Tesis del golpe de Estado judicial (la teoría de Cruz Villalón)
"El artículo defendería que es actualmente exigible la responsabilidad penal del presidente del Gobierno, y que esta podría ser la vía de descabalgarle del poder".
En los últimos días de junio está tomando cuerpo el fantasma de una turbia maniobra jurisdiccional para descabalgar a Pedro Sánchez de la jefatura del Gobierno. El día 26, el magistrado jubilado Pedro Cruz Villalín publica en el diario progresista El País un críptico e inquietante artículo titulado “Miseria de Parlamento”.
El artículo era glosado en términos elogiosos por José Antonio Zarzalejos en El Confidencial —Sin zapatero, Sánchez tampoco (del Congreso a Ferraz)—. Y el mismo día 26, la Fundación Sistema, presidida por José Félix Tezanos, publicaba en su revista, Sistema Digital, un artículo firmado por Javier García Fernández titulado Cuando florezcan los almendros… El Colectivo “Almendros” anunció en El Alcázar el 23-F. ¿Hoy Pedro Cruz anuncia el El País otro golpe de Estado?
El parangón es inquietante, aunque por supuesto el soporte mediático sea dispar: El País ha participado activamente en la construcción de la democracia española y El Alcázar intentó desbaratarla desde su nacimiento. En efecto, entre el 17 de diciembre de 1980 y el 1 de febrero de 1981,el diario de ultraderecha franquista El Alcázar publicó tres artículos firmados por un desconocido colectivo “Almendros” en los que anunciaba y programaba el golpe de Estado que tendría lugar el 23 de febrero de 1981.
Ahora, algunos analistas han (hemos) interpretado que el artículo de Pedro Cruz Villalón, presidente del Tribunal Constitucional entre 1998 y 2001 y abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre 2009 y 2015, defiende que es actualmente exigible la responsabilidad penal del presidente del Gobierno, y que esta podría ser la vía de descabalgarle del poder, tras las reiteradas negativas a dimitir y la imposibilidad de sacar adelante una moción de censura con los actuales mimbres parlamentarios.
Cruz Villalón afirma que, aun siendo parlamentario nuestro sistema constitucional, ahora no cumple ni con el imperativo de que "debe contar con la confianza del Parlamento", ni con el de que "esa confianza (o en su caso desconfianza) se encauce de manera eventual a través de los mecanismos de la moción de censura y de la cuestión de confianza y, periódicamente, a través de la aprobación anual de los Presupuestos del Estado".
Al margen de los defectos y omisiones de la propia Constitución, Cruz Villalón argumenta que el mandato del artículo 134 de la Constitución (la obligación de presentar las cuentas públicas anualmente) está siendo incumplido, a la vez que la combinación de la moción de censura y de la cuestión de confianza es imposible con una "mayoría negativa inversa" como la actual. Ello conduce a pretender presentar nuestro sistema como presidencialista, “idéntico, por ejemplo, al de las presidencias de los Estados Unidos, con el agravante, en nuestro caso, de que allí el Ejecutivo no puede pasar por alto la aprobación parlamentaria anual de los Presupuestos".
Y concluye así Villalón: "En estos términos, y si la situación continuase evolucionando indeseablemente en esta línea, no cabe excluir que las miradas se vuelvan hacia el otro tipo de responsabilidad previsto por la Constitución, la responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del gobierno (artículo 102). Pues, después de todo, si se asistiera a la consolidación de una mutación presidencialista de nuestro sistema político, esto no debería ocurrir sin el complemento usual del modo de exigir responsabilidad en los regímenes presidencialistas, es decir, el clásico impeachment fundado en la responsabilidad penal."
Y escribe Zarzalejos al respecto: La responsabilidad criminal del presidente del Gobierno, prevista en el artículo 102 de la Constitución, está en la conversación académica desde hace semanas porque es de la que se defiende [Sánchez] al dar la cara por Zapatero y declararse ajeno a las corrupciones de Ábalos y Cerdán: lo hizo el miércoles en el Congreso y ayer en Ferraz [en la reunión del comité federal]. Pero Cruz Villalón ha escrito ese artículo y ha abierto la caja de Pandora. Alguien tenía que hacerlo con auctoritas. Porque esa, la responsabilidad penal del presidente del Gobierno, va a ser el último párrafo de su trayectoria política. ¿Inverosímil? Más lo era que Zapatero acabase como un presunto delincuente. Aunque, pese a las rotundas evidencias que concurren, Sánchez y el PSOE no puedan admitirlo. De momento”.
Quienes supuestamente se vieran impulsados a emprender esta estrategia borrosa e inaceptable porque se basa en una interpretación muy discutible de la Carta Magna, tendrían en principio un problema: para imputar a alguien, al presidente del Gobierno en este caso, es preciso atribuirle alguna infracción penal. Que sepamos, Sánchez no ha cometido ninguna. Seguramente, los confabulados (si es que existen, porque de momento nadie ha levantado la mano), no sienten gran preocupación por la carencia de este requisito. No en vano la esposa y el hermano del presidente del gobierno ya están pasando por los tribunales, y con malas expectativas por cierto, sin que nadie haya sido capaz de atribuirles delitos verificables y comprensibles por la opinión pública. En el seno del poder judicial no falta la imaginación para estos casos.