Resiliencia constitucional frente a la España que embiste
"Ante la adversidad y los desafíos a los que se le somete, el marco constitucional debe adaptarse tras cinco décadas de recuperación de la democracia".
“El que pueda hacer que haga” se ha convertido en la nueva divisa del otrora matonismo engominado joseantoniano dirigida a alterar, a cualquier precio, las reglas básicas de convivencia de los españoles. En otro tiempo no demasiado remoto nos hubiera costado sangre y lágrimas pero, afortunadamente, el marco constitucional que nos dimos en 1978 amortigua su nefando impacto evidenciando una inequívoca capacidad de resistencia en todos los órdenes y, muy en particular, en lo relativo al encomiable sometimiento de las fuerzas armadas a un orden constitucional democrático ajeno absolutamente a tentativas y tentaciones sediciosas (pese a que no cuesta imaginar que algunos pudieran añorarlas). Hasta aquí tranquilidad absoluta e incontestable y emocionado orgullo de país.
Ahora bien, las tentaciones levantiscas tan presentes en nuestra historia hoy tienen otras manifestaciones menos desgarradoras pero igualmente dañinas y nocivas para la convivencia y el sistema democrático. La patrimonialización del poder ha permanecido inoculada en el conservadurismo político durante toda nuestra historia constitucional para salvaguardar los intereses oligárquicos frente al bien común, y se ha manifestado en decididas intervenciones facciosas en las cortas experiencias democráticas que los españoles hemos disfrutado (sexenio revolucionario, Segunda República). Lo que hoy vivimos no es ajeno a esta desgraciada trayectoria histórica de las derechas.
Las elecciones generales de 2015 quebraron la lógica política nacida de la transición y alumbraron nuevos proyectos y liderazgos llamados, no sin claroscuros, a renovar las bases de nuestra realidad socio-política. Las derecha política, tutelada e instrumentalizada por los poderes latentes en nuestra sociedad, asistió estupefacta – y esclerotizada por la emergente corrupción que la asfixiaba - a este nuevo escenario hasta que dicha inacción se convirtió, en 2018, en pánico ante la creencia de que el nuevo Gobierno de coalición progresista pondría en cuestión su ventajoso status de privilegios. Esto explica el ataque por tierra, mar y aire que sufre el Gobierno que preside Pedro Sánchez.
La España que embiste y que niega la razón democrática no ha ahorrado esfuerzos y ha abierto todos los frentes. No se ha contentado con negar desde el primer momento la legitimidad de un Gobierno nacido, por primera vez en nuestra historia, de una moción parlamentaria de censura y renovado en las urnas en dos ocasiones. La derecha ha ido mucho más allá negando legitimidad constitucional incluso a otros poderes claves en el funcionamiento del Estado como el Tribunal Constitucional. Pero no se ha quedado ahí, sino que ha implicado en su particular cruzada para la reconquista del poder sin escrúpulos a muchos otros poderes y actores: politización de la justicia, judicialización de la política, aniquilación penal del adversario y persecución de sus familiares son expresiones nauseabundas de un modo vomitivo y repugnante de hacer política.
Los ciudadanos asisten con estupor y tristeza al descrédito que sufren instituciones centrales de nuestro sistema constitucional a causa de esta enloquecida estrategia de acoso político contra el Gobierno. La condena del fiscal general del Estado es un ejemplo palmario que vendrá acompañado de una nueva acometida contra el Tribunal Constitucional si anula dicha sentencia por vulneración de derechos fundamentales durante el proceso judicial. Tras el largo secuestro sufrido boicoteando su renovación, al CGPJ no se le posibilita ejercer sus funciones constitucionales garantizando los derechos de los justiciables ante tanta mala praxis de algunos actores judiciales. Las causas judiciales abiertas contra familiares constituyen inquisitoriales ejemplos de infundada persecución con fines indubitadamente políticos.
Nadie ha permanecido ajeno a esta estrategia de deslegitimación del Gobierno. Ni siquiera el penoso ajuste de cuentas regio ha evitado esta tentación. Pero han sido las Cortes Generales el escenario principal de tan bochornosa ignominia. Nunca el lenguaje parlamentario incurrió en tan vergonzosa zafiedad ni los conflictos entre instituciones alcanzaron tal dimensión. El Senado lleva interpuestos una decena de conflictos de atribuciones contra el Gobierno y el Congreso de los Diputados a cual más surrealista y delirante. La utilización de la Cámara Alta en esta estrategia de acoso y derribo adquiere dimensiones que calificaríamos como hilarantes si no implicaran un descrédito institucional que se suma al tradicional cuestionamiento de su debilitada función constitucional. La repulsiva utilización de las comisiones de investigación sin otro fin que el escarnio público de los comparecientes merece censura y reprobación.
Afortunadamente, frente a tanta transgresión de los valores propios e inherentes al orden constitucional democrático, la Constitución resiste. El andamiaje constitucional resiste. Pero no basta. Ante la adversidad y los desafíos a los que se le somete, el marco constitucional debe adaptarse tras cinco décadas de recuperación de la democracia. Una Constitución resiliente exige más democracia, más Europa, más justicia social, más calidad democrática, más solidaridad intergeneracional, más integración territorial, más desarrollo económico sostenible, más protección medioambiental. La Constitución ampara y, en buena medida mandata, lograr estos objetivos y el Gobierno de coalición progresista explica su existencia con la incuestionable ambición de alcanzarlos.
Artemi Rallo es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión Constitucional y diputado por Castellón
