El futuro pasa por una prosperidad social y feminista

Que estas fiestas no os intenten engañar. Los datos de crecimiento de la economía española son muy buenos. 2,42 millones de personas trabajando (la cifra más baja en noviembre desde 2007). 523.000 empleos nuevos solo en un año. O que, según el Fondo Monetario Internacional, España es, por segundo año consecutivo, la economía avanzada que más crece. Las cifras son muy positivas.

Así es como hemos podido reducir las desigualdades y aumentar a su vez la productividad. Son dos de los principales desafíos de la economía del país. Por eso, es importante mantener este buen ritmo de crecimiento económico para permitir la redistribución de la riqueza producida. Sin crecimiento, la prosperidad no se puede compartir ni repartir.

Sin embargo, muchas veces esta prosperidad se topa con un modelo injusto e insolidario propugnado por el PP (con el apoyo de Vox) en las autonomías que gobierna. Allí, el PP ha optado por privatizar servicios públicos tan esenciales como la educación o la sanidad, como demuestra el escándalo del hospital de Torrejón de la Comunidad de Madrid, priorizando los beneficios privados a la calidad de la asistencia.

Torrejón no es un caso aislado. Torrejón representa el modelo privatizador del PP llevado a cabo durante 30 años que muestra síntomas de agotamiento gestor y sufrimiento social, en forma de injusticia y desigualdad. Un modelo que, en los últimos años, ha ido avanzando, afianzándose y expandiéndose poderosamente con la complicidad de la derecha autoritaria de Vox. Esta estrategia no es casual, responde a un plan compartido entre las derechas de nuestro país para desmantelar el Estado de bienestar para favorecer intereses particulares y, en consecuencia, perjudicar la cohesión social.

Pero esta cohesión no es posible sin una política decidida netamente feminista, que revierta las brechas de género existentes. Medidas como la Ley de paridad y la subida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional y de las ayudas a las cuidadoras por dependencia benefician significativamente a las mujeres de este país. También en este ámbito, quedan tareas pendientes para extirpar de raíz el machismo que todavía anida en nuestra sociedad y en sus estructuras de poder, y que desafortunadamente afectan de forma transversal a fuerzas de izquierda y de derecha.

El Gobierno tiene que seguir creando las condiciones para que los contravalores del machismo no arraiguen más, revigorizados hoy a través del proyecto político de la derecha autoritaria, con las que el PP no duda en pactar. De hecho, sus primeras medidas, cuando el PP y Vox pactan, consisten en suprimir las concejalías de Igualdad y desarticular las políticas contra la violencia machista. Lo que demuestra que el peor enemigo de las mujeres sigue siendo la derecha negacionista de nuestro país.

Ante esta realidad, la propuesta de la izquierda. Una sociedad más justa, cohesionada social y territorialmente. Fondos europeos, inmigración regular, transición ecológica y apoyo a sectores innovadores explican, en buena parte, una prosperidad real que malograría una derecha a remolque de la agenda ultra para aislar y empobrecer España.

A estas condiciones, se añade la responsabilidad que ha asumido el Ejecutivo de coalición para construir vivienda pública y facilitar el alquiler a los jóvenes a través de instrumentos como la Ley de Vivienda y la nueva empresa pública de vivienda, Casa 47, frente a la desidia desreguladora de la derecha. Otro buen ejemplo reside en la política de vivienda de comunidades como la de Catalunya, donde la Generalitat del presidente Illa viene de aprobar la compra de más de 1.000 pisos a InmoCaixa para ampliar el parque público.

Ahora, más que nunca, es tiempo de fortalecer el compromiso político de las izquierdas. Una prosperidad compartida sobre la base de un crecimiento económico justo, la regulación de una economía más social y solidaria y la consecución de una cohesión con la mujer como su verdadera protagonista.