El informe final de la UCO entierra los grandes 'indicios' de Peinado contra Begoña Gómez

Ni pagos opacos o sospechosos, ni irregularidades en la creación de la cátedra extraordinaria. El informe final de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la investigación de todo lo que rodea al proceso abierto sobre la empresaria y primera dama española, Begoña Gómez, ha echado por tierra las principales líneas e indicios que el juez Juan Carlos Peinado había apreciado durante los más de dos años que abarca ya esta proceso y causa judicial. El mismo proceso en el que insiste que se realice con jurado popular.

Así lo recoge la Cadena SER en una exclusiva en la que expone que la cátedra extraordinaria que investiga el juez de instrucción se creó siguiendo los cauces establecidos por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Concretamente, se especifica que "se nutre de diferentes colaboradores", estando todo esto "acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común que le es de aplicación a la Universidad". 

Además, también señala la UCO que entre los fines y objetivos que englobaban a dicha formación, también se contemplaba la creación de un software sobre sostenibilidad para pymes. Sobre esta cuestión del software, que en la investigación abierta se torna uno de los pilares fundamentales, la unidad de élite del instituto armado recoge que fue financiada por distintas empresas, pero que estas siempre tuvieron conocimiento de que esa cantidad económica tenía como destino la universidad y no Begoña Gómez. 

La cifra es "incompatible" con un enriquecimiento ilícito y se aprecian gestiones de la asesora con patrocinadores

En lo relativo a la ausencia de pagos opacos o sospechosos, cabe destacar que la UCO no ha podido identificar caso alguno para ninguna de la cuentas investigadas en el proceso, no solo la de Begoña Gómez. En dicho informe de conclusiones se especifica que la esposa del presidente del Gobierno percibió 17.000 euros en dos años y determinan que esa cantidad es "incompatible" con un supuesto enriquecimiento ilícito personal.

Sobre esta última cuestión, recoge la Agencia EFE sobre lo detallado en el informe, "la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando, en tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente (...) se corresponden con los principales pagadores que se identifican".

En la otra gran pata de la investigación de Peinado, la que se torna sobre Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez asignada por Moncloa, la Guardia Civil corrobora que esta participó en actividades de carácter privado, además de realizar gestiones con patrocinadores de la cátedra, que deberían haber sido realizadas por parte de los órganos de gestión de la propia Complutense. En este punto, la UCO también subraya una cuestión sobre Álvarez, tras el análisis de cerca de 200 correos electrónicos que fueron investigados. Ninguno de ellos tiene interés para esta investigación.

Varios contratos "al margen del procedimiento establecido en la normativa"

Según ha publicado Europa Press aludiendo al informe de la UCO, en este también se esgrime que algunos de los contratos relacionados con la cátedra se hicieron "al margen del procedimiento establecido en la normativa" y de forma "premeditada". Según esa mencionada información, el instituto armado hace hincapié en la condición de "administración pública" de la UCM y el "preceptivo acogimiento a la Ley de Contratos del Sector Público" en cuanto al análisis de la contratación de los servicios necesarios para el desarrollo de la "Plataforma abonados por la UCM", en concreto a Making Science Group y Deloitte Consulting.

De nuevo según esta misma agencia, la primera contratación fue efectuada "sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto, pese a corresponderle por razón de su importe [20.000 euros sin IVA]". Eso sí, subrayan en ese mismo documento que "dado que la unidad interventora competente detectó esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM".

A mayores, la investigación de la UCO también resuelve que dos expedientes "se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios, la cual se habría llevado a cabo nuevamente al margen del procedimiento establecido en la normativa". 

No obstante, los agentes también inciden en que las cantidades pagadas a Deloitte Consulting "sí se sustentaron en un contrato menor y en una posterior contratación mediante procedimiento abierto simplificado". Con todo, y "sin embargo, de la sucesión de hechos se desprende que las adjudicaciones no solo estaban premeditadas sino que la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato", así como "la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos".