El ministerio a cargo de Mónica García ha diseñado un plan de transición ante el plantón de las empresas privadas al nuevo concierto, que ha quedado desierto. El objetivo es que se sume progresivamente a los funcionarios a la sanidad pública.
La justicia investiga si hubo un delito de prevaricación administrativa en los contratos de emergencia y sus prórrogas que ha hecho el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía en los últimos cuatro años, según adelantan la 'Cadena SER' y 'El País'.
Tras quedar desierta la licitación, Muface informó de que los 1,5 millones de mutualistas recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad.
El PSOE lamenta, a mayores, que ocurriese en 2021, "año en el que la pandemia ya estaba 'atemperada' y en el que la emergencia en la contratación no era justificable".