Regreso al pasado: las sanciones de Donald Trump contra los jueces de la Corte Penal Internacional que obstaculizan la investigación de crímenes internacionales

Defiende Yanis Varoufakis que, si Europa se tomara en serio sus "valores" en lugar de relegarlos a "meras palabras retóricas para grandes discursos en Bruselas", el caso del juez francés de la Corte Penal Internacional Nicolas Guillou "sería el escándalo político del siglo, [...] el tipo de asuntos que derroca gobiernos y reaviva la orgullosa conciencia europea". Guillou vive, como él mismo ha relatado, una suerte de regreso a los años 90 desde el pasado 20 de agosto de 2025, el día en el que Donald Trump lo incluyó en una lista negra de personas sancionadas por Estados Unidos, un elenco que comparte junto a terroristas de Al Qaeda, el Estado Islámico y demás grupos del crimen organizado. ¿Su pecado? Haber autorizado a la Corte Penal Internacional a emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad.

Desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha sancionado a tres fiscales y ocho jueces de la Corte Penal Internacional por investigar los crímenes que han podido cometer no solo "personas de Estados Unidos" sino también algunos de sus aliados, como Israel, lo que incluye a su primer ministro. Trump firmó una orden ejecutiva avisando de las sanciones a los miembros del tribunal internacional poco después de que se emitiera la orden de arresto contra Netanyahu y cuando este se encontraba de visita en Washington. Durante aquel viaje, y en una rueda de prensa conjunta, el mandatario estadounidense propuso "tomar el control de Gaza".

El problema de estas sanciones es que, como pueden pensar algunos, no solo prohíbe a los perjudicados viajar o contratar servicios estadounidenses, sino que en la práctica les borra de la vida moderna. "Las sanciones afectan a todos los aspectos de mi vida diaria", explicó Nicolas Guillou a Le Monde: "Prohíben que cualquier persona o entidad estadounidense, cualquier individuo o empresa, así como sus filiales extranjeras, me presten servicios. Todas mis cuentas con empresas estadounidenses, como Amazon, Airbnb, PayPal, etc., están cerradas. Por ejemplo, hice una reserva en Expedia para un hotel en Francia y, unas horas después, recibí un correo electrónico de la empresa cancelando mi reserva, alegando estas sanciones. En la práctica, ya no puedo hacer negocios en línea porque no se sabe si el paquete que contiene el producto es estadounidense. Estar bajo sanciones es como retroceder a los años 90".

Cuando Francia propuso a Guillou como candidato a la Corte Penal Internacional, en los datos de contacto el magistrado aportó a los medios un correo electrónico de Gmail para quien quisiera comunicarse con él. Desde el 20 de agosto de 2025 no puede utilizar ese correo. En realidad, ninguna aplicación de Google. Tampoco WhatsApp, ni Facebook o Instagram. Su cuenta bancaria no vale para casi nada, ya que se le bloquea cualquier pago que requiera la intermediación de Visa, Mastercard, American Express o el uso del sistema interbancario SWIFT. "De la noche a la mañana — contó Guillou al periódico francés — te quedas sin tarjeta bancaria".

La intimidación va más allá de los propios jueces. Sus familias o allegados también se ven afectados. A la hija de la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, también sancionada por Estados Unidos, le cancelaron el visado estadounidense y sus cuentas en Google, según señaló a The Guardian. Ibáñez Carranza enviaba mensualmente dinero a su familia en Perú a través de Western Union, "para que pagaran las cuentas, la luz, el agua, etcétera". Pues Western Union se ha quedado con sus fondos "sin ninguna explicación", comentó a la BBC la magistrada. La pareja de Guillou, al ser estadounidense, podría incluso enfrentar años de prisión si lo ayuda. Estas medidas, según denunció el juez francés, "pueden mantenerse durante más de una década, o incluso más. Imponer sanciones a las personas las sume en un estado de ansiedad e impotencia constantes, con el objetivo de desalentarlas".

Estos jueces no solo investigan, sin embargo, el genocidio que según la ONU comete Israel en Palestina. En estos momentos, la Corte Penal Internacional investiga distintos crímenes internacionales que se han podido cometer en Myanmar, República Democrática del Congo, Uganda, República Centroafricana, Sudán, Burundi, Costa de Marfil, Libia, Kenia, Mali, Bolivia, Ucrania, Filipinas, Venezuela, Colombia, Nigeria, Irak, Guinea, Afganistán... El listado es largo y, según la Coalición por la Corte Penal Internacional, las sanciones estadounidenses no solo "podrían comprometer gravemente" las investigaciones en curso, sino que "impedirán el acceso de las víctimas a una justicia legítima e independiente". "Las sanciones son una herramienta que debe utilizarse contra los responsables de los crímenes internacionales más graves, no contra quienes luchan por la justicia", defienden desde el organismo.

Qué pueden hacer el resto de países

El argentino Luis Moreno Ocampo fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, además de ejercer como fiscal adjunto en el juicio a las Juntas Militares de Argentina en 1985. En conversación con El HuffPost, Ocampo considera que "los países deberían asegurarse de que los jueces [de la CPI] tengan tarjetas de crédito y que puedan usar mecanismos de comunicación por internet, que no se vean afectados por las compañías norteamericanas o europeas". En su opinión, esto es esencial sobre todo en un mes, este de marzo, en el que finaliza el plazo para las presentaciones de candidatos para cubrir seis plazas de jueces en la Corte.

¿Pero tienen capacidad de actuar los gobiernos europeos, por ejemplo? Sí. Tal y como explicó Guillou a Le Monde, "las autoridades europeas pueden aplicar el reglamento de bloqueo (un mecanismo que protege a los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea de los efectos de las sanciones impuestas por terceros países)". "Europa necesita mayor soberanía, especialmente en materia digital y bancaria. Esta es la única manera de reducir el impacto de las sanciones y, por lo tanto, indirectamente, proteger a las víctimas de crímenes internacionales. Hoy en día, no hay lugar para la ingenuidad. Sin soberanía (militar, sanitaria, bancaria y digital), el Estado de Derecho ya no puede garantizarse. [...] Detrás de las sanciones contra la Corte Penal Internacional está en juego la cuestión misma del Estado de Derecho", dijo.

En esa misma línea se expresó Yanis Varoufakis en Project Syndicate. "Las sanciones impuestas constituyen una lección magistral sobre la aniquilación de la soberanía europea", escribió el exministro griego. "El caso de Guillou es una cruda metáfora de la propia Europa: una unión de Estados-nación que contribuyó a la creación de un tribunal internacional para defender sus valores, permitiendo que una potencia extranjera castigara a su propio juez por ello, y luego ayudó a hacer cumplir el castigo. Esta es una unión que ha perdido el rumbo, su alma y su integridad, convirtiendo a los europeos en meros espectadores en el teatro de nuestra propia decadencia", siguió.