Rusia obliga a las empresas con más de 150 trabajadores a entregar nombres de empleados para el ejército: las que se nieguen se enfrentan a multas de hasta 12.300 dólares
El decreto establece cuotas concretas: las empresas con entre 150 y 300 empleados deberán proponer al menos dos personas; las de entre 300 y 500, tres; y las que superen los 500 trabajadores, un mínimo de cinco candidatos.
Rusia ha comenzado a implicar directamente a las empresas en su estrategia para reforzar el reclutamiento militar, en un movimiento que refleja la creciente presión por aumentar el número de soldados en plena guerra en Ucrania.
La medida ha sido impulsada en la región de Riazán por su gobernador, Pável Málkov, quien ha ordenado que todas las compañías rusas con más de 150 empleados presenten listas de trabajadores que puedan ser considerados candidatos para firmar contratos con el ejército.
El requisito no es simbólico. El decreto establece cuotas concretas: las empresas con entre 150 y 300 empleados deberán proponer al menos dos personas; las de entre 300 y 500, tres; y las que superen los 500 trabajadores, un mínimo de cinco candidatos.
Aunque el documento no detalla explícitamente castigos directos por incumplimiento, sí remite a la legislación vigente, que contempla multas de hasta un millón de rublos —unos 12.300 dólares— para aquellas empresas que no colaboren con órdenes relacionadas con la movilización o la seguridad nacional.
En teoría, el sistema de incorporación al ejército mediante contrato sigue siendo voluntario. Sin embargo, la nueva normativa introduce una presión indirecta sobre las empresas, que ahora deben participar activamente en la identificación de posibles reclutas.
La orden afecta tanto a compañías privadas como estatales, ampliando su impacto a buena parte del tejido económico de la región. Y todo apunta a que no se trata de una iniciativa aislada, sino de un paso más dentro de una estrategia más amplia del Kremlin para reforzar sus fuerzas armadas.
El contexto ayuda a entender la medida. Rusia busca aumentar el tamaño de su ejército hasta 1,5 millones de efectivos, mientras afronta al mismo tiempo una creciente escasez de mano de obra. Las previsiones oficiales señalan que el país podría enfrentarse a un déficit de hasta 11 millones de trabajadores en los próximos años.
En paralelo, las autoridades han intensificado otras vías de reclutamiento, como incentivos económicos y campañas dirigidas a jóvenes y estudiantes.
La iniciativa de Riazán podría marcar el camino para otras regiones, consolidando un modelo en el que las empresas pasan a desempeñar un papel clave —y controvertido— en el esfuerzo militar. Aunque sobre el papel el alistamiento sigue siendo voluntario, la combinación de cuotas y posibles sanciones abre interrogantes sobre hasta qué punto esa voluntariedad es real.