El Constitucional mantiene inhabilitados a Junqueras, Turull, Romeva y Bassa

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este martes las peticiones del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa de que se suspendan de forma cautelar las penas de inhabilitación a las que han sido condenados.

El tribunal de garantías tiene pendiente resolver los recursos contra la decisión del Supremo de no amnistiar el delito de malversación por el que los cuatro fueron condenados, algo que los líderes independentistas creen que vulnera sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, a la legalidad penal y a la participación política.

Este martes, según informa el tribunal en un comunicado, el pleno del TC ha resuelto estas cuestiones en tres autos con tres ponentes distintos -el presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados José María Macías y César Tolosa- tras retrasar el debate previsto para la anterior reunión para unificar el criterio.

La clave de la decisión: el trámite de los recursos de amparo

Y ese criterio es que no se suspenderán las inhabilitaciones mientras se resuelven los recursos de amparo presentados por los cuatro dirigentes condenados por el Supremo por el juicio del procés al entender que no se deriva de esa medida "un perjuicio irreparable que pudiera hacer perder al amparo su finalidad".

El pleno también tiene en cuenta que Junqueras y Bassa cumplen 13 años de inhabilitación, hasta 2031, y Romeva y Turull 12 años, hasta 2030 y "el plazo previsible en el que se resolverán los amparos, manifiestamente inferior". Asimismo, el Constitucional considera imposible adoptar en esta fase del procedimiento constitucional "un juicio anticipatorio" sobre si los recurrentes tienen razón en su recurso.

El tribunal de garantías tiene pendiente resolver los recursos contra la decisión del Supremo de no amnistiar el delito de malversación por el que Junqueras, Romeva, Turull y Bassa fueron condenados al concluir que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el 'procés' y que los gastos del 1-O habían causado un perjuicio a las finanzas europeas.