El 'Sálvame' de los políticos

"A veces, me siento avergonzado de decir que soy político". Pedro Aizpiazu, diputado del PNV, expresaba este miércoles en la comparecencia de Montoro en el Congreso una realidad terrible, porque no debe haber ahora mismo una profesión más desprestigiada que ser representante de una sociedad que abomina de ti. El ministro de Hacienda llegaba esta mañana "caliente", en palabras de su equipo, a dar explicaciones sobre el lavado de 10 millones de euros de los 22 que Bárcenas tenía en un banco suizo, y que según su abogado ha regularizado gracias a la amnistía fiscal. La comparecencia ha acabado convertida en un show al estilo Sálvame, solo que en lugar de Jorge Javier Vázquez y cía, eran sus señorías los que pataleaban y se lanzaban acusaciones cruzadas en una sala atestada. Eso sí, sólo durante media hora, el tiempo preciso para salir en el corte del telediario e irse, una vez cumplida su misión.

En otra sala parlamentaria, se había empezado a cocinar un rato antes el polémico proyecto de ley de Transparencia. Auténtico instrumento para demostrar a los descreidos ciudadanos que los políticos no tienen nada que ocultar, que son receptivos a las demandas de la gente y que tienen algo más que intención de acabar con la corrupción. "El secreto y la discreción eran antes la norma. A partir de hoy, la transparencia es el paradigma" declaraba a media mañana el diputado Esteban González Pons en esa comisión medio vacía. Palabras que sonaban huecas si escuchabas luego a Cristóbal Montoro, que en la primera parte de su intervención sobre la amnistía fiscal no ha mencionado ni una sola vez al extesorero del PP, volcado como estaba en acusar a Pedro Saura, diputado del PSOE, de "ruin e impertinente" por querer saber si había cobrado sobres con dinero B. ¿No era esa la pregunta que había ido a contestar? ¿Por qué entonces mostrarse tan indignado? Su ofendida actitud refuerza la teoría de que el Gobierno ha decidido basar su defensa en el ataque. Con ganas de bronca y sobrado, ha hecho una intervención corta, se ha permitido colocar los titulares a la prensa asegurando "que la regularización fiscal no limpia los delitos" y ha soltado un speech donde dejaba patente lo bobos que son unos cuantos diputados y lo poco rigurosos que son los periodistas. "Vemos todos los días campañas sucias, insidias e insinuaciones", ha dicho quejándose de la ignorancia que demuestran los que critican su amnistía fiscal. Y como si fuera una Scarlet O'Hara de la política, ha añadido: "El rigor volverá algún día".

Montoro se ha desinflado al quedarse solo tras ser jaleado por los suyos, y algunos en la sala hemos temido que hubiese que terminar haciéndole el boca a boca según perdía el color. Por fin, a las 14,23 minutos de la tarde, después de dos horas de comparecencia, el titular de Hacienda ha pronunciado el nombre del "señor Bárcenas" para confirmar que no estaba en la lista de los amnistiados y que en el supuesto de que lo hubiera hecho como sociedad no le servía para tapar sus delitos. Desconcertado por las críticas, el ministro clamaba: "¡Cuanto más dinero traes, más te acusan!" Y algo de razón tenía, si obviamos la injusticia que conlleva la amnistía, porque al final hay 40.000 millones de base imponible que al año que viene tendrán que tributar.

Mientras uno tras otro, los diputados de los distintos partidos exigían transparencia a Montoro, el proyecto de ley de Transparencia seguía su curso en el piso de abajo. Una norma, que tal y como se ha redactado, se queda muy corta a la vista de la situación de la clase política ya que en el artículo 6 del citado proyecto, no se incorpora a los partidos políticos ni a los sindicatos para que puedan ser investigados, puesto que en apariencia no son entidades públicas. Un punto que a Emilio Olabaría, del PNV, le parece que se debería incluir a raíz del caso Bárcenas: "Hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Partidos del 2002, en donde se establece que son organizaciones públicas o parapúblicas, puesto que representan casi en régimen de monopolio la representación de la opinión pública". En cuanto a los sindicatos, Olabarria defiende también que sean incluidos puesto que están en el ejercicio de tareas públicas, como la negociación de convenios colectivos "convenios que no afectan solo a los trabajadores de una empresa, sino a todo el sector y la aplicación de los convenios son fuente de derecho".

El mismo director de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Rodríguez, que había acudido a aportar su punto de vista, ha querido dejar claro: "La protección de datos no creo que sea un obstáculo para la transparencia. A veces se utiliza la protección de datos de manera indebida, y sin consultar a la Agencia, para denegar datos". Por si alguna de sus señorías tenía la tentación de usar también la protección de datos para poner trabas a la transparencia en la larga tramitación que le espera a una ley que tiene por delante 40 comparecencias pedidas.

Ojalá se concrete pronto lo que asegura Ayllón: "No hay nadie más interesado que nosotros en que esta ley nazca con la aportación de todos los grupos". Lo mismo en lo que Montoro incidía en el piso de arriba: "La transparencia protege a los políticos. ¿Cómo no la voy a querer?"