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31/10/2012 10:01 CET | Actualizado 30/12/2012 11:12 CET

Independencia de Cataluña: ¿quién gana y quién pierde?

La desaparición del déficit fiscal no tendría el mismo efecto si ello diera lugar a una reducción de la presión fiscal (que podría tomar distintas formas con impactos muy distintos) que si se aprovechase la mayor disponibilidad de recursos para financiar servicios públicos en mayor cantidad o de mejor calidad.

El debate sobre los efectos económicos de la independencia de Cataluña se está planteando desde distintas posiciones como un cálculo de los costes y los beneficios que, de forma agregada, experimentaría Cataluña en caso de separarse de España. Así, se contrapone el efecto positivo que tendría la eliminación del actual saldo deficitario de la balanza fiscal con el negativo de la balanza comercial, dadas las previsibles mayores trabas al comercio en los mercados que continúan siendo el principal destino de los productos catalanes. Si bien no parecen existir discrepancias respecto al signo del saldo de cada balanza, sí que existen significativas diferencias respecto a la magnitud de los mismos o al plazo temporal en el que tendrían efecto unos y otros. Planteado el debate en estos términos, la cuestión sobre el impacto económico de la independencia de Cataluña parece reducirse a determinar si el saldo agregado de ambas balanzas es positivo o negativo.

Sin negar la necesidad de acometer estos cálculos de forma rigurosa y con metodologías detalladas de forma explícita, considero que se trata de un debate en cierto modo reduccionista, puesto que limitar el análisis del impacto económico al del saldo agregado ignora los efectos distributivos que tendría la eventual independencia. Aunque se pueda afirmar que Cataluña, como un todo, saldría ganando o perdiendo, resulta evidente que las consecuencias no serían las mismas sobre todos los catalanes, puesto que sus relaciones económicas (impositivas, comerciales, laborales, etc...) no lo son, lo cual daría lugar a impactos diferentes en cada caso. Tratar de cuantificar estos efectos es una tarea mucho más exigente que la ya de por sí compleja de calcular los saldos de las balanzas fiscales o comerciales, pero ello no es excusa para ignorarlos.

Así, la desaparición del déficit fiscal no tendría el mismo efecto si ello diera lugar a una reducción de la presión fiscal (que podría tomar distintas formas con impactos muy distintos) que si se aprovechase la mayor disponibilidad de recursos para financiar servicios públicos en mayor cantidad o de mejor calidad. Decir esto no es ninguna novedad, hasta el punto de que desde algunas posiciones se justifica la independencia como un instrumento para lograr los fines redistributivos que tendría la segunda opción apuntada.

Sin embargo, el análisis de los efectos distributivos también puede aplicarse al impacto previsiblemente negativo que la independencia tendría sobre la balanza comercial. En este caso resulta claro que los más perjudicados en este caso serían los agentes económicos (empresarios y trabajadores) de los sectores productores de bienes comercializables, es decir, principalmente de la industria manufacturera. Y entre estos agentes también resulta previsible suponer que los empresarios contarían con mayor capacidad de reorientar sus actividades hacia otros sectores o localizaciones, por lo que el mayor impacto recaería sobre los trabajadores. Sorprendentemente, esta cuestión no parece ser tenida tan en cuenta por los antes señalados partidarios de la independencia con objetivos redistributivos.

Existe, a mi modo de ver, un tercer efecto económico relevante con efectos distributivos que no tiene una presencia en el debate tan habitual como los otros dos, pero que puede ser tan o más relevante. Me refiero al previsible menor grado de competencia que resultaría en algunos sectores al reducirse el tamaño del mercado interior debido a la aparición de nuevas barreras regulatorias. Dentro de este efecto cabría incluir el menor nivel de rivalidad entre los potenciales proveedores de servicios públicos cuando opten a contratar con la Administración. En este caso, las empresas ya instaladas en Cataluña y aquellas con mayor capacidad de influir sobre las decisiones regulatorias serían claras beneficiarias, mientras que los costes derivados de la menor competencia en el mercado (claramente de mayor magnitud que los beneficios) recaerían sobre el conjunto de ciudadanos en tanto que consumidores que tendrían a su disposición productos y servicios de mayor precio o peor calidad.

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