El miedo a la libertad de las mujeres
"Es necesario proteger el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ante la ola reaccionaria que pretende devolvernos a las mujeres a la categoría de menores de edad".
El Tren de la Libertad convocó, hace ya más de una década, a miles de mujeres. Recorrimos las calles de Madrid decididas a parar una reforma del Partido Popular que hubiera acabado con el derecho al aborto tal como hoy lo conocemos. El resultado fue la paralización de la práctica totalidad de la reforma anunciada y el cese del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
El PP parecía haber aprendido la lección de aquella gran movilización feminista. Digo que parecía porque, entonces, abandonó el intento de reforma. Pero a nadie se le escapa que ha habido otros intentos por la puerta de atrás. Siguiendo la estela de Hungría, hace solo dos años, el Gobierno de Castilla y León pretendió obligar a las mujeres que querían abortar a escuchar los latidos del feto antes de decidir sobre su derecho al aborto. La intención, decían, era fomentar la natalidad.
Ahora, VOX habla de “invierno demográfico”. Propone, para afrontarlo, devolver a la población inmigrante a sus países de origen y ponernos a las mujeres españolas a procrear, a parir para repoblar España con ejemplares patrios dignos de esa consideración por parte de la extrema derecha y la derecha extrema. Porque el PP no se queda atrás a la hora de poner impedimentos, por activa y por pasiva, a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo al amparo de la ley vigente. Y lo hacen inventándose el “síndrome postaborto”, falsas secuelas físicas y mentales tras la práctica de ese derecho. O desobedeciendo la ley de 2023, en concreto la obligación de las comunidades autónomas de crear en los centros públicos donde se practican abortos un registro de facultativos objetores de conciencia, de la misma manera que lo tiene que haber en relación con la eutanasia. Surrealista, bochornosa y no menos peligrosa la guerra de propuestas, a cuál más disparatada, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Núñez Feijóo, al respecto. Surrealista y bochornosa porque una desobedece el mandato legal y el otro no sabe ni de lo que habla cuando propone una reforma del registro de facultativos que se acogen a la objeción de conciencia. Y peligrosa porque las derechas siempre disparan en la misma dirección y los que resultan dañados son nuestros derechos, los de las mujeres.
En Europa, el 71% de los adultos apoya este derecho, según una encuesta de 2023. En España, esa cifra se eleva hasta el 83%. Pero, a pesar de ese soporte mayoritario de la ciudadanía, tanto en la Unión Europea como en el resto del mundo estamos asistiendo a una corriente involucionista que reclama la vuelta a las tinieblas para los derechos adquiridos por las mujeres. Desde Estados Unidos, donde se está revocando la protección federal al derecho a la interrupción del embarazo, hasta Polonia, Malta, Hungría, Italia, Nicaragua, El Salvador y muchos otros países en los que se está restringiendo ese derecho. Se estima que hay 700 millones de mujeres en edad reproductiva que no tienen acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo legales y seguros.
En el otro plato de la balanza está Francia, patria de Annie Ernaux. La premio Nobel de Literatura relata en “El acontecimiento” su experiencia personal cuando, en los años 60, tuvo que abortar en la clandestinidad. Francia blindó el derecho al aborto en la Constitución en marzo de 2024, con los votos a favor de la práctica totalidad del arco parlamentario, incluida la ultraderechista Le Pen.
España, ahora, sigue la estela del país vecino y por los mismos motivos. Es necesario proteger el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ante la ola reaccionaria que pretende devolvernos a las mujeres a la categoría de menores de edad, al considerarnos incapaces de decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestro destino vital. El Gobierno acaba de aprobar el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el derecho a la interrupción del embarazo ante cualquier retroceso a futuro.
La sentencia del Tribunal Constitucional que desestimaba íntegramente el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto, dictada hace dos años, declaraba que el sistema de plazos garantiza el deber estatal de protección de la vida prenatal. Mientras Ayuso habla de prestaciones y derechos de los no nacidos en una comunidad donde apenas el 1% de los abortos se practican en la sanidad pública, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defiende en Bruselas un impulso definitivo al derecho al aborto en el marco de la Carta Europea de Derechos Humanos. Mirada corta y al pasado de una derecha desacomplejada, frente a la férrea defensa de los derechos de más de la mitad de la población por parte del Gobierno. Como dijo el presidente Pedro Sánchez, el PP tiene miedo a las mujeres libres. Y las mujeres no vamos a permitir que una derecha desnortada nos arrebate nuestros derechos.
Lídia Guinart Moreno es presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados y diputada por Barcelona.
