El volumen de combustible que emplean las mafias migratorias expone la tragedia que se esconde detrás de la peligrosa travesía hacia las Islas Canarias.
Entre los ocupantes de la embarcación, que llevaba nueve días de navegación, había 39 mujeres y al menos 10 menores de edad, de los que 9 tienen menos de un año.
Hace más de 2.000 años ya había problemas entre inquilinos y rentistas que desataron revueltas por los elevados precios del alquiler y la condición de las viviendas. En septiembre, huelgas de alquileres tuvieron éxito en Canadá.
Además de las críticas a las violaciones de los derechos humanos de las ONG, la oposición y prensa italianas advierten del elevado coste de esta política migratoria.
Italia no es la primera en externalizar la gestión del asilo. Ya lo hizo Australia, en islas donde se incumplían sistemáticamente los derechos humanos.
Las cifras desveladas en un informe al que ha tenido acceso la organización 'Statewatch' apuntan a una brecha en los planes comunitarios para el control y gestión de la crisis migratoria.
Su director ejecutivo, Hans Leijtens, asegura que no pueden actuar porque el organismo no tiene ni el permiso legal para hacerlo, ni la petición expresa de España.
Su única diputada en el Congreso, Cristina Valido, asegura que "no [lo] deberían olvidar", en pleno debate sobre las competencias con los menores migrantes no acompañados.
El mandatario Fernando Clavijo (CC) quiere abrir un "debate jurídico" y asegura que "está haciendo dejación de funciones" y que "no se puede dejar a Canarias sola"