Según avanza la 'SER', solo podrían acceder a ayudas públicas específicas y adicionales aquellas comunidades donde se haya dado este paso, fundamental para la aplicación de la ley de vivienda a la que comunidades bajo gobierno del PP se niegan o resisten a aplicar.
Unas declaraciones de la ministra Isabel Rodríguez y la decisión de cambiar la normativa para agilizar las construcciones de viviendas hacen saltar las alarmas en las filas de Sumar, que ven "extraño lanzar la idea de un nuevo boom".
La reducción será del 90% cuando el arrendador baje más de un 5% el precio del alquiler en el nuevo contrato de una vivienda situada en una zona tensionada.
Una disposición adicional, fruto de la negociación parlamentaria, obliga a crear un grupo de trabajo para analizar dicha modalidad de contrato, según 'El País'. En paralelo, Unidas Podemos impulsa una enmienda para limitar los pisos turísticos.