UE: ¿voluntad de ser?
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UE: ¿voluntad de ser?

Una batalla copada de gran cantidad de retos de futuro, tal y como delinea este desafiante 2026, conmocionado por seísmos que apuntan a un desorden global.

La UE y España, a los 40 años

En el Pleno de enero del Parlamento Europeo (PE) celebrado en Estrasburgo hubo, al menos, tres puntos destacables, sea por su significado, sea por su densidad o por ausencia de ella.

En esta última categoría destaca, en primer lugar, un trámite parlamentario que a todas luces reclama mayor voltaje e intensidad del que recibe en el PE. Conforme a las previsiones del art.234 TFUE y arts. concordantes en el Reglamento del PE (Rules of Procedure, en la jerga), fue votada (y rechazada) la cuarta moción de censura contra la Comisión Europea que preside Von der Leyen (VDL). 

En apenas año y medio de su segundo mandato (Legislatura 2024/2029), interpuesta, una vez más, por los tres Grupos de ultraderecha que flanquean, y condicionan, al PPE. Es chocante que la interposición de una moción de censura a la Comisión Europea (que en caso de prosperar haría caer al entero Colegio ejecutivo de la UE) requiera tan sólo las firmas de una décima parte del total de miembros del PE, pudiendo volver a interponerla transcurridos apenas dos meses (e incluso, en este intervalo, si se suma una quinta parte de las firmas). 

Me cuento entre quienes reclaman un debate de calado mayor, con suspensión de cualquier otra actividad ordinaria en la Eurocámara, a fin de dramatizar como corresponde la activación de la mayor técnica de control que el parlamentarismo conoce, diseñada expresamente para cesar la relación de confianza establecida en la investidura y derribar con un voto a la Comisión Europea que desempeña el papel de ejecutivo comunitario.

Es irónico que seamos, por cuarta vez, los grupos proeuropeos de la Cámara los que salvamos a la Comisión VDL, mientras el PPE ha disuelto por completo toda sombra de “cordón sanitario” para frenar y aislar al populismo reaccionario y eurófobo. Aliándose con él, antes bien, para inclinar la balanza en buena parte de las votaciones decisivas sostenidas hasta ahora, en un sentido regresivo respecto de la ambiciosa agenda legislativa de la anterior Legislatura 2019/2024: así, degradando el estándar de exigencia de sujeción al Derecho de la UE a los tecno-oligarcas protegidos por la Casa Blanca; rebajando las ambiciones de la Transición Verde Justa y la descarbonización; o endureciendo los retornos con la externalización de “centros” (Return Hubs) en países terceros sin garantía de respeto por los derechos humanos.

En segundo lugar, el Pleno de enero ha estado copado por debates centrados en la exigencia de respuesta —esperablemente, unida y firme— a la ofensiva desatada por la presidencia Trump contra lo que quede en pie de la legalidad internacional, con un lenguaje faltón contra cualesquiera líderes europeos que no le adulen como Rutte, infame y servil Secretario General de la OTAN, y con amenazas y chantajes explícitos para plegar a todo el mundo a sus caprichos y vanidades tan delirantes como cambiantes en apenas unas horas. 

La presencia en esos debates de la Alta Representante de la Política Exterior (Vicepresidenta de la Comisión VDL y jefa de Servicio Exterior y la Diplomacia de la UE), Kaja Kallas, corrobora hasta qué punto su nivel está a años luz, -por debajo, huelga aclarar- del que sentó José Borrell en la Legislatura previa.

Ante las presiones de Trump para "hacerse con Groenlandia por las buenas o por las malas", una mayoría del PE (alineada en este punto con la posición que dignamente ha mantenido el Presidente del Consejo, Antonio Costa), exige de la Comisión VDL la adopción de tres medidas: suspensión del humillante, por injusto y desigual, "acuerdo arancelario" impuesto por Trump a la UE en su campo de golf en Escocia; activación del Reglamento Anticoerción aprobado por el PE en 2023 (si no es ahora, ¿cuándo?), y activación de la cláusula de defensa mutua y colectiva del art.42.7 TUE (réplica del art.5 del Tratado de Washington, fundacional de la OTAN) para respaldar a Dinamarca, Estado miembro (EM) de la UE y de la OTAN. 

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lo ha dicho con claridad: cualquier intervención unilateral de EEUU en Groenlandia haría muy feliz a Putin —que se creería legitimado, mirándose en ese espejo, en su agresión a Ucrania— y representaría, nada menos, que la voladura (y destrucción) de la OTAN. Sólo cabe predecir que resultará lamentable cualquier maquinación del SG de la OTAN para complacer a Trump haciendo comulgar a Dinamarca con la rueda de molino de las presiones de Trump.

Pero, en tercer lugar, en el Pleno una intervención especial del Rey de España, Felipe VI, y del Presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para conmemorar, y celebrar, el 40 aniversario de la adhesión de las dos naciones ibéricas a las (entonces) Comunidades Europeas. 

Ambos EEMM han cambiado con su incorporación a la construcción europea fundada sobre el Derecho en una experiencia inédita de soberanías compartidas; pero han cambiado también a la propia UE en su experiencia de integración supranacional: la Política de Cohesión, los Fondos estructurales, la Política Regional y la Política Agrícola Común no serían lo que han sido —cruciales y definitorias de la razón de ser de Europa— sin la aportación de estos dos países, más hermanados que nunca. A lo largo de estas cuatro décadas, España y Portugal han sido firmes defensoras de la singularidad de sus territorios más alejados: las Regiones Ultraperiféricas (RUPs); Canarias (España) y Azores y Madeira (Portugal) sobre la base jurídica exclusiva y distintiva del art.349 TFUE.

La ovación, en pie, del PE a las alocuciones de ambos jefes de estado en la evocación de estos años y en su compartido y común compromiso de futuro debiera corresponderse con la determinación de la mayoría parlamentaria, y desde luego de los Gobiernos de los dos EEMM, España y Portugal, en la defensa y preservación del acervo de solidaridad europea. Así, cuestionado como nunca por la inaceptable propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028/2034, que apunta a disolver todas las referidas Políticas "tradicionales" en un "sobre nacional" a repartir por los Gobiernos de los 27 EEMM.

Queda un año por delante para esa negociación. Pero la apreciación, inequívocamente positiva, de lo que la UE ha supuesto para España y Portugal, y de cuánto han aportado ambos EEMM al fortalecimiento de la integración europea, ha de actuar como acicate para librar con confianza la batalla en que afrontemos. Una batalla copada de gran cantidad de retos de futuro, tal y como delinea este desafiante 2026, conmocionado por seísmos que apuntan a un desorden global. No es que la UE no pueda ser relevante ante ellos; pero, primero, ante todo, ha de quererlo de veras ¡con voluntad de ser! Y con la pertrecharse del rearme moral que esa voluntad requiere.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con premio extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, becario de la Fundación Príncipe de Asturias en EE.UU, Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University, Boston, Massasachussetts), y Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con premio extraordinario. Desde 1993 ocupa la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es, además, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999 y autor de una docena de libros. En 2000 fue elegido diputado por la provincia de Las Palmas y reelegido en 2004 y 2008 como cabeza de lista a la cámara baja de España. Desde 2004 a febrero 2007 fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2007 fue elegido Secretario general del PSC-PSOE, cargo que mantuvo hasta 2010. En el año 2009 encabezó la lista del PSOE para las elecciones europeas. Desde entonces hasta 2014 presidió la Delegación Socialista Española y ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. En 2010 fue nombrado vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE).

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