Boris Johnson quiere suspender el Parlamento: ¿hay forma de pararle?

Que Boris Johnson no es Theresa May es algo que se sabía dentro y fuera de Reino Unido. Pero que el recién elegido primer ministro británico fuera capaz de suspender el Parlamento británico, un paso que se ha calificado de “ultraje constitucional”, es algo con lo que pocos o casi nadie contaba. Pero el premier dijo ante los ojos del mundo que el 31 de octubre su país abandonaría la UE y está dispuesto a todo con tal de que sus palabras no caigan en saco roto como cayó aquel “Brexit es Brexit” de May, su predecesora en el cargo.

Tras lograr que la reina Isabel II acceda, Johnson se ha apuntado un tanto que facilita su objetivo: la Cámara quedará suspendida desde el próximo 10 de septiembre hasta el 14 de octubre, cuando tendrá lugar el discurso de la reina -un texto escrito íntegramente por el Gobierno en el que se marcan las líneas de actuación previstas para la nueva legislatura-.

Este será el receso más largo del Parlamento británico desde 1945 y gracias a él, Johnson impedirá que los diputados opositores tengan el tiempo suficiente como para tratar de evitar que se produzca un Brexit sin acuerdo, fijado para el 31 de octubre. Porque sí, a estas alturas el escenario más probable es que entre la UE y Reino Unido no haya acuerdo y tenga que producirse una salida abrupta.

Casualmente, el paso dado por Johnson llega horas después de que el líder laborista, Jeremy Corbyn, y distintos políticos opositores se reunieran para explorar diferentes maneras con las que impedirle ejecutar, llegado el caso, un Brexit sin consenso con Bruselas.

Lo irónico es que, pese a lo evidente de la estrategia, el primer ministro británico asegura que los parlamentarios dispondrán de un “margen amplio” para poder debatir el Brexit antes de la celebración del Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre, última oportunidad para cerrar un trato de divorcio. Pero las cuentas están ahí: a efectos prácticos, suspender el Parlamento desde el 10 de septiembre hasta el 14 de octubre, como pretende Johnson, supone que la Cámara que representa al pueblo británico estará cerrada en un momento en el que tendría que estar abordando una cuestión trascendental para su historia: cómo ejecutar el Brexit. Con este paso, los diputados cuentan con un minúsculo margen para detener la salida de la UE sin acuerdo: sólo entre el 3 y el 10 de septiembre.

Johnson mira a otro lado y, yéndose por la tangente, insiste por otro lado en que el Parlamento tendrá la ocasión de votar sobre los planteamientos de la salida del país del bloque comunitario “los días 21 y 22 de octubre”, una vez se conozca la decisión de Bruselas.

Sin embargo los números -y fechas-son tan claros que la justificación del primer ministro británico convencer, sólo convencen a su mejor amigo en el panorama internacional: el presidente de EEUU, Donald Trump. Sólo él se ha lanzado a defenderle asegurando que, con su decisión de este miércoles, Johnson ha demostrado que es lo que Reino Unido “necesitaba”.

En ‘casa’, el speaker, John Bercow, que raramente se manifiesta sobre asuntos políticos, ha señalado que una acción así sería “un delito contra el proceso democrático y los derechos parlamentarios como representantes electos del pueblo”. Considera que el propósito es “evitar que los legisladores debatan sobre el Brexit y cumplan con su deber de dar forma al curso que tomará el país”. Incluso el ex primer ministro conservador John Major se ha echado las manos a la cabeza, llegando incluso a amenazar con ir a los tribunales para impedirlo.

¿Entonces, es legal lo que ha hecho Johnson?

Sí, lo es. El término oficial para cerrar el Parlamento es “prorrogar”. Los parlamentarios no votan esta prórroga; es un poder que sólo tiene la reina, por consejo del primer ministro. Así que, es Johnson quien pide a la reina que suspenda el Parlamento, limitando así la influencia de los diputados. Si el Parlamento no se reúne, los parlamentarios no pueden, por ejemplo, presentar una moción de censura al Gobierno.

¿Cómo se suspende?

Normalmente se prorroga una vez al año, durante un breve período, que suele ser en abril o mayo. Durante ese tiempo, todo se para, así que la mayoría de las leyes que no han sido aprobadas por completo mueren (aunque algunas pueden retomarse en la siguiente sesión).

