La educación como derecho o como negocio

El final de curso deja una fotografía que, más que educativa, es política en el sentido profundo del término: muestra quién cree en la educación pública como motor de igualdad y quién la trata como un trámite incómodo. Mientras el Gobierno central ha desplegado una agenda educativa ambiciosa —becas reforzadas, impulso a la educación infantil, cooperación territorial, climatización de centros y una ley que reconoce al profesorado reduciendo ratios y horas lectivas—, varias comunidades gobernadas por el PP parecen empeñadas en caminar en dirección contraria.

La diferencia no es menor. Es estructural. Y afecta directamente a millones de estudiantes.

Tenemos un Gobierno que invierte, cumple y reconoce a la educación pública, que “no se defiende con discursos, sino con recursos”. Y los hechos acompañan. Se han reforzado las becas hasta niveles históricos, 2.559 millones de euros, ampliando su alcance para que ningún estudiante quede atrás por motivos económicos. Las becas no son un gasto: son una política de igualdad. Y este Ejecutivo lo ha entendido.

En paralelo, la apuesta por la educación infantil de 0 a 3 años ha sido clara: más plazas públicas, más financiación y más apoyo a las familias. La etapa 0 3 no es un aparcamiento, es un derecho educativo y un pilar de conciliación. El Gobierno lo ha tratado como tal y lo seguirá haciendo, regulando y mejorando las condiciones de este ciclo educativo.

A ello se suman los programas de cooperación territorial, que han repartido 4.425 millones de euros y permiten a las comunidades autónomas desarrollar proyectos de innovación, refuerzo educativo, digitalización o inclusión. Son herramientas que reducen desigualdades territoriales y que, año tras año, han demostrado su eficacia.

Y ahora llega la ley de reducción de ratios y horas lectivas, un reconocimiento explícito al profesorado. Reducir ratios no es un capricho: mejora la atención individualizada, reduce la carga emocional del docente y eleva la calidad educativa. Reducir horas lectivas no es un privilegio: es permitir que el profesorado prepare mejor sus clases, innove y atienda a su alumnado. Es profesionalizar la educación.

Todo esto forma parte de un proyecto coherente: fortalecer lo público. Frente a ello, la burla, la incomprensión y la privatización.

Mientras el Gobierno avanza, algunas comunidades del PP retroceden. Y no de forma silenciosa.

En Madrid, la presidenta y su consejería han llegado a burlarse del valor del profesorado y del problema del calor en las aulas, insinuando que las quejas son exageradas o que los docentes buscan privilegios. Es difícil encontrar un ejemplo más claro de desconexión con la realidad educativa. Mientras el Gobierno central reconoce y refuerza al profesorado, Madrid lo ridiculiza.

En la Comunidad Valenciana, el problema no es la burla, sino la falta de comprensión y diálogo. Las decisiones se toman sin escuchar a la comunidad educativa, sin negociación y sin sensibilidad hacia quienes sostienen el sistema día a día. El resultado es un clima de tensión permanente.

Y luego está la tendencia más preocupante: la asfixia de la educación pública mediante la expansión de conciertos educativos en etapas no obligatorias y la privatización del 0 3. En lugar de invertir en escuelas públicas, algunas autonomías optan por financiar centros privados, incluso en etapas donde la escolarización no es obligatoria. Es un modelo que desvía recursos, fragmenta el sistema y convierte un derecho en un mercado.

La comparación es inevitable. Por un lado, un Gobierno que invierte en becas, refuerza la educación infantil, impulsa programas de cooperación territorial y reconoce al profesorado con la ley de ratios y horas lectivas.

Por otro, gobiernos autonómicos que ridiculizan problemas reales, evitan el diálogo y apuestan por la privatización.

No es una cuestión partidista. Es una cuestión de prioridades. De entender la educación como un derecho o como un negocio. De creer en la igualdad o en la segregación. De gobernar o de confrontar.

Por eso llegamos a la lección de este curso que acaba: quien quiere, puede. Este curso deja claro que cuando hay voluntad política, los avances llegan. Y cuando no la hay, llegan las excusas. El Gobierno ha demostrado que es posible invertir, reformar y mejorar. Las comunidades que han elegido la confrontación y la privatización también han demostrado algo: que la educación pública no es su prioridad.

En septiembre, cuando los alumnos vuelvan a las aulas, se verá quién ha trabajado y quién ha mirado hacia otro lado. Y esa diferencia no la marcarán los discursos, sino los hechos.

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Mª Luz Martínez Seijo es portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputada por Palencia