Cerdán pide al juez que le deje en libertad como a Ábalos y Koldo: ¿por qué el juez se lo deniega?

Santos Cerdán lleva ya 107 días en prisión. El que fuera secretario de organización del PSOE ingresó en la cárcel madrileña de Soto del Real el pasado 30 de junio después de ver la luz un informe de la UCO que le señalaba como el presunto "gestor" de las mordidas de la denominada 'trama Koldo'.

Durante estos últimos tres meses, su defensa ha perdido de forma reiterada al Supremo su excarcelación. Sobre todo, al considerar que se está produciendo un desagravio con respecto a la situación de libertad que mantienen por el momento José Luis Ábalos y Koldo García, las otras dos figuras principales del caso. 

Este viernes, Cerdán ha vuelto a pedir al juez Leopoldo Puente que ponga fin a su situación de prisión preventiva porque, si el magistrado no ha contemplado riesgo de destrucción de pruebas en Ábalos o Koldo García, "es difícil entender" qué acciones de "destrucción" de pruebas ha podido hacer "en carácter exclusivo". "No existe argumento constitucional que permita prolongar ni un día más la situación de prisión del señor Santos Cerdán", inciden sus abogados.

Esta semana, tanto Ábalos como Koldo García han comparecido en el Supremo para dar explicaciones por un último informe de la UCO sobre unos gastos sin justificar del exministro que implicarían también directamente a Koldo por ser el "gestor y custodio" de ese dinero en metálico sin respaldo en los ingresos regulares de Ábalos. 

Ambos dieron la callada por respuesta al juez pese al temor de que pudieran entrar en la cárcel ese mismo día. De hecho, Koldo no dudó en llevar al Supremo una mochila con enseres personales por si se le decretaba prisión provisional. Tanto la Fiscalía como el juez consideraron, sin embargo, que no era necesario y les mantuvieron las medidas cautelares ya vigentes: la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.

¿Por qué no ocurre lo mismo con Cerdán? Los requisitos, establecidos en el artículo 503 de la LECrim, que deben concurrir para decretar la prisión provisional son los siguientes:

a) Que los delitos sancionados tengan penas cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con una pena inferior si no tuviera antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de delito doloso.

b) Debe haber indicios suficientes para creer que la persona contra la que se dicta la orden es responsable del delito.

c) Que la medida provisional asegure la presencia del investigado y evite el riesgo de fuga, se anule el riesgo de ocultación, alteración o destrucción de pruebas y por protección de la víctima ante el riesgo de atentado contra sus bienes jurídicos.

En el caso de Cerdán, el juez instructor sí considera que hay “un riesgo cierto” de que, si sale en libertad, el exdirigente socialista oculte, destruya o altere pruebas relevantes. "Solo la persona que, según parece resultar, se encargaba de realizar las gestiones oportunas con los pagadores (los empresarios involucrados) estaría en la mejor disposición para conocer también este último extremo, en el caso de que así hubiera tenido lugar, y correlativamente de ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto, así como acerca del modo en que se articulaban los ilícitos pagos", señaló Puente en el auto en el que decretaba prisión para Cerdán el pasado 30 de junio. 

En cambio, respecto a Ábalos y Koldo García, el instructor entiende que la investigación ya está suficientemente avanzada y que no existe peligro actual de destrucción de pruebas, aunque sí un riesgo de fuga "creciente". Sin embargo, ese riesgo no lo ven de la “intensidad” necesaria como para acordar una medida tan restrictiva como es la privación de libertad.