Los parlamentarios mantienen sus escaños, así como los ministros, pero no se lleva a cabo ningún debate ni votación en el Parlamento. Esto no es lo mismo que “disolver” el Parlamento, cuando todos los diputados dejan sus escaños para hacer campaña en unas elecciones generales.

Es normal que los nuevos gobiernos cierren el Parlamento hasta celebrar el Discurso de la reina, que establece los planes del Gobierno para el siguiente año.

La duración de estos cierres varía: en 2016, el Parlamento se cerró durante cuatro días laborables, mientras que en 2014 se cerró 13 días. Este año, el Parlamento se suspendería durante 23 días laborables, antes del próximo Discurso de la reina, el 14 de octubre.

Aunque las prórrogas son normales, en este caso el momento elegido es “claramente muy controvertido”, explica Maddy Thimont-Jack, del think tankInstitute for Government, a la BBC.

¿Por qué este caso es especialmente controvertido?

Reducir la influencia del Parlamento electo siempre es una decisión importante, pero en este caso, además, lo que hace es complicar la planificación de un Brexit a las bravas. Dicho de otra manera: de lo que se acusa al primer ministro británico es de utilizar esta medida semanas antes de la fecha del Brexit para evitar que la Cámara de los Comunes, que en su mayoría se opone a una salida abrupta de la UE, pueda evitarla a través de mecanismos legislativos.

De otro lado está el hecho de que esta suspensión también lleva a la reina al núcleo de la disputa del Brexit. Normalmente, cuando un primer ministro pide una prórroga a la reina, todo es bastante directo, casi una formalidad. No obstante, en el clima actual, la reina se ha visto ante el dilema de aceptar o denegar la petición aunque, como finalmente ha sucedido, era muy improbable que negara tal petición a un primer ministro. Una decisión de este tipo hubiese supuesto que Isabel II abandonase el papel neutral que se ha esforzado por mantener desde su coronación en 1953, y que la ha llevado a basar sus pronunciamientos en el criterio propuesto por el primer ministro en cuestión.

Y... ¿Hay forma de parar los planes de Johnson?

Los diputados tienen varias opciones para frenar la prórroga del Parlamento cuando vuelvan de las vacaciones la semana que viene.

El Parlamento se reúne el martes, y los parlamentarios podrían inmediatamente poner sobre la mesa una moción de censura sobre Johnson. Si Johnson pierde, los diputados podrían formar un gobierno alternativo y elegir a un nuevo primer ministro.

Jeremy Corbyn, que de momento ya ha anunciado que ha pedido una reunión con la reina, como líder de los laboristas y líder de la oposición, trataría de ganar el voto de confianza, pero varios tories rebeldes han dicho que no lo apoyarán.

También se ha hablado de la laborista Harriet Harman o el conservador Ken Clarke como alternativa. Si uno de ellos ganara la confianza del Parlamento, la reina se vería en la obligación de consultarlo con ellos.

Los parlamentarios pueden solicitar una revisión judicial de la prórroga de Johnson, recurriendo a los tribunales para tratar de revertirla y buscando así una decisión de última hora de los jueces para frenar los planes de Johnson. A través de esta vía por el momento se han lanzado ya tres acciones judiciales. Y, al menos por ahora, Johnson se ha apuntado la primera victoria. A la espera de una audiencia completa la próxima semana, un grupo de unos 75 diputados proeuropeos ha pedido a la más alta instancia civil de Edimburgo una decisión provisional urgente contra la suspensión del parlamento antes del Brexit decidida por Johnson.

Sin embargo, el juez ha desestimado dicha orden provisional y en su lugar ha adelantado al martes la vista de fondo inicialmente prevista para el viernes 6 de septiembre.

La segunda de ellas será analizada el martes en Belfast y la tercera el jueves en Londres. Esta última, iniciada por la empresaria y activista antibrexit Gina Miller -que ya ganó en 2017 una importante batalla legal contra el gobierno- ha sumado este viernes el apoyo de un ex primer ministro: el conservador John Major, que gobernó de 1990 a 1997.

Downing Street se ha declarado “contento” con la decisión judicial, mientras los impulsores de la querella subrayaban que todo está aún por decidir.

No obstante, según expertos en derecho, incluso si la justicia acaba impugnando la decisión de Johnson, este no estará obligado a anular la suspensión parlamentaria.