Ayuso recurrirá la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática

El Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso presentará un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional (AN) contra la decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado dicha declaración, culminando un expediente que la Comunidad de Madrid ya recurrió en febrero ante el Tribunal Constitucional (TC) por invasión de competencias.

La Real Casa de Correos, que albergó la Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista, ha protagonizado durante el pasado año un choque político y legal entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid, que por su parte promovió una ley que perseguía el "blindaje" del edificio y que el Gobierno, a su vez, también recurrió al TC.

Almeida: "No tiene sentido"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también está en contra de esta decisión. "eS una operación de carácter netamente político, que no tiene sentido desde el punto de vista histórico". Además, ha cargado directamente contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al lanzar que a él no le dan lecciones "los que reivindican la memoria de Largo Caballero" cuando "fue un golpista".

Desde la Casa de Campo, Almeida se ha remitido a "la Real Academia de la Historia, que dice que ese edificio tiene una historia mucho más rica, mucho más fecunda y mucho más significada que el hecho de que fuese sede de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura".

"Acotar la significación histórica como lugar de memoria democrática e identificar exclusivamente así es ignorar y desconocer lo que es la historia previa a ser Dirección General de Seguridad pero, sobre todo, lo que es la historia posterior al ser la sede del Gobierno de todos los madrileños", ha argumentado.

El alcalde es partidario de "poner el acento en aquello que une" porque la declaración del lugar de memoria democrática genera, en su opinión, enfrentamiento y no reconciliación, cuando "esa sede tendría que ser un lugar de reconciliación".

El regidor tiene claro que es "una operación política por parte del Gobierno de España, que sigue abundando en la tesis del enfrentamiento".

Preguntado sobre si sería más favorable a la instalación de una placa que recordara a las víctimas de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura, Martínez-Almeida ha contestado que, con respecto a la Guerra Civil, a él no le dan lecciones "los que reivindican la memoria de Largo Caballero" cuando "fue un golpista y un antidemócrata".

"Francisco Largo Caballero propugnó el uso de la violencia, propugnó acabar con la democracia en España. Dijo que si las derechas iban al poder, iban a tomar el poder ellos desde las armas y desde la revolución. Pretender que vamos a aceptar lecciones de memoria histórica de aquellos que estos días han reivindicado la memoria de una persona como Francisco Largo Caballero, que no tenía valores democráticos algunos sino que hizo apología de la revolución, pegó un golpe de Estado en octubre de 1934 y no mostró arrepentimiento en ningún momento por los crímenes que se cometieron en la zona republicana mientras él era presidente del Gobierno... a mí el PSOE no me da ninguna lección en memoria", ha continuado.

El alcalde ha invitado al PSOE a "aprender la lección de reconciliación que supuso la Transición y no tratar de reventarla ni el modelo constitucional de convivencia de estos momentos".

Cronología de un enfrentamiento

El contencioso entre la Comunidad y el Gobierno por esta cuestión se remonta al 16 de octubre de 2024, cuando la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática inició formalmente el expediente.

En diciembre de 2024, la Comunidad de Madrid exigió al Gobierno central anular la resolución y parar el expediente, dando así el primer paso para plantear un conflicto de competencia al TC. Esa vía judicial derivó en la formalización de un recurso ante el Alto Tribunal en febrero de este año.

En paralelo, la Asamblea regional aprobó en diciembre, dentro de la Ley para la mejora de la gestión pública, varias enmiendas del PP para que la Comunidad pueda ordenar el cese de todas la actuaciones que perjudiquen la imagen institucional y el uso actual de la Real Casa de Correos, incluyendo "la instalación de ninguna placa o distintivo" y "la celebración de eventos".

En marzo de 2025, el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los preceptos de esa ley autonómica que obstaculizan la declaración del edificio como Lugar de Memoria Democrática.

Un mes después, el Constitucional suspendió cautelarmente la ley madrileña, pero la suspensión fue levantada en julio. Así, el tribunal tiene pendiente resolver tanto el recurso de la Administración central como el de la autonómica.

La declaración de la "extinta Dirección General de Seguridad franquista que tuvo sede en la Real Casa de Correos" como Lugar de Memoria Democrática fue acordada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática el 20 de octubre y se ha publicado en el BOE este miércoles, 22 de octubre de 2025