El anunciado fracaso de la izquierda

Ningún observador medianamente informado se ha sorprendido de los resultados que han arrojado las elecciones autonómicas en Extremadura, en las que el PSOE ha perdido diez escaños —hasta 18—, ganados por las demás fuerzas con representación parlamentaria: PP (+1, hasta 29), VOX (+6, hasta 11) y Unidas por Extremadura (+3, hasta 7). La noticia es pésima para la izquierda socialista y es asimismo amarga para la derecha democrática: la incapacidad del PP para conseguir la mayoría absoluta deja la gobernabilidad de Extremadura en manos de VOX, una dramática evidencia que provocará la humillante claudicación del PP, a menos que Feijóo tome la heroica e improbable decisión de no plegarse al realismo ilegitimador del neofascismo.

Desde hace años, la espada de Damocles de una política supeditada a la estratégica fortaleza de VOX pende sobre nuestras cabezas, y en algún caso ya nos ha provocado heridas todavía superficiales, pero esta vez el envite es serio: si PP y Vox pactan pacíficamente un programa racista, antifeminista y autoritario, estaremos en puertas de hundir el Estado, antes o después, en el magma putrefacto de la ultraderecha.

La posición hegemónica del PP en Extremadura, con sus 29 escaños, es llamativa frente a un PSOE que ha obtenido el peor resultado de la historia en la región. Pero este desequilibrio estaba cantado después de una serie de decisiones incomprensibles que ha adoptado el partido que fue de Rodríguez Ibarra (presidente entre 1983 y 2007) y de Guillermo Fernández Vara (presidente entre 2007 y 2011 y entre 2015 y 2023, fallecido el pasado octubre).

En efecto, el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, un personaje de un atractivo político perfectamente descriptible, está actualmente procesado por haber facilitado presuntamente un acomodo administrativo a un hermano de Pedro Sánchez mientras era presidente de la Diputación de Badajoz, infracción por la que será juzgado en los primeros meses de 2026.

La beligerancia entre la derecha y la izquierda en la actual legislatura permite suponer con cierto fundamento que la querella que provocó el encausamiento de Gallardo no prosperará, pese a lo cual, en un rapto improvisado de probable enajenación, y para conseguir el aforamiento, dimitió de la presidencia de la Diputación y se convirtió en diputado autonómico tras la renuncia de cinco compañeros suyos por delante en las listas. La sombra del fraude de ley planeó sobre aquella disparatada maniobra.

Sea como sea, el desenlace del proceso que afecta a Gallardo está en manos de los jueces, y ha constituido un error de bulto mantener su candidatura intacta, que equivalía a obligar a los electores a realizar un piadoso acto de fe. La incriminación debe suponer el discreto ostracismo del señalado hasta que se aclare la situación. Evidentemente, buena parte de la antigua clientela socialista ha pensado lo mismo.

El otro disparate sobre el que ha pivotado la candidatura socialista ha sido el asunto de la central de Almaraz, que se encuentra al final de su vida útil si esta no es prolongada mediante una negociación entre el Estado y los propietarios de la instalación. Los socialistas son claramente partidarios del desmantelamiento, y el propio Gallardo propuso «paralizar» el cierre de la planta extremeña hasta que «haya una alternativa». Los frutos están ahí: en Almaraz, el pueblo más próximo a la central nuclear, el PP ha vencido con un 46,6% de los votos, unos siete puntos más que en los comicios de 2023. En segundo lugar ha quedado Vox con un 23,3%, lo que supone un aumento de 13,2 puntos respecto a la misma cita electoral anterior. O sea que en el territorio contiguo a la central, el PSOE es ya tercera fuerza.

La polémica sobre la energía nuclear plantea problemas a los partidos en toda Europa, pero en este caso concreto, Almaraz merecía una cierta sensibilidad. Extremadura, a la cola del desarrollo español (en esto no se ha avanzado en los últimos 50 años), está escasamente industrializada, y esta central constituye el elemento patrimonial más potente de la infraestructura tecnológica de la región. Es, por tanto, muy peligroso dejar a los extremeños al margen del asunto cuando lo que está en juego es la desaparición de una fuente tan simbólica de riqueza.

A la vista de lo anterior, el hundimiento socialista en la región no es sorprendente sino perfectamente natural. Ni las ideologías, ni las siglas, ni la imagen personal de los candidatos lo son todo en unas elecciones territoriales. El éxito político es fruto de una oferta racional respetuosa y paccionada, exhibida por personas ajenas a toda sospecha y con el ímpetu y la solvencia necesarias. En este caso, un mal candidato, escudado en una inmunidad marrullera y decidido a tomar graves decisiones de espaldas a los extremeños, ha cosechado la derrota que cualquier analista podía prever de antemano.

Si en el ciclo electoral que acaba de arrancar no se rectifican taxativamente el fondo y la forma del discurso, la suerte —más bien el infortunio— estará ya echada de antemano.