El desafío del PP contra la democracia constitucional

Esta semana, la mayoría absoluta del PP en el Senado ha aprobado requerir al Congreso la retirada de la Proposición de Ley de Amnistía por un supuesto conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales. La artificiosa construcción jurídica que pretende justificarlo –apelando a una fantaseada “reforma constitucional encubierta”– no puede disimular ni camuflar lo evidente: que no existe ningún conflicto constitucional de atribuciones, sino un conflicto político que el PP quiere convertir en un conflicto constitucional –incluso en una crisis constitucional– en su política de tierra quemada para alcanzar la Moncloa como objetivo único.

Para el PP todo vale y todo se justifica para lograr su meta: recuperar el poder que periódicamente le es arrebatado a ellos, sus legítimos detentadores y titulares, mediante añagazas urdidas en urnas adulteradas (2004) o en recónditos despachos parlamentarios (2018). Lo demostró sobradamente en el pasado Aznar y, para sorpresa de propios y extraños, lo evidencia actualmente un Feijóo que se ha convertido en el líder de la derecha española con menos escrúpulos para intentar alcanzar sus fines políticos poniendo en jaque, incluso, el correcto funcionamiento y estabilidad de las instituciones constitucionales.

Feijóo ha convertido la disputa, la discrepancia y el desacuerdo –en definitiva, el legítimo conflicto político- en una crisis constitucional en la que se amenaza la estabilidad de todas las instituciones. No se salva ningún órgano de mayor o menor relevancia constitucional inserto en cualquiera de los Poderes del Estado.

El PP empezó apelando a un supuesto fraude electoral provocado por la suscripción de acuerdos parlamentarios que no contaban con el refrendo explícito de las urnas y negando, en consecuencia, legitimidad al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La derecha ha hecho gala de la más pura y rancia tradición antidemocrática de los facciosos decimonónicos al negar la virtuosidad de un Gobierno surgido de un impecable pacto parlamentario de investidura plenamente respetuoso con el procedimiento y la aritmética parlamentaria.

La derecha lleva boicoteando la renovación del Consejo General del Poder Judicial más de cinco años, de forma que el órgano de gobierno de los jueces, que duplica la duración de su mandato, agoniza día tras día. La finalidad de este secuestro del Poder Judicial es doble: provocar ante la ciudadanía el descrédito institucional ante este brutal colapso de la Justicia y, además, valerse hasta el último momento, partidistamente, de vocales dispuestos a firmar cualquier dictamen que sirva a los intereses desestabilizadores del PP.

Tristemente, el PP no ha tenido escrúpulo alguno en convertir las instituciones europeas en un teatrillo en el que escenificar su desaforada y virulenta hostilidad hacia el Gobierno de España para su propio deshonor y desprestigio y, por desgracia, tangencialmente, también para nuestro país. La desconsiderada e incómoda posición a la que ha sometido al comisario europeo de Justicia es un ejemplo palmario no solo del desnortamiento de la derecha española sino de la falta de convicción y compromiso real con el proyecto europeo.

El PP ya se ha puesto la venda antes de sufrir la herida al calificar como un “cáncer” al Tribunal Constitucional. Está preparando el camino para su futura deslegitimación cuando lleguen las sentencias que desarbolen el fantasioso castillo de naipes sobre el que ha asentado toda su estrategia de oposición y deslegitimación del Gobierno: la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. El PP no admitirá una enmienda a la totalidad ante su huracanado combate contra esta ley y cuestionará la credibilidad y autoridad del TC. Lo ha empezado a hacer con organismos europeos a los que apeló buscando su aval técnico, profesional e independiente, pero que, a las primeras de cambio, como ha ocurrido con la Comisión de Venecia, le han negado la mayor.

Y ahora el PP anuncia la abusiva utilización del Poder Legislativo para sus espurios fines partidistas. No en vano, esta misma semana ha activado tres adulteradas versiones de órganos parlamentarios en el Senado: la Comisión General de Comunidades Autónomas, la Comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en la pandemia y el ya referido requerimiento al Congreso para detener un fabulado conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso. Convocar a los presidentes autonómicos para pronunciarse sobre una Ley de Amnistía que nada tiene que ver con su función constitucional y en nada afecta a la distribución competencial es, sin más, una patochada, un desatino propio del “cuánto peor mejor” aunque sea en demérito de la institución del Senado. Pero que no quepa ninguna duda de que este descrédito alcanzará categoría de disparate cuando el PP active la comisión de investigación de las mascarillas y emule sus propios pasos recorridos en la comisión del Senado creada en la XII Legislatura para investigar la financiación de todos los partidos políticos (menos, eso sí, del único partido condenado por corrupción: el Partido Popular).

El requerimiento del Senado al Congreso para iniciar el conflicto de atribuciones no irá a ninguna parte y ni siquiera paralizará ni suspenderá ni retrasará ningún procedimiento en la tramitación de la Ley de Amnistía. Es solo ruido. Más ruido. Un ruido que llega a la ciudadanía multiplicado y provoca desazón y desafección hacia las instituciones. El PP está convencido de que solo llegará a la Moncloa a lomos de una crisis –política (1996), económica (2011)– que provoque desánimo entre los ciudadanos y. para alcanzar tal fin, ha demostrado que no tiene escrúpulo alguno y que, si es necesario, agudizará la actual crisis institucional hasta convertirla en una crisis constitucional. Los demócratas debemos estar preparados para responder con rigor, responsabilidad y altura de miras. En definitiva, con el sentido de Estado del que adolece la derecha española.

Artemi Rallo Lombarte es portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados