Afectará a unos 250.000 empleados públicos de la AGE y del sector público estatal y quedan fuera, por ahora, Fuerzas Armadas, Policía, prisiones y parte del personal docente y sanitario.
Las empresas podrían enfrentarse a sanciones si siguen utilizando estos sistemas de control horario, independientemente de la legalidad de su instalación.
Un fantasma recorre Europa y España: el fantasma del crecimiento económico y la creación de empleo. Una nueva clase social está consolidándose entre los estratos inferiores y medios de la sociedad: el precariado. Una nueva modalidad de estafa está realizándose mediante la utilización tramposa del lenguaje: empleo ha suplantado casi por completo a trabajo con el resultado final del creciente empobrecimiento de la población.