En mayo de 2018, Eduardo Zaplana era detenido en el marco de una operación por blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, fraude y delito fiscal. En concreto, aquella operación de la Fiscalía Anticorrupción que puso en marcha el juzgado número 8 de Valencia investigaba las adjudicaciones de las ITV concedidas a la familia Cotino cuando Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana (entre 1995 y 2002).

La caída de aquel oscuro personaje fue, políticamente, una muerte anunciada, que corría de boca en boca por los distintos ámbitos en que al ambicioso político había recalado. En aquella ocasión, el portavoz de Compromís, Joan Baldovi, recordó que el expresidente de la Generalitat dijo en su momento que se había metido en política “para forrarse", y había cumplido "con su palabra". El político valencianista hizo hecho alusión a las escuchas telefónicas del caso Naseiro, tan comprometedoras para Zaplana y que finalmente fueron anuladas por un tribunal.

Baldoví señaló también que, durante su etapa política, Zaplana había desempeñado cargos sucesivos; primero como alcalde de Benidorm, después como presiente valenciano y por último como ministro de Aznar, que le permitieron "adjudicar muchos contratos y beneficiar a muchas empresas".

Hay pocas similitudes objetivas entre aquellas corrupciones valencianas que alcanzaron a tanta gente y que tuvieron a Zaplana como paradigma vita y como ominoso modelo de vida, y las corruptelas del trío José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, centradas en buena medida en Navarra y expandidas después a otros lugares, pero el tufo irrespirable es el mismo, así como el talante de las personas implicadas y el desparpajo con que se cometieron, entonces y ahora, los descarados ejercicios de prevaricación.

Parece claro, en fin, que todos los episodios de corrupción surgen espontáneamente en torno a desaprensivos que disimulan habilidosamente su voracidad y que, valiéndose de algunos agujeros del sistema de control y de la venalidad de los segundos escalones, consiguen durante un cierto tiempo enriquecerse, hasta que en muchos casos (en realidad, no sabemos en cuántos) el escándalo termina estallando. Se supone que otra porción de corruptelas queda impune.

La corrupción, un concepto de resonancias bíblicas que se relaciona con la avaricia, uno de los siete pecados capitales, es inherente a la naturaleza humana y quienes se dedican a la ingeniería social y a la política deben contar con ello. Para lo cual, además de la persuasión moral, que resulta siempre necesaria, hay que aplicar terapias y controles expeditivos y convincentes.

En nuestras democracias, la política es una profesión. Singular pero profesión al fin y al cabo, ya que de ella viven quienes la practican. Es, pues, conveniente que exista un sistema retributivo vinculado al del resto de las actividades, con equivalencias de nivel y grado, confeccionado por expertos y aprobado por el parlamento. Y en este país, actualmente, esto no se ha hecho. El salario oficial del presidente del gobierno en 2024 fue de 93.145,20 € anuales, según el portal de Transparencia. Otros algos cargos de la Administración (secretarios de Estado, ministros y asimilados) llegan a los 130.000 euros. Ya sé que estas cantidades son estratosféricas para la mucha gente que ha de sobrevivir con el salario mínimo pero, como regla general, sería lógico que los altos cargos estatales tuvieran un régimen similar al del sector privado. Negar esta exigencia es dar por supuesto que los políticos no necesitan sueldos razonables porque ya sacan las prebendas de otro lado. Así fue en este país en otro tiempo pero no deberíamos volver nunca más a los oscurantismos de antaño.

La otra gran deficiencia que posibilita e incita la corrupción es la inexistencia de controles eficaces. En este país somos muy dados a legislar sobre el particular pero sin crear el correspondiente aparato de fiscalización que garantice el cumplimiento de lo legislado. En el ámbito de los servicios de seguridad del Estado hay oficinas de control -los departamentos de asuntos internos que nos muestran las series norteamericanas de elevisión- que vigilan atentamente y con la debida reserva el nivel de vida de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con el fin de detectar posibles sobornos. Ahora, personas del entorno de Santos Cerdán declaran a los medios que este personaje llevaba un tren de vida discreto pero alto, y desde luego imposible de financiar con las retribuciones oficiales que recibía… Quien firma estas líneas tiene en la cabeza otros nombres de políticos y expolíticos cuyo nivel de vida tampoco se corresponde con su historial laboral.

En definitiva, nada hay que objetar a que cuando se descubre, como es el caso, un gran escándalo de corrupción, se genere un gran alboroto político en tanto se depuran las responsabilidades. Pero de cara al futuro, además de estas expansiones ya muy tediosas y manidas, será necesario cambiar las reglas hasta que quien se sienta tentado por el dinero fácil, no ceda a la tentación, no tanto por sus convicciones morales sino porque resulta imposible pasar inadvertido, quedar impune.