusado sobre el vínculo con el terrorismo- requiere una calidad de pruebas y un nivel de diligencia procesal que no deja margen para deficiencias institucionales, errores ortográficos o la aceptación acrítica de lo que declaran los testigos", añadió.

Los fiscales aún no han revelado quién testificará contra Maduro. Sin embargo, un exgeneral venezolano acusado junto con Maduro declaró a la misma agencia que está dispuesto a cooperar.

Las acusaciones

El Congreso creó la ley contra el narcoterrorismo hace 20 años para perseguir a los narcotraficantes que financian actividades que Estados Unidos considera terrorismo. Desde entonces, 83 personas, incluido Maduro, han sido acusadas de violarla. Treinta y una personas se declararon culpables de narcoterrorismo o cargos menores, ocho están a la espera de juicio y decenas no se encuentran bajo custodia estadounidense, según la revisión.

Las revocaciones de condenas no afectan el caso de Maduro, y los acusados en esos casos enfrentaban cargos adicionales que no fueron anulados. El exmandatario también enfrenta otros tres cargos, incluyendo conspiración para la importación de cocaína.

Maduro está acusado de liderar una conspiración en la que funcionarios de su gobierno ayudaron a transportar cocaína a través de Venezuela en colaboración con narcotraficantes, incluyendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que Estados Unidos catalogó como organización terrorista entre 1997 y 2021. Maduro y los demás funcionarios acusados siempre han negado haber cometido delito alguno, afirmando que los cargos estadounidenses forman parte de una conspiración imperialista para perjudicar a Venezuela.

Su abogado, Barry Pollack, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el expediente del juicio por la ley de narcoterrorismo ni sobre posibles testigos en su contra. Un portavoz de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York declinó hacer comentarios sobre estos temas.

Una definición amplia

El narcoterrorismo conlleva una pena mínima obligatoria de 20 años, el doble de la pena mínima por tráfico de drogas común. Ambas penas pueden resultar en cadena perpetua.

La ley de narcoterrorismo define el terrorismo como violencia premeditada y con motivación política contra no combatientes. "Si se toma la definición legal de terrorismo y actividad terrorista, se puede generalizar bastante con el tipo de actividad de la que estamos hablando", dijo Shane Stansbury, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke y exfiscal federal.

Para condenar a Maduro, los fiscales deben demostrar que él sabía que el narcotráfico que supuestamente facilitó generaba un beneficio económico para un grupo que realizaba actividades que EEUU consideraba terrorismo, incluso si tenía otros objetivos.

"No tiene por qué ser la motivación", dijo Artie McConnell, exfiscal federal y actual socio del bufete de abogados BakerHostetler. En el primer juicio por narcoterrorismo en 2008, un afgano con supuestos vínculos con los talibanes fue condenado por ayudar a un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA) a comprar opio y heroína. Sin embargo, en 2021, un juez desestimó el cargo de narcoterrorismo después de que un tribunal de apelaciones dictaminara que su abogado no había refutado adecuadamente al único testigo que lo vinculaba con los talibanes.

En otro caso, el jurado no llegó a un veredicto en el juicio de 2011 contra un presunto narcotraficante afgano. Fue condenado en un segundo juicio en 2012, pero el cargo de narcoterrorismo fue desestimado en 2015 después de que los fiscales reconocieran que una agencia del gobierno estadounidense consideraba al testigo colaborador que lo vinculaba con los talibanes un "inventor".

La condena por narcoterrorismo de 2015 contra un colombiano por intentar enviar cocaína para las FARC e intentar comprar armas para el grupo se ha mantenido.

Un cuarto juicio por narcoterrorismo resultó en un veredicto de culpabilidad a principios de esta semana.

Los testigos, clave

Expertos legales afirman que el caso del gobierno contra Maduro podría incluir el testimonio de dos exgenerales venezolanos acusados junto a él en 2020: Cliver Alcalá y Hugo Carvajal. Ambos se han declarado culpables Ambos fueron acusados de cargos relacionados con sus vínculos con las FARC, pero ninguno accedió a cooperar al momento de declararse culpables.

En una entrevista telefónica desde la prisión federal de Cumberland (Maryland), Alcalá afirmó estar dispuesto a cooperar. Sin embargo, señaló que los fiscales habían insistido previamente en que admitiera su participación en el narcotráfico, lo cual él niega, como condición para cooperar. "No puedo, para reducir mi condena, declararme narcotraficante cuando no lo soy", declaró.

Alcalá se retiró del ejército venezolano poco después de que Maduro asumiera el poder en 2013. Posteriormente, se convirtió en un crítico acérrimo del gobierno de Maduro.

Al preguntársele si los cargos contra Maduro eran ciertos, Alcalá respondió que creía que existía "cierto fundamento" y que pensaba que Maduro tenía vínculos con un narcotraficante encarcelado en Caracas. No ofreció detalles.

Alcalá, de 64 años, cumple una condena de casi 22 años de prisión tras declararse culpable en 2023 de brindar apoyo material a las FARC. En el juicio, admitió haber suministrado armas al grupo -afirmando que lo hizo bajo órdenes del expresidente venezolano Hugo Chávez-, pero negó haber ayudado a los narcotraficantes a transportar cocaína.

La sentencia de Carvajal está programada para el 16 de abril. Su abogado se negó a comentar si cooperaría con la fiscalía.