El juez Santiago Pedraz aclara en un auto que la suspensión de la aplicación es "la única solución posible" dado que el gobierno insular ni siquiera ha comunicado a la empresa la petición judicial.
La divulgación de los pagos con la tarjeta de crédito del Gobierno la había vetado el Ejecutivo ultraderechista, a pesar de que la factura es inferior a la de sus antecesores.