El Sindicato de Inquilinas arranca un compromiso al Gobierno tras encerrarse en la Seguridad Social: "Hemos ganado, no habrá más subastas de vivienda pública"

Después de cuatro horas encerrados en la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), los miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid han logrado que tanto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como el Ministerio de Vivienda "se comprometan a suspender las subastas de vivienda pública y a iniciar un proceso para que las 800 viviendas [de su propiedad] pasen a ser gestionadas por Casa 47", la estructura que sustenta el sistema público de vivienda.

Según el Sindicato de Inquilinas, el pasado mes de marzo mantuvieron una reunión con Leire Iglesias, presidenta de Casa 47, en la que les trasladó ya el compromiso de que no habría más subastas de viviendas de la Seguridad Social. No obstante, la organización comprobó estos días que no se habían paralizado. Ahora, y después de que el encierro haya provocado que los Departamentos dirigidos por Elma Saiz e Isabel Rodríguez hayan informado públicamente que "no habrá ninguna nueva subasta ni venta de las viviendas", el Sindicato cree que no podrán incumplir su promesa.

Ya fuera de la sede de la Seguridad Social, Alicia del Río, portavoz del Sindicato, ha reconocido estar "muy contentas" porque ha sido "gracias a la desobediencia civil" que se ha logrado "esta victoria". "Las inquilinas de las viviendas de la Seguridad Social han estado dos años resistiendo con no renovaciones de contrato, desahucios invisibles, órdenes de desahucio... Y hoy hemos conseguido paralizar esta barbarie", ha señalado para denunciar que "las casas de todos se vendían en subastas para acabar en manos de fondos buitre mientras el Gobierno iba diciendo que había que construir más vivienda social". "Seguiremos desobedeciendo hasta que las casas sean para vivir", ha dicho.

Años de lucha

La problemática con las viviendas públicas de la TGSS viene de lejos. Los pisos pasaron a manos de la Seguridad Social después de haber estado gestionados por la Sociedad Pública del Alquiler creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2012. Tras disolverse el organismo, los contratos de alquiler finalizaron en 2017 y la TGSS no requirió su uso, por lo que estos pasaron a situación de tácita reconducción, es decir, se generaron nuevos acuerdos de arrendamiento con las mismas condiciones, pero cuya duración podría finalizar cuando el arrendador (el Gobierno) reclamase las viviendas.

En 2025, el Sindicato de Inquilinas reveló que la TGSS había notificado a 28 familias de diferentes barrios madrileños y de manera "inesperada" que no les renovaría los contratos. Se les ofreció la posibilidad "la compra de sus viviendas", pero "tasadas por encima del valor catastral, [...] algunas en un millón de euros". Estas familias se organizaron entonces para denunciar lo que consideran "desahucios invisibles".

Cuando el Gobierno aprobó la prórroga de los contratos del alquiler, que luego tumbarían PP, Vox y Junts, desde el Ministerio que dirige Elma Saiz, también portavoz del Ejecutivo, explicaron que no podían aplicarla en las viviendas de la Seguridad Social porque no están reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino por el Código Civil al encontrarse en tácita reconducción. Es la respuesta que ofreció a los inquilinos la Subdirección General de Gestión de Patrimonio de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social y Pensiones en un documento al que tuvo acceso El HuffPost.