Los autores piden el pago de 75.000 dólares para liberar el sistema. Tal como ocurrió en el Ayuntamiento de Sevilla, no se abonará la cantidad demandada.
Este lunes la Policía Nacional ha detenido al principal comprador de datos ilegales ligados a esta trema. Ha sido sorprendido 'con las manos en la masa', en plena campaña de 'smishing'.
Ha afectado a la cancillería del jefe del Gobierno, es decir, a los servicios federales que prestan apoyo en tareas como logística, comunicación o aspectos jurídicos.
Se cuela en los terminales para controlarlos en remoto y acceder a todas las funciones del smartphone, aprovechando errores de programación, sin tener que bajarse nada.