La inmigración: un imperativo ético

La inmigración en España es un fenómeno digno de consideración desde el comienzo del actual milenio. Según el Instituto Nacional de Estadística, la Estadística Continua de Población y el Censo Anual, en el año 2000 había en España dos millones de extranjeros, el 5,9% de la población; en el 2010 había 7 millones, el 15,1%; Enel 2020, 8,2 millones, el 17,3% y a 1 de enero de 2026 (datos provisionales correspondientes al cierre de 2025), la población total era de 49.570.725 habitantes; de ellos, habían nacido en el extranjero 10.004.581 personas, lo que representaba un porcentaje sobre la población total del 20,2 %; es decir, aproximadamente uno de cada cinco residentes nació fuera de España. Es importante distinguir entre los dos conceptos manejados: han nacido en el extranjero algo más de 10 millones (20,2 %) de los residentes en España; son extranjeros por nacionalidad alrededor de 7,2 millones (14-15 %), porque varios millones de inmigrantes han adquirido ya la nacionalidad española.

Esta es la fotografía de la cuestión migratoria en nuestro país, que está experimentando cambios a causa de la regularización en marcha. De entrada, ya puede decirse que la inmigración ha sido beneficiosa para el país, ya que la simple demografía, a la baja, nos hubiera condenado al estancamiento económico e incluso a un retroceso. Según las estimaciones oficiales del INE, de no haber existido la inmigración, España apenas alcanzaría hoy entre 40 y 41 millones de habitantes, de una media de edad muy alta. No puede perderse de vista que España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, en torno a 1,2 niños por mujer.

Estos datos muestran por sí solos el benéfico efecto de una inmigración intensa (mucho más la inmigración regular que la irregular), que ha proporcionado mano de obra para llevar a cabo actividades desatendidas por los españoles —en hostelería y turismo, en construcción, en la industria agroalimentaria, etc.—. Asimismo, la inmigración ha rebajado la edad media de los españoles, mejorando la ratio población activa/población pasiva y facilitando el sostenimiento del sistema de pensiones. En definitiva, la inmigración produce efectos económicos, demográficos, sociales y culturales todos ellos benéficos.

No haría falta un recuento tan pormenorizado si la extrema derecha española, heredera sin duda de la que nos embarcó en la cruenta guerra civil, no hubiese convertido a los inmigrantes en rehén de sus intransigencias. Cuando todavía no se han apagado los ecos del Holocausto ni de sus secuelas israelíes, la invocación de un lema como el de «prioridad nacional» para desdeñar la afluencia extranjera produce repugnancia porque reintroduce en el debate una vertiente en gran parte racializada de la cuestión migratoria.

Es evidente que la llegada de masas de inmigrantes en estado de necesidad produce problemas y molestias a la población autóctona, de la misma manera que las aglomeraciones de turistas ricos que invaden nuestros lugares estratégicos en agosto resulta también un engorro sumamente incómodo. Además, los inmigrantes vienen de los países del subsuelo estadístico, no han recibido educación, están hambrientos, desconocen las costumbres de los lugares de arribada y no han oído hablar de normas de conducta a las que habrán de atenerse para poder ser admitidos en comunidad. Las molestias existen, evidentemente, pero la solución no consiste en rechazar con violencia a quienes imploran un asidero para salir del pozo y huyen de una muerte segura. En este punto, el referido problema deja de ser socioeconómico para convertirse en imperativo ético: los países ricos tienen obligaciones con las masas depauperadas que son expulsadas de sus países por los conflictos y las guerras, que se ven obligadas a huir de su patria porque peligra su vida a manos de fanatismos religiosos, que la falta de medios de subsistencia empuja a embarcarse en frágiles pateras para encontrar algún lugar del mundo en el que puedan aportar su trabajo de forma que su supervivencia no peligre.

Europa no es inocente con respecto al fenómeno de los grandes movimientos migratorios actuales. La inflamabilidad de Oriente Medio es consecuencia directa de la descolonización de la zona, que incluyó la creación arbitraria en 1948 del Estado de Israel.

La colonización europea de África fue un proceso que alcanzó su máxima intensidad entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. El reparto sistemático del continente comenzó tras la Conferencia de Berlín (1884-1885), en la que las principales potencias europeas establecieron las reglas para ocupar territorios africanos. Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania, Portugal, Italia y España se repartieron casi todo el continente, impulsadas por intereses económicos, estratégicos y de prestigio internacional. Hacia 1914, solo Etiopía y Liberia conservaban su independencia.

La dominación colonial supuso la explotación de materias primas, la implantación de administraciones europeas y la construcción de infraestructuras orientadas principalmente al comercio colonial. También introdujo nuevos y frágiles sistemas educativos y jurídicos, pero alteró profundamente las estructuras políticas, económicas y sociales africanas y trazó fronteras que ignoraban, en muchos casos, las realidades étnicas y culturales del continente.

La descolonización comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, favorecida por el debilitamiento de las potencias europeas, el auge de los movimientos nacionalistas africanos y la presión internacional, ejercida particularmente a través de la ONU. Entre 1956 y 1975 la inmensa mayoría de las colonias obtuvo la independencia, mediante negociaciones pacíficas y guerras de liberación, como ocurrió con las de Argelia, Angola y Mozambique. La independencia política no resolvió todos los problemas: muchos de los nuevos Estados heredaron fronteras artificiales, economías dependientes de la exportación de materias primas e instituciones frágiles, circunstancias que contribuyeron a conflictos internos, inestabilidad política y dificultades para el desarrollo. No obstante, la descolonización supuso el fin del dominio imperial europeo sobre África y el nacimiento de los actuales Estados africanos soberanos. La descolonización y la creación de Israel en 1948 generaron las guerras posteriores en la zona, en uno de cuyos enclaves —Gaza— acaba de producirse un brutal genocidio, con más de 60.000 muertos.

Esta África expoliada y atrasada, divida por fronteras artificiales, carente de infraestructuras de todas clases, es la que hoy se declara incapaz de mantener a los 1.580 millones de personas que la habitan. La falta de recursos, agravada por el cambio climático, unida a la toma de conciencia del bienestar de los países del Norte, de la UE y de América septentrional, es un impetuoso móvil para que los individuos desesperados por el gradiente vertical de rentas intenten frenéticamente buscar oportunidades en el mundo desarrollado.

Si se ve la emigración desde el lado de sus orígenes se llegará fácilmente a la conclusión de que ese norte desnaturalizado que está en el origen del actual malestar del Sur ha de responsabilizarse de su propia obra.

Eso no significa, obviamente, que la UE haya de recibir a todos los infortunados que buscan un destino desesperadamente, pero sí nos advierte de que atender a estos infortunados constituye un imperativo ético insoslayable, que hay que gestionar.

Tampoco es fácil aplicar este criterio, que desde luego no es voluntarista en exceso: en primer lugar, Europa debe adoptar una política migratoria común posibilista, que distribuya entre sus miembros una parte de los flujos que convergen en ella (la inmigración no solo beneficia a España en términos socioeconómicos). Pero además, en segundo lugar, Bruselas ha de contribuir a buscar una salida a los emigrantes sin destino para que no mueran de inanición y para que puedan alentar una esperanza de futuro. Un gabinete político europeo deberá diseñar campos de alojamiento en la costa Mediterránea para que los emigrantes encuentren un asentamiento digno y reciban una serie de elementos formativos y culturales que faciliten su gradual incorporación a los mercados de trabajo occidentales.

Pero el papel de Europa no termina aquí: es su obligación extender la cooperación para el desarrollo a todo el continente africano, de tal forma que las poblaciones indígenas no se vean impelidas a marcharse, puedan alentar un proyecto de futuro en sus países de origen y estén en condiciones de dedicarse a la construcción de naciones más potentes y funcionales.

En definitiva, ese paisaje deprimente de muchedumbres que pierden la vida mientras buscan un asidero redentor es responsabilidad del Norte civilizado y opulento. Pues bien: ese Norte no se puede desentender del problema y ha de contribuir, por razones morales, tanto a la incorporación de todos los inmigrantes posibles cuanto al resurgir de un Tercer Mundo que hoy es incapaz de alimentar y dar alientos a sus propios naturales.