Cataluña: la federalización

Es muy evidente, y lo era ya en 1978, que la Constitución Española, que debía dar soporte a un gran pacto de convivencia, está cargada de imperfecciones oportunistas, necesarias para encajar un sinnúmero de intereses diversos, en ocasiones incluso antagónicos. El Estado de las Autonomías, en concreto, fue una extraña invención incompleta que concluyó en un extraño híbrido de centralismo, regionalismo, federalismo y rasgos de confederalismo. Aquella mezcla, que se sostenía sobre un Senado inservible, dio lugar a un modelo singular de estado compuesto, que por añadidura tenía dos incomprensibles excepciones: la vasca y la navarra. Tales singularidades han sido soportables durante tanto tiempo porque las dos comunidades autónomas excepcionales son de pequeño tamaño, aunque evidentemente han gravitado sobre el resto de modelo como una inconveniente asimetría.

En la conciencia de todos los constitucionalistas que han asistido al desarrollo democrático de este casi medio siglo transcurrido ha estado permanentemente la convicción de que era necesario reformar el estado autonómico para someterlo a cierta federalización basada en una distribución competencial homogénea: el Estado debería recaudar los tributos adecuados a sus gastos singulares (políticas sociales, seguridad, defensa, política exterior, etc.) y las comunidades autónomas, los que sirvieran para sostener los grandes servicios públicos y las restantes funciones atribuidas. De alguna manera, se imponía una tensión federalista que miraba más a las excepciones vasca y navarra que a las autonomías de régimen general.

La confrontación entre el nacionalismo catalán y el Estado durante la etapa de Aznar, que terminó provocando el ‘procés’ y que a punto estuvo de generar un conflicto irresoluble, ha servido, paradójicamente, para poner en marcha la búsqueda de una solución que -pese a la estridencia de las palabras- bien puede calificarse de federal. Nadie debería atemorizarse por esta mudanza porque a la vista está que los catalanes, incluso los nacionalistas de ERC y Junts, nunca han puesto en duda el criterio de solidaridad: lo que exigen es recaudar los recursos que financien sus competencias exclusivas. Y mantener el razonable criterio de ordinalidad, que consiste -como es sabido- en establecer el criterio por el cual el abono de la cuota de solidaridad no ha de alterar el orden de las CCAA por su PIB per capita. Parece innecesario decir que un modelo tan ambicioso y complejo no puede ser invocado por irredentos separatistas sin escrúpulos, de modo que habrá que pensar que el nacionalismo catalán, esta vez de buena fe, aspira a encontrar un encaje estable, justo y equilibrado dentro del Estado español.

El nuevo modelo fiscal catalán es en definitiva consecuencia de un razonable acuerdo entre la izquierda en el gobierno de la nación y el nacionalismo catalán; un pacto que incluyó la entronización de Illa al frente de la Generalitat y la reforma del modelo actual de financiación autonómica recogido en la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómicas), que hubiera debido ser preceptivamente renovado hace años. Asimismo, habrán de ser reformadas ciertas normas fiscales con rango de ley. De esta forma, se introducirán en el sistema los seis criterios que forman la esencia del acuerdo (gestión de los impuestos, solidaridad, singularidad, ordinalidad, capacidad normativa y consagración legal en las instituciones adecuadas).

La complejidad de la reforma en ciernes es evidente. Y la tarea es aun más ardua si se incluye en ella la generalización del modelo. Esto es, el futuro régimen fiscal podrá ser reclamado e instaurado en las demás comunidades autónomas, siempre que lo soliciten expresamente. La voluntariedad es una prueba de buena fe, y hay que contar con ella durante el desarrollo procesal del cambio. A largo plazo, sin embargo, parece lógico avanzar hacia una federalización simétrica del conjunto del Estado.

La derecha, que fue en buena parte causante de la grave crisis que condujo al ‘procés’ (la otra parte de la responsabilidad corresponde al nacionalismo), protesta ahora airadamente porque afirma que la mayoría de gobierno está claudicando ante las exigencias de los nacionalistas, que a su vez sostienen al Ejecutivo. Esta descalificación tiene trampa, ya que el objetivo que a todos nos conviene -al gobierno, a la oposición y al periferia- es aquel que pacifique de una vez el estado de las autonomías y que nos entregue un régimen, pongamos por caso, parecido al alemán.

Por fortuna, hemos llegado a tiempo de evitar una fractura del Estado que podía haber resultado inevitable en otras condiciones. Por ello, lo razonable sería no tentar de nuevo a la suerte y arrimar el hombro todos para consolidar una reforma que algún día habrá que constitucionalizar y que debe ser la definitiva para la normalización de la gran democracia española.