Derechos, garantías, costes: Europa social, en serio

Estrasburgo, Pleno de febrero del Parlamento Europeo (PE), dos debates de calado para la Europa social, una locución que alude a la que, a mi juicio, es la razón de ser de todo el proyecto de integración supranacional europea, desde su nacimiento hasta hoy. Llamamos 'Pilar Social' al ensamblaje de Políticas y Fondos de la UE que vertebran su vocación correctora de desequilibrios económicos y desigualdades sociales y territoriales.

Siendo verdad que los Estados miembros (EEMM) no han dejado de existir, también lo es que se sujetan a Políticas comunes por las que deben converger su cohesión y sus oportunidades de bienestar y prosperidad tanto en lo que se refiere a la dignidad del trabajo (marco de salarios mínimos, derechos de autónomos y becarios, prestaciones vinculadas al empleo, seguridad social...), así como a la responsabilidad compartida de apuntar los objetivos fijados por las Instituciones de la UE.

Cobra ahí pleno sentido, de un lado, la importancia de la educación integradora e inclusiva como Objetivo de Desarrollo Sostenible (Capítulo IV de los ODS adoptados por la ONU) y como derecho fundamental de ciudadanía europea (art.14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE/CDFUE).

Los juristas que sabemos, desde Hart, que "los derechos valen lo que valen sus garantías", explicamos que los derechos sociales requieren, por su dimensión prestacional, de un soporte presupuestario que respalde sus programas y acciones, especialmente aquellas que afirmen vocación transformadora (remoción de barreras de discriminación, por género, grupo étnico, discapacidad...).

Superando los estragos causados por la gestión —abyecta y antisocial— de la Gran Recesión (2008/2015) y de su impacto causado en las constantes vitales de la UE—desigualdad, malestar, auge del populismo, reseteo sísmico de los paisajes políticos y parlamentarios—, el PE viene exigiendo de la Comisión Europea la cual preside Von der Leyen (Comisión Europea VDL II 2024/2029) que refleje claramente los objetivos proclamados en Gotemburgo y Oporto (en ambas cumbres, con presidencia rotatoria socialista en la UE) para el relanzamiento del 'Pilar Social': Garantía Juvenil, Garantía Infantil, Estrategia contra el desempleo y el sinhogarismo con inversiones financiadas por los Fondos europeos (FSE, Fondo de Recuperación...) y por endeudamiento común.

Ese cimiento presupuestario a la importancia de la educación y la formación para el empleo debe encontrar su espejo en los Presupuestos nacionales de los EEMM y desde luego también en el Presupuesto de la UE y su Marco Financiero Plurianual 2028/2034. Actualmente, sujeto a una tensa discusión en la que se entrecruzan los vectores ideológicos de la "renacionalización" de políticas impulsada por las fuerzas del extremismo reaccionario y la preeminencia de las redes y el modelo de negocio de plataformas digitales en manos de tecno-oligarcas extramuros de la UE, cuyo designio es minar y deshacer la integración de sus EEMM, sin reparar en los costes que sus algoritmos adictivos y dependencia de sus fakes pueda causar en la salud mental de los más jóvenes y en la perdurabilidad del propio proyecto europeo, de su modelo social y de sus valores fundantes.

Pero es dolorosamente obvio que en el momento presente sobresale como ningún otro un factor de desigualdad lacerante en el conjunto de la UE: la vivienda, esto es, el acceso a una oportunidad asequible para la emancipación, la formación de un proyecto de vida personal autónoma y, en su caso, una familia mediante un alojamiento digno. 

Es un desafío en que contiende dos visiones enfrentadas: la que lo enfoca en el marco de la Europa social y de los derechos que requieren intervención de los poderes públicos ante las disfunciones de un mercado en que la oferta y la demanda no se encuentran en absoluto o lo hacen marginalmente en precios prohibitivos para la clase trabajadora para la juventud, y la otra visión que cree que sólo más mercado e incentivo de beneficio puede incrementar la oferta, liberando más suelo para construcción a costa de multiplicar las tasas de rentabilidad de venta y alquiler de vivienda.

Vivienda como derecho o como bien de mercado. Ese es el dilema al que se abisma la UE en su legitimación intergeneracional, en su capacidad de generar adhesiones, afectos y vínculos de pertenencia a una generación más joven que pierde a chorros la confianza en alcanzar las cotas de satisfacción vital y bienestar alcanzadas por sus antecesores.

La Comisión Europea VDL ha anunciado —por exigencia expresa del Grupo S&D para rescatarla nada menos que de cuatro mociones de censura interpuestas desde el extremismo en apenas año y medio de la presente Legislatura— un Plan de Vivienda Asequible (Affordable Housing Plan) que plantea movilizar 700.000 millones de euros. 

A la espera de sus efectos, muchos socialistas continuamos exigiendo una intervención europea de la libertad de circulación de capitales (arts.63 y ss. TFUE) para restringir toda inversión especulativa en la compra y acumulación de vivienda a los Fondos de Inversión (y, rotundamente, a aquellos que en España conocemos como “Fondos Buitre”). Eso será tomar en serio el debate de la Europa social: derechos, y garantías, con cuantificación de sus costes